(28 de abril, 2016).- El gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto pretende imponer modificaciones de fondo en la nueva ley en materia de desaparición forzada que son rechazadas por las familias de víctima, de ese delito, denunciaron los perredistas Miguel Barbosa y Alejandro Encinas.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reveló un informe del aumento consecutivo de las desapariciones forzadas en México, que pasaron de 25 mil 648 en los últimos 10 años a 27 mil 659 personas extraviadas o no localizadas aunado a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sin embargo no se aprueba la Ley contra la Desaparición Forzada en este periodo de sesiones gracias a las presiones por parte de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República (PGR), que desde un día antes se reunieron con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, insistieron en introducir en esa ley dos categorías: la de persona desaparecida y de persona no localizada.
Lo anterior con la intención de disminuir el elevado número de personas desaparecidas tema en que el gobierno federal tiene mucho interés, dado el descrédito internacional que enfrenta luego del informe del GIEI sobre las omisiones y falsedades en la investigación de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, recalcó el senador Encinas.
En un documento realizado por la ONU con el nombre de “Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de organismos internacionales y datos según averiguaciones previas”, se estima que en sólo una década, México tiene la misma cifra de personas desaparecidas que tuvo Colombia en un lapso de 62 años, aún cuando este país vive un conflicto armado declarado.
