(27 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante una reunión de trabajo entre los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y senadores de diversos grupos parlamentarios, Carlos Martín Beristain, uno de los expertos, advirtió a los legisladores que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso que “va a seguir abierto durante mucho tiempo y va a perseguir a México durante mucho tiempo”.
Además, subrayó que en términos legales -que es lo que le corresponde al Congreso de la Unión- el marco legislativo respecto a la atención a las víctimas, es una muestra de que “a veces las leyes no están hechas pensando en la gente y a veces, generan marcos en los cuáles se vuelve a revictimizar a la víctima”.
Beristain recordó que; por ejemplo, para tomar una muestra de ADN del cuerpo de Julio César Mondragón, que ya había sido exhumado y que estaba en servicios periciales, se tardaron tres meses y se tuvieron que realizar más de 40 gestiones legales que dieron como resultado la intervención de 51 personas y gestiones en nueve localidades, proceso al que se tuvo que enfrentar la familia del normalista asesinado y desollado.
“Desde el punto de vista legal, es de las cosas que hay que pensar para ver cómo todos los procedimientos legales se flexibilizan o se adaptan a la experiencia de las víctimas, para que el marco legal, que debe ser algo que responda al impacto de todas esas violaciones, genere condiciones de restitución o reparación a las víctimas y los problemas de la burocracia o de los aspectos legales estrictamente, no se conviertan en un nuevo problema para los familiares, como en este caso se muestra”, criticó el experto.
Subrayó que a pesar de que varios cuerpos de seguridad, incluida la Policía Federal fueron instruidos por la Procuraduría General de la República (PGR) desde las 10:30 de la noche a investigar, hubo ausencia de esta obligación; es decir, no acataron las órdenes.
A propósito de la discusión en el Senado de la República de la Ley contra la tortura, Beristain sugirió tomar en cuenta, por lo menos, las garantías médicas de la detención y el uso de los informes médicos en la documentación de los casos y pidió no estigmatizar a las víctimas, como se ha hecho desde el principio en este caso, a través de declaraciones públicas en contra de los normalistas y sus familiares tratando de justificar la agresión o con “un impacto añadido”.
Efectividad y derechos humanos…
En su intervención, Francisco Cox Vial, otro integrante del GIEI, declaro que el análisis del caso Ayotzinapa, apunta a que el sistema procesal penal mexicano debería ser más eficiente y al mismo tiempo, respetuoso de los derechos del imputado.
Advirtió que la aplicación del sistema inquisitivo en el proceso penal de nuestro país –que deberá ser reemplazado en los próximos meses por el sistema acusatorio- contribuye a la dificultad para manejar la información que se va acumulando y si a eso se suma el “excesivo formalismo que hemos observado”, que duplica o triplica documentación, se acumula al expediente y por lo tanto, se integran expedientes de miles de hojas, lo que los hace poco manejables.
“Creemos que el paso a un sistema acusatorio es una muy buena señal y una muy buena decisión (sobre todo por) algunas de las deficiencias que observamos; lo que sí nos ha llamado la atención, es que los delitos de delincuencia organizada se mantengan en el sistema antiguo y lo que se crea básicamente es un Estado de excepción permanente respecto de ese tipo de delincuencia y ese tipo de delito”, advirtió el experto.
El GIEI recomendó que el área de servicios periciales no siga dependiendo de la PGR, sino que sea un órgano independiente que pueda confirmar o refutar la teoría del caso, pues si es parte de alguna dependencia –como una fiscalía o la misma Procuraduría- se crean incentivos institucionales para avalar la teoría del caso y la versión oficial.
En tanto, Claudia Paz y Paz, fue contundente al señalar que algunos de los obstáculos que observaron durante la investigación del caso Ayotzinapa, pueden traducirse en obstáculos del sistema de justicia mexicano, pues si este tiene como criterio la imputación para imponer una pena, no se puede basar casi exclusivamente en la confesión de los imputados.
“Es un mecanismo perverso cuando la jurisprudencia le da un valor tan importante a las declaraciones de los imputados, prácticamente plena prueba; si un imputado confiesa su crimen y un coimputado dice que efectivamente participaron juntos en él, tenemos plena prueba; es decir, los ministerios públicos no necesitan presentar ninguna otra evidencia para convencer. Si a eso le sumamos el régimen de excepción que mencionaba Francisco, donde el Ministerio Público tiene poder sobre la libertad e integridad de una persona durante casi 80 días, la posibilidad de que para obtener esa confesión se realicen apremios o torturas, necesariamente aumenta”, explicó Paz.
La experta sugirió a los senadores que al aprobar la Ley contra la tortura, incluyan sanciones contra este tipo de actos y de ser necesario, cambien la valoración que se le da en el sistema de justicia penal mexicano a las declaraciones de los imputados.
“Un sistema penal efectivo no riñe con los derechos humanos; o sea, no tenemos que sacrificar la efectividad por proteger los derechos humanos ni tenemos que proteger los derechos humanos sacrificando la efectividad”, dijo Paz.
Las víctimas, desprotegidas
La experta Ángela Buitrago, recordó que aunque dentro del sistema internacional existe un criterio de protección reforzado en beneficio de la víctima, en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, estas han sido olvidadas, por lo que el Estado mexicano tiene por obligación recuperarla, restablecer sus derechos, hacerla parte del proceso y en particular, generar una verdad frente a la investigación.
“La víctima tiene, en este momento, dos problemas muy graves en la investigación: es una víctima que padece de un fenómeno de incertidumbre frente a la inexistencia de verdad en la investigación; lo que hace también que tenga un doble sufrimiento además de la pérdida efectiva en la desaparición de sus hijos”, detalló Buitrago a quien, por cierto, elementos de resguardo del Senado de la República le impidieron el paso a su llegada, bajo el argumento que tenía que estar inscrita en una lista que tampoco mostraron.
Tras una llamada a otro de los integrantes del GIEI se le permitió la entrada al Senado.
La experta pidió, ante la inminente salida del Grupo de Expertos de territorio mexicano, que grupos sociales, políticos o judiciales, acompañen a las víctimas para que se les garanticen sus derechos pues subrayó que esta “no es una dádiva del Estado”.
Alejandro Valencia Villas, también integrante del GIEI, declaró que la ausencia de los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado y esporádico en materia de desaparición forzada y recordó que se reconoce que hay alrededor de 27 mil desaparecidos en nuestro país lo que “desafortunadamente parece ser una violación de derechos humanos en alza”.
Sugirió que en la discusión de la Ley sobre desaparición forzada se regulen tópicos relacionados con los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y que se delineen las características de un registro nacional de personas ausentes, la forma en que debe realizarse la investigación de estos casos, la garantía del derecho a la verdad y de no repetición, por lo que solicitó que para tipificar los delitos de desaparición forzada y las perpetradas por particulares, es de suma importancia tomar en cuenta los estándares internacionales, así como las responsabilidades de los superiores y el principio de jurisdicción universal; es decir, “no consagrar penas irredimibles”.
“Sabemos que aquí en México existe una Ley General de Víctimas, sabemos que existe también una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero valdría la pena aprovechar para hacer algunos ajustes y ofrecer una política mucho más acorde y digna a las víctimas en temas que tengan que ver con la atención social, legal, médica, psicológica y de protección”, explicó Valencia.
Para concluir, pidió que se reglamente la figura de “declaración de ausencia”, pues argumentó que “un desaparecido es una persona que no está; es decir, un desaparecido no es ni un vivo ni un muerto y de alguna u otra forma hay que resolver ciertas situaciones legales”.
