(19 de abril, 2016).- Las disculpas públicas realizadas por Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, son insuficientes, es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto dictamine que las fuerzas armadas no realicen más funciones de seguridad pública y que las autoridades militares reconozcan la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus elementos, declaró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional AI México (AI).
Las disculpas de Cienfuegos deberían ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata por parte del Estado mexicano por cada una de las violaciones a los derechos humanos realizadas por los elementos militares.
Por su parte las organizaciones sociales rechazaron que los militares responsables de la tortura contra Elvira Santibáñez estén en un proceso penal ante un juez militar y no ante uno civil, ya que con base a la legislación nacional los actos de tortura son competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y los responsables deben ser procesados por jueces civiles.
Entre las organizaciones que hacen dicha demanda se encuentran los centros de Derechos Humanos Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación para el Debido Proceso Legal; Fundar; Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y la Red TDT.
El caso de Elvira Santibáñez, mujer de 22 años de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero quien fue torturada el año pasado por elementos del Ejército y de la Policía Federal (PF) es uno más que explica la institucionalidad de la tortura en México, por lo que se debe modificar el marco normativo para que se prevenga, no se minimice, investigue, castigue, repare cualquier acto de tortura conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, detallan las organizaciones mediante un comunicado.
En el oficio exige a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) que verifique la situación legal y el daño psicológico de Elvira, quien actualmente está presa en el penal federal de Nayarit.
Además se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a intervenir en el caso y abrir una queja por violaciones graves a los derechos humanos, y profundizar quiénes son los mandos superiores que ordenan estas conductas.
