(17 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- La red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) -una red mundial de 104 organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión- emitió una misiva dirigida a Enrique Peña Nieto “con el fin de solicitar su atención sobre la campaña de difamación en curso contra los organismos y entidades que participan en la protección y promoción de los derechos humanos en México, así como su condena de la misma”.
La red acusa que, desde principios de este año, se ha llevado a cabo una campaña para silenciar “a muchos de los que abogan a favor de las víctimas de secuestro, tortura y asesinato en México”, pues “se han lanzado acusaciones sin fundamento de corrupción, fraude, asociaciones ilícitas y violación ética en su trabajo contra una amplia gama de individuos, incluyendo un número de personas que trabajan para el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial de la ONU sobre la tortura, y numerosos representantes de la sociedad civil”.
La organización mundial señala que “tolerar un clima de acoso coordinado contra los que hablan a favor de las víctimas de la violencia apoya una cultura de silencio e impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. El efecto inhibidor sobre el discurso de este acoso, amenaza con disuadir a las víctimas de contar su experiencia, además de desalentar a otros a defenderlas”.
IFEX sostiene que el gobierno federal tiene la responsabilidad fundamental no sólo de proteger los derechos de los ciudadanos marginados y de las víctimas, sino también apoyar activamente el trabajo de sus defensores “esta responsabilidad fue claramente reconocida anteriormente en su Presidencia al adoptar la Ley General de Víctimas, pero en los últimos años parece haberse perdido esa claridad”, recuerda.
A pesar de reconocer que el retiro de los cargos de fraude contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CEDH, “es un paso positivo”, afirma que “no es suficiente que el gobierno simplemente no se una a la campaña de difamación”.
Citando a Omar Rábago Vital, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Presidente de la Junta Directiva de IFEX, la misiva recuerda que “el gobierno mexicano debe demostrar de manera positiva y explícita su apoyo a la labor de los que luchan por los derechos de las víctimas, con acciones fuertes para evitar este tipo de acoso” además “los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en las democracias y en la búsqueda de la justicia y ellos mismos deben ser defendidos”.
“Rogamos que reconozca su compromiso con las víctimas reafirmando que su gobierno cree en la importancia de la defensa de los derechos humanos, y tiene confianza en las organizaciones que abogan todos los días para los mismos”, concluye la carta.
Aunado a estas exigencias, el mes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó a las autoridades nacionales sobre dichos riesgos, Incluso, se difundió la Recomendación General 25, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos y se puntualizó que del 2009 a la fecha se han registrado tres desapariciones de defensores, mientras que tiene conocimiento de 29 homicidios desde el 2006.
Asimismo, se reconoció un importante repunte en la constancia de los expedientes en el periodo del 2011 al 2015; de los 380 expedientes iniciados desde el 2006 por agresiones a defensores, el 70% de ellos ocurrió en ese periodo de tiempo de acuerdo con el Programa de Agravios.
En consonancia, y como muestra del riesgo al que los defensores de derechos humanos están expuestos en el país, se encuentra el caso de Chihuahua donde, como lo ha informado RevoluciónTRESPUNTOCERO más de 20 organizaciones que trabajan en esta entidad del norte del país exigieron al gobierno federal activar una alerta temprana.
En marzo pasado, a través de un documento dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, las organizaciones detallaron que desde hace varios años las agresiones han sido un fenómeno latente en la entidad. Recordaron que tan sólo del 2009 al 2016 se han documentado 19 asesinatos de defensores en el estado. Los defensores de derechos humanos están constantemente expuestos a persecución, agresiones, acoso y hostigamiento, lo que ha posicionado al Estado como uno de los más agresivos para defensores.
