¿Quiénes son ellos? ¿Por qué hablar de ellos? mexicanos estudiantes, trabajadores, padres, madres, hermanos, seres humanos con el derecho a la vida a la memoria y a la justicia. Olvidarnos u omitir exhibir los actos de desaparición forzada es convertirnos en cómplices del duopolio de la violencia Estado-crimen organizado.
Es también oficio del periodista asumir sus ausencias y trabajar por su presencia inmediata con vida, desde la denuncia social, dando acompañamiento a todas aquellas familias que se han asumido como peritos, investigadores, antropólogos y científicos, que sin saber en qué consisten dichas actividades, las realizan en la búsqueda de la familia que les fue arrebatada y que para la problemática el gobierno siempre ha respondido con negación y ocultamiento de toda información, bajo la idea de invisibilizar, invalidar y no esclarecer las desapariciones forzadas.
Que han sido desde hace varias décadas una de las principales estrategias del Estado -comandado por la derecha-, para sembrar terror, incertidumbre, inmovilización, y parálisis social, cuyo objetivo es enmudecer la exigencia de derechos, despojar de las tierras para construir megaproyectos, o vender territorio; en tanto el crimen organizado busca vía libre para conformar y afianzar su ruta del trasiego de drogas.
En esta unión inédita de familiares de distintos estados de la República que se han constituido en una brigada para ayudar a otros a rastrear y cavar fosas clandestinas, se estará desenterrando dolor, miedo, inocencia e injusticia, soterrado en gran parte por el gobierno.
Las acciones que hoy realiza el conjunto de familias de distintos estados, en Veracruz, es una lacerante prueba, que reafirma la existencia de un Estado cómplice, que al mismo tiempo está siendo combatido por una parte de la sociedad que al encontrar huesos, no solamente está salvando familias, está evidenciando a nivel mundial el cementerio en el que se convirtió el país, desde 2006, donde la urgencia de un mandatario espurio, por legitimarse, valió miles de víctimas, que año con año aumentan, con otro ejecutivo federal carente, también, de legalidad.
Aunque en una democracia las desapariciones forzadas no existirían en cifras alarmantes como las mexicanas, sin embargo de suceder la acción inmediata debería ser la creación de una comisión de Investigación, encargada de la recepción de quejas, acompañamiento a familiares de víctimas, peritos y seguridad, todo un equipo que realizara las acciones que hoy la sociedad se ve obligada a practicar ante la desesperación y el dolor.
Así de manera imparcial se podría revelar los 10 años de encubrimientos, y se enviaría un claro mensaje: México desea reparar el daño provocado a los derechos humanos durante los años de PRIANISMO, y dejar de fortalecer la cruenta cacería de inocentes en una falsa ‘guerra contra el narcotráfico’.
Sin embargo, mientras los procedimientos errados de ambos sexenios se mantengan ocultos y dichas prácticas no señalen a los responsables -aún conociéndolos- la búsqueda de las familias prevalecerá, la indignación de organismos civiles hacia la deshumanización del gobierno se mantendrá, y sin lugar a dudas la muerte violenta, la desaparición forzada, las fosas clandestinas y los cuerpos dentro de éstas serán cada vez más.
Ante un gobierno insensible y carente de humanismo, provoca incertidumbre la lejanía del “merecido castigo” impartido por justicia selectiva, nos olvidemos que la sociedad cava, porque el gobierno no solamente encubre a quien entierra, también éste lo hace.
Por tanto, mientras se lucha por desenterrar la verdad y la justicia, se debe mantener viva la memoria hasta que la verdad esté presente entre nosotros.
