(14 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Tras la muerte de su compañero Gustavo Salgado Delgado en febrero de 2015, Susana Díaz Pineda, integrante del Centro “Digna Ochoa” de Morelos, exigió justicia y cárcel no sólo para los responsables materiales, sino también para los autores intelectuales del crimen; ello le trajo amenazas, espionaje e intimidación. No ha sido fácil, pero a la fecha no han logrado acallarla, pese a que las agresiones van en aumento, y podrían venir desde funcionarios públicos, acusó.
El pasado febrero de 2016, alguien entró a la casa donde conviven ella y otras de sus compañeras. No robaron nada. Sólo desmantelaron un domo. El inmueble, que se encuentra en el centro de Cuernavaca, está rodeado de oficinas de gobierno y de impartición de justicia; es decir, custodiado hasta los dientes. Pese a ello, una o varias personas lograron burlar la seguridad del perímetro.
¿Fue un mensaje? ¿A caso un intento de robo? Susana dice no saberlo de cierto, pero no duda que detrás de ese intromisión haya existido todo un plan, pues quien ingresó a la casa sabía a la perfección los horarios y la actividad de las personas que ahí vivían.
“Quien entró es un profesional. Lo hicieron en el día, justo cuando teníamos una actividad toda la mañana y toda la tarde. Nadie de alrededor se dio cuenta, nadie vio ni supo nada. La Policía Investigadora vino pero jamás mandaron peritos. Y bueno, ahí se quedó. Ahora vemos que conforme se acerca la fecha de la audiencia de los cuatro detenidos, donde se leerán los cargos y se determinará si salen libres o quedan en prisión, la presión sigue siendo más fuerte. Esta semana la vecina me informó que vio a hombres vestidos de negro que señalaban la casa”, contó Susana a Revolución TRESPUNTOCERO.
Desde 2015 la activista y sus compañeros han exigido verdad y justicia para Gustavo. Además de pedir a las autoridades que la familia del joven tenga acceso al expediente. También pidieron que no sólo se procediera en contra de las cuatro personas detenidas por el crimen, que forman parte de una banda llamada los “Marcelinos” o los “Victorinos”; si no que se busque a los autores intelectuales del asesinato de Salgado Delgado, dirigente local del Frente Popular Revolucionario, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en febrero de 2015 en Ayala, Morelos.
Como Susana, más mujeres en Morelos están alzando la voz y estan reclamando sus libertades, garantías y resultados contundentes en la defensa de los derechos humanos y seguridad; sin embargo, la respuesta de la administración que encabeza Graco Ramírez Garrido ha sido acoso, persecución y agresiones. Por otra parte, el Gobierno federal no ha sido capaz de brindar mecanismos de protección eficaces y con una perspectiva de género.
“La violencia muchas veces comienza cuando el gobierno y la sociedad no reconocen nuestro papel de defensoras invisibilizando nuestro quehacer, cuando las mujeres han asumido un papel protagónico como defensoras de derechos humanos. Esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad e incrementa los riesgos a los que nos enfrentamos”, dice un informe reciente emitido por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
“El estado ha intentado señalar que las agresiones vienen de parte de grupos criminales, que son personas en lo individual, que son incluso actividades en donde no debieran participar las mujeres y que derivado de eso vienen agresiones, secuestros o feminicidios. Pero para nosotros es claro, y lo decimos por los datos que tenemos y por las encuentras que aplicamos, que la responsabilidad principalmente viene de funcionarios contra las mujeres”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO, José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM.
Martínez aseguró que en Morelos existe un incremento de agresiones contra las periodistas. “En este gremio hay un gran número de ataques, intimidaciones, persecución, amenazas, hostigamiento, y se da en varios lugares del estado. En Cuernavaca, por ejemplo, son agresiones por parte de personal de diputados. En la región sur, es un número muy importante de mujeres periodistas que cubren una zona muy delicada, como los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla; en el poniente está Zacatepec. Hablamos de localidades donde existe una relación entre funcionarios de gobierno con grupos criminales”, refirió el activista.
Susana Díaz comentó que en efecto hay más mujeres tomando parte activa en búsqueda de sus derechos, “es cierto que han hay casos donde son cooptadas por el estado, y eso provoca que sean menos las voces discordantes que se atreven a decir que el Gobernador Graco Ramírez no está haciendo nada”, comentó.
Marco Aurelio Palma Apodaca, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos aseguró que a esto se suma una campaña de desprestigio contra toda mujer que denuncia algún hecho, lo cual provoca violencia psicológica. “El gobierno está minimizando los hechos. Incluso usan Internet para campañas de desprestigio”, aseveró Palma.
El informe “Defensoras somos todas”, cuya investigación fue a nivel nacional, refiere que entre el periodo de 1974 a 2015, los años donde hubo más violencia a las mujeres activistas fueron: 2014, con un incremento del 16.3 por ciento; 2015 con 11.6 por ciento; y 2010 y 2013 como 9.3 por ciento.
“La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61 por ciento respondió afirmativamente, mientras que el 39 por ciento dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44 por ciento, por hostigamiento el 35 por ciento, por difamación el 29por ciento, y amenazas otro 29 por ciento”, se destaca en el informe.
El 21 por ciento de defensoras encuestadas dijo haber sido víctima de violencia física, el 21.2 por ciento sufrió violencia emocional, y el 5.8 por ciento aseguró haber sido agredida sexualmente. El informe de la CIDHM ayudó a construir el proyecto de Protocolo en el Mecanismo de Protección a Periodistas del Estado de Morelos, el cual fue presentado el pasado 6 de abril. Partiendo de eso se alista una propuesta de protocolo para defensoras y periodistas, donde cada autoridad asuma su responsabilidad. Pues los mecanismos de protección siguen siendo ineficaces.
“Esperamos que se pueda avanzar en definir la responsabilidad de cada autoridad, de tal modo que después la Fiscalía no cumplió, la seguridad pública dice que tal acto es responsabilidad del municipio, entre otras excusas. Aquí debe existir responsabilidad compartida pero además con definición muy clara de tareas a cumplir”, explicó José Martínez Cruz.
“Consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor. Por eso es que hemos elaborado una propuesta de partiendo de la experiencia que hemos tenido en el Mecanismo de protección a Periodistas en el Estado de Morelos.”, destacó la organización.
