(06 de mayo, 2016.RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la inconstitucionalidad del resguardo y registro de metadatos, refleja una falta de entendimiento de la tecnología por parte de los ministros de la Segunda Sala, pero también deja ver una preferencia a un Estado policial, que esté al tanto de, por ejemplo, la geolocalización de las personas, coincidieron expertos.
Hasta el momento no se saben muchos detalles sobre los argumentos que surgieron para negar los amparos, pero Carlos Brito, Red en Defensa de los Derechos Digitales – organización que promovió los amparos de inconstitucionalidad- adelantó: “conoceremos más detalles en unas semanas cuando se publique en engrose. Ahí sabremos qué se ganó y qué se perdió. Hasta donde sabemos, dos cosas positivas: lo primero es que para tener acceso a los metadatos se necesita una orden judicial; la parte negativa es que esta práctica no se declara inconstitucional.
La orden judicial tiene restricciones para autoridades que puedan tener acceso a ella, aunque no queda clara la lista, que nosotros siempre la hemos pedido; lo negativo es que ese control judicial sólo es para metadatos, para geolocalización no”, contó Carlos Brito a Revolución TRESPUNTOCERO.
El defensor de los derechos digitales agregó que: “la Suprema Corte dice que la geolocalización es para localizar un aparato y no una persona, y por tanto no invade sus comunicaciones privadas. Lo cual se nos hace absolutamente absurdo. Es como decir que como los celulares no tienen derechos humanos, no hay ningún problema, las autoridades pueden tener información de esa tecnología sin ningún control. Eso deja ver falta de conocimiento y del alcance de la tecnología”.
El pasado miércoles 4 de mayo, la Segunda Sala de la SCJN decidió validar el que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obligue a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como el historial de localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo.
Los datos conservados, conocidos como “metadatos de comunicaciones”, pueden revelar información personal como las preferencias políticas, religiosas o sexuales; el estado de salud; las amistades y relaciones personales; y en general, dibujar de manera detallada información privada de todas las personas, al asumirlas como sospechosas sin distinción.
“Este tipo de obligaciones de retención de datos han sido reiteradamente rechazadas alrededor del mundo. De manera notable, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó en 2014 una disposición de retención de datos similar tras considerarla desproporcionada y contraria al derecho a la privacidad. Igualmente, organismos internacionales de derechos humanos han advertido de los riesgos que estas bases de datos masivas representan para la privacidad de la ciudadanía”, detalló la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el abogado Jesús Robles Maloof, dijo que no se puede ver al teléfono móvil como un aparato, sino como un dispositivo que tiene una conexión con al menos una persona. El jurista opinó que no sólo ve falta de conocimiento, sino una tendencia a que las autoridades mantengan vigilada a la sociedad.
“Yo veo una tendencia al Estado policial. Esa es la intención que se almacene información, sin importar que no se le dé uso o esté justificado”, comentó Robles Maloof. El abogado explicó que inclusive podrían violarse derechos humanos y hasta mandatos de la Constitución mexicana.
“En realidad todos somos sospechosos, por eso tienen que almacenar información, por si un día necesitan investigarnos. Eso es el Estado policía, que todos somos sospechosos, contrario a lo que dice la Constitución y el derecho internacional, que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, agregó Robles. Los expertos coincidieron que la tendencia internacional es no almacenar estos metadatos, pues la cadena de custodia de estos es vulnerable. En tanto, estarán en espera del engrose para saber si pueden acudir a cortes internacionales.
