(01 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Formalmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) envió a nuestro país para coadyuvar con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, concluye su estancia en México.
Se van, como fueron recibidos: en medio de intentos de descalificación fraguadas por el mismo gobierno federal, como en varias ocasiones lo denunciaron no solo ellos, sino diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de talla internacional.
Se van, poniendo el dedo en la llaga y señalando puntualmente el descrédito de nuestras instituciones –en particular, las de justicia- que tendrían que ser, en teoría, las que den certidumbre jurídica a los mexicanos y la confianza de saber que si cualquier ciudadano las necesita, estarán ahí, prestas para dar servicio.
Se van, evidenciando el cúmulo de irregularidades que permanecen en la investigación por el caso Ayotzinapa; la ineficacia de los servidores públicos, la inoperancia de un sistema judicial que basa sus sentencias en pruebas auto incriminatorias arrancadas, en muchos casos, a través de la tortura, amenazas o coerción y peor aún, develando la posibilidad que desde la Procuraduría General de la República (PGR), se hayan sembrado pruebas para sostener la “verdad histórica” que presto salió a anunciar el célebre y cansado exprocurador, Jesús Murillo Karam.
Con la presencia del GIEI en México se evidenció y documentó lo que la mayoría de los mexicanos ya sabía, pero que no había podido hacer que se escuchara por carecer de voz y recursos para que emitir un potente mensaje, de las dimensiones que se alcanzó a través del organismo internacional: que en nuestro país, el acceso a la justicia es un lujo que sólo las élites pueden darse.
Legisladores de oposición consultados por Revolución TRESPUNTOCERO sobre el tema coinciden en que si la investigación por la desaparición de los normalistas continúa bajo la tutela de la PGR, ahora a cargo de Areli Gómez –hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez- es poco probable que los padres, familiares, deudos y en general, la sociedad mexicana, conozcamos lo que realmente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que se vulnera uno de los derechos fundamentales: el derecho a la verdad.
Bloqueos y señalamientos
Manuel Bartlett Díaz, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República externó sus felicitaciones a los integrantes del GIEI por haber participado en la investigación.
“Si bien ha habido una campaña y si bien los han tratado de lastimar, ustedes siguieron adelante. Nosotros lo sabemos y estamos muy orgullosos que ustedes hayan participado en este importantísimo análisis de un crimen que ha lastimado profundamente a México. Aquí, en este Congreso, tienen gente que les respeta, reconoce su enorme esfuerzo y su valentía de enfrentar los obstáculos del propio Estado mexicano, que es una vergüenza para nosotros”, les dijo.
Durante una reunión en las instalaciones de Paseo de la Reforma, el político poblano denunció que también en el Senado hay bloqueos sobre el tema, pero confió en que se abra el tema y no se impida un análisis y seguimiento puntual del caso; además, advirtió que se prepara una campaña de descalificación en contra de todos los expertos.
El legislador recordó que la llegada del GIEI a México no fue –como han dicho insistentemente funcionarios federales- por una invitación del gobierno de Peña Nieto, sino a consecuencia de las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su decisión de intervenir, en el marco de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano; es decir, ejerciendo un derecho, no como una concesión.
Por cierto, la salida de los expertos de nuestro país, tampoco implica el retiro de la CIDH, pues ha anunciado su intención de establecer un mecanismo para continuar dándole seguimiento al caso, además de que permanecen vigentes las medidas cautelares dictadas a favor de los padres y familiares de las víctimas, en general, y no solo de los estudiantes desaparecidos.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Bartlett subrayó que aunque hay un reconocimiento internacional de la insistencia del gobierno de Peña Nieto para evitar que se conozca la verdad en el caso –como se evidencia con el alud de comentarios en la prensa internacional- todo parece apuntar a que seguirán tratando de minimizar y denostar las aportaciones del GIEI.
“Peña Nieto y sus asesores son unos delincuentes porque están modificando una investigación en la que se han plantado pruebas y argumentos. Creen que ya se salieron con la suya, pero uno de los expertos dijo algo muy interesante: ‘este asunto va a seguir persiguiendo a México siempre’. Eso no lo puede tapar Peña Nieto, el exprocurador, el tal Zerón ni ninguno de ellos. Están realmente en una actitud absurda, en medio de un pantano pero diciendo que todo lo han hecho bien”, argumentó.
Respecto a los señalamientos en contra de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal y la petición de algunos actores políticos para que deje su cargo, el coordinador parlamentario subrayó que en lugar de pedir su dimisión, existen elementos para fincarle responsabilidades penales, por lo que en lugar de su cabeza, la exigencia debe ser para que lo procesen por alterar y orientar, desde la procuraduría, la investigación del caso Ayotzinapa a su conveniencia.
Consultado sobre la posibilidad que la Corte Penal Internacional –órgano encargado de juzgar a las personas acusadas de la comisión de delitos como genocidio, de guerra y de lesa humanidad- atraiga el caso, en el marco de la ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado mexicano efectuado por el Senado de la República en 2005, el senador sostuvo que sí hay materia.
“Es un caso que ha tenido repercusión mundial, el GIEI demostró las violaciones, los bloqueos, que desde las instituciones se impide llegar a la verdad y esto constituye un delito de los propios procuradores de justicia”, explicó.
Para que la Corte Penal Internacional conozca de un caso, se deben configurar ciertos principios. Entre ellos, el de complementariedad; es decir, que el país a “revisión” no juzgue o no pueda juzgar los hechos competencia del tribunal; que el crimen esté definido al momento de su comisión y que sea de su competencia; sin embargo, no pueden ser objeto de castigo las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita y tampoco puede juzgar a quien al momento de la comisión del delito tuviera menos de 18 años de edad.
Una de las particularidades de la Corte Penal Internacional, reside en que todos los acusados son iguales ante ella, incluso si el acusado es un jefe de Estado.
La Corte puede investigar los hechos a solicitud de un Estado parte –quienes han ratificado el Estatuto- a solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por el Fiscal de la misma.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y vicepresidenta de su grupo parlamentario en el Senado de la República, Dolores Padierna Luna recordó que Amnistía Internacional (AI) calificó el segundo informe del GIEI titulado “Ayotzinapa II”, como “demoledor”, luego de develar las omisiones y negligencia con que se ha llevado el caso.
“El tamaño de la tragedia es para sumar esfuerzos, para llegar todos a la búsqueda de la verdad, pero lo que encontramos, al menos en lo que se ha leído, es un encubrimiento histórico”, apuntó.
PGR: Un elefante echado…en su verdad
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa recordó que aunque en varias ocasiones su grupo parlamentario impulsó que el órgano legislativo se pronunciara por la permanencia del GIEI en territorio mexicano, no hubo acuerdo al respecto.
“Creemos que con la salida del GIEI, prácticamente se cierra la puerta a que en México haya una instancia independiente para darle seguimiento con objetividad a este caso. Con el segundo informe, lo que apreciamos es que el gobierno federal ha estado simulando una aparente apertura para abrir líneas de investigación, pero la realidad es que en todo este tiempo, a casi un año de haber llegado el GIEI, el gobierno de Peña Nieto ha estado dando vueltas y vueltas a lo mismo y queriendo imponer su verdad histórica”, declaró el legislador en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
El diputado oriundo de Jalisco recordó que en el informe se detallan los vicios que privan en la Procuraduría y, en general, el sistema penal mexicano al otorgar credibilidad casi incuestionable a las pruebas confesionales; es decir, a las confesiones a través de las que se “documentan” autoincriminaciones que, como también se señala en el documento, frecuentemente son obtenidas a través de amenazas e incluso, tortura.
Sánchez Orozco acusó a la PGR de conducirse de manera autoritaria en su afán por justificar una investigación a todas luces irregular y omitiendo investigar hipótesis señaladas por los expertos. “Hoy podemos concluir que si la investigación sigue en manos de la PGR, no va a haber forma de llegar a la verdad de las cosas porque hay manipulación y falta de voluntad; es como si quisiéramos hacer caminar un elefante –la Procuraduría- que está echado en su verdad”, ejemplificó el diputado.
Recordó que el coordinador de su grupo parlamentario, José Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para crear la Ley de la Comisión de la Verdad –como oportunamente lo informó Revolución TRESPUNTOCERO- que se integre con actores ajenos a los intereses políticos y del gobierno federal; es decir, con total independencia y facultades para investigar y no estancarse en los mismos elementos hasta ahora conocidos para tratar de justificar las limitadas líneas de acción hasta ahora emprendidas por la PGR.
Respecto a la posibilidad de que el caso sea llevado a la Corte Penal Internacional, el legislador informó que su grupo parlamentario ya analiza el tema.
“En un tema que puede tener todas las características de conducta de un crimen de Estado y hay que revisarlo. Hay elementos, hay un entorpecimiento sistemático del Estado, porque, curiosamente, nada más ha procesado a funcionarios de nivel estatal pero no se han metido a investigar más. La PGR, hasta ahora, también se mantiene con la actitud de encubrir a los posibles responsables, que pueden estar en los mismos niveles de competencia que el Estado. Es algo que en la fracción parlamentaria estamos estudiando y sí cabe esa posibilidad porque ya no hay muestras de que el gobierno federal vaya a llegar a fondo en este asunto”, concluyó.
