(26 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Vecinos de la delegación Iztacalco y locatarios del mercado Río Frío, ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, alertaron sobre la posibilidad de que elementos del Cuerpo de Granaderos, en coordinación con autoridades delegacionales, regresen -de madrugada y con máquinas- en los próximos días a terminar de destruir los locales de los comerciantes que fueron desalojados este fin de semana, bajo el argumento de que en una parte del mercado comenzarán obras para construir un pozo y una planta potabilizadora.
Uno de los locatarios –quien prefirió omitir su nombre- declaró que es indignante el trato dado a los comerciantes y el despojo del que son objeto, pues tienen en el mercado su única fuente de trabajo, misma que han defendido a costa de ser agredidos, incuso físicamente, por los uniformados y por funcionarios delegacionales a quienes acusaron de abuso de poder.
Los afectados denunciaron que la administración delegacional, encabezada por el perredista Carlos Estrada, no ha abierto el diálogo ni les ha informado sobre la puesta en marcha de las supuestas obras, por lo que exigen, conforme a derecho, ser notificados formalmente a través de una resolución jurídica.
“Si lo están haciendo legalmente, ¿por qué no se le informa a los medios de comunicación?, queda más que claro que todo lo están llevando a cabo con regularidades; por tal motivo nosotros nos hemos visto la necesidad de pedir el apoyo de otras organizaciones, de otros medios de comunicación, porque realmente está siendo pisoteada nuestra dignidad como comerciantes y como ciudadanos”, agregó el comerciante.
Subrayó que aunque la otra parte involucrada pertenezca al gobierno local, nadie está por encima de la ley, por lo que no se les puede permitir que lleven a cabo este tipo de arbitrariedades en contra de la ciudadanía y en particular de los comerciantes que tienen más de 40 años instalados en el predio, por lo que solicitó la intervención de otras instancias gubernamentales.
“Desgraciadamente, llevar a cabo la construcción de ese pozo no beneficia la cuchilla Ramos Millán; beneficia a otras colonias como la Agrícola Oriental, que es donde van a suministrar esa agua, a esas unidades habitacionales porque desde la administración pasada con Elizabeth Mateos, hay una construcción de edificios desmedida en toda la delegación Iztacalco en específico, en esa colonia”, explicó el locatario.
Amenazas y agresiones…
Una vecina de la colonia denunció que durante el desalojo de los comerciantes realizado la madrugada del sábado, ni los policías ni los granaderos privilegiaron su seguridad ni la del resto de la población de la zona; además, les tomaron fotografías y los amenazaron diciéndoles que había “órdenes directas” de detener a ciertas personas.
“Queremos hacer responsable a Carlos Estrada Meraz de cualquier cosa que pueda sucederle a alguno de nosotros, pero también tiene responsabilidad quien mandó dos camionetas a observar cuánta gente había, quiénes estábamos, si éramos hombres o mujeres: la diputada Elizabeth Mateos Hernández. También queremos hacer responsable de esta acción al jefe de gobierno, porque quienes entraron como responsables de la comitiva de agresión, que iban vestidos de negro y con cascos pequeños, fueron los que entraron golpeando; venían drogados porque olían a mariguana y dijeron que eran órdenes directas del jefe de gobierno el entrar a golpear a cualquiera que se les acercara”, detalló la vecina del lugar.
La ciudadana agregó que hubo gente que salió de sus domicilios para tratar de ayudar a los comerciantes mientras eran desalojados, pero fueron agredidos, los metieron a golpes a sus propios domicilios y les impidieron salir, por lo que exigió que se instale una mesa de diálogo con Miguel Ángel Mancera.
Señaló al titular de la Director General Jurídico, de Gobierno y Protección Civil de Iztacalco, Aurelio Alfredo Reyes García, como “el señor que entró en un tono prepotente, hubo gente que lo escuchó diciendo: ‘entren con todo; rómpanles su madre, pobres jodidos’”.
La señora subrayó que los vecinos no están en contra de la construcción del pozo, pero sí de la forma en que las autoridades delegacionales están tratando de imponer la ubicación del mismo y sobre todo, del desalojo de más de 515 familias de comerciantes, la mayoría de ellos adultos mayores, a quienes les fueron violados sus derechos humanos.
“Le pedimos al jefe de gobierno que instale una mesa de diálogo. Es su obligación, señor jefe de gobierno, dar la cara a estos humildes ciudadanos que solamente exigimos la garantía de un empleo, porque la oportunidad se la dimos nosotros, el pueblo, de llegar a cargos de ese tipo y ustedes no nos dan la oportunidad, al pueblo, de trabajar dignamente”, explicó.
Una vecina más de la zona exigió al jefe de gobierno destituir al delegado de Iztacalco, la suspensión de Reyes García y realizar una investigación a fondo de los hechos ocurridos la madrugada del sábado.
