El tema del cultivo de amapola presentado en estas mismas líneas, no solo la semana presente sino desde hace meses, señalando esta práctica como la causante de la miseria y la violencia en Guerrero, es hoy un rubro de gran trascendencia por varios factores, entre ellos la complicidad de autoridades para poder llevar a cabo la comercialización del estupefaciente. Existen dos elementos clave: la pobreza y la marginación son los generadores del cultivo de estupefacientes en la Sierra y la Montaña guerrerense.
Pero el problema es generalizado en todo el país, y la carencia de fuentes de trabajo, la precariedad del empleo y los bajos salarios son un riesgo social. El ingreso laboral promedio de dos de cada tres trabajadores es menor a 2 mil 400 pesos al mes, totalmente insuficiente pues el valor de la canasta básica por persona es de mil 335 pesos mensuales. De ahí el imperio del hambre en México.
Los cultivadores de amapola y mariguana, son de los campesinos más marginados de México. Constituyen el eslabón más débil de la producción, tráfico y comercialización de la heroína. Se ven obligados a cultivar para vivir, aunque reciben un mínimo beneficio y se encuentren al margen de la ley. El gobierno debería no fumigar los cultivos, sino atacar la pobreza, es la única opción, considera el Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza.
No le falta razón: la parálisis de la economía impide generar los empleos requeridos en territorio nacional y los creados son de muy baja calidad. De cada 100 personas, 82 reciben ingresos de menos de cinco salarios mínimos mensuales (un salario mínimo mensual es de 2 mil 191.20 pesos) y poco más de dos terceras partes (67 de cada 100) obtiene ingresos por debajo de tres salarios mínimos., de acuerdo al Informe del Desarrollo en México, elaborado bajo el auspicio del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la UNAM.
Además, alrededor de 7.5 de cada 100 personas ocupadas no percibe ingresos. Más aún, alrededor de 6 de cada 10 personas ocupadas se desempeñan en actividades informales, sin acceso a los beneficios de la seguridad social, a pesar de los discursos triunfalistas oficiales del Presidente de la República y los integrantes de su gabinete.
Es en este contexto socio-económico que el ejército realiza labores de fumigación de plantíos de amapola. ¿Es legal quitarles el pan de la boca a esas personas?, cuestiona Rangel Mendoza. Deberían dejar de fumigar hasta brindarles otras opciones a los campesinos, con la implementación de un plan de desarrollo. Pero no, están empleando recursos del pueblo en atacarlos, en erradicar la amapola. Esos recursos deberían emplearse en educación y cultura, porque se acrecienta el rencor contra las instituciones. El hambre es la madre de todas las guerras. Si quitan el cultivo de la amapola, ¿de qué los va a mantener el gobierno?, inquiere.
Legalizar los cultivos de amapola y utilizarlos con fines medicinales, es una solución viable para todos, señala el prelado. Los campesinos pobres de Guerrero no dejarán de cultivar la amapola porque no tienen otras opciones y les es más rentable que cualquier otro producto. La amapola se cultiva por temporadas y se recoge cada tres o cuatro meses, de acuerdo con el modo de producción. El kilo de goma de opio puede darle sólo a un campesino hasta 27 mil pesos en buena temporada, y de su producto sale la heroína más pura, China White, con un valor comercial en ciudades como Chicago de hasta 50 dólares (900 pesos) por dosis menores a un gramo.
Así, la multiplicación de dinero es abierta y el lavado más, en tierras norteamericanas. Las fumigaciones, declaran quienes han conformado una Unión para protegerse –según sus propias versiones- de la influencia de los diferentes carteles de narcotraficantes de la zona a los que señalan como los culpables de la violencia desatada, provoca la destrucción de sus cosechas, misma no presentada en los cultivos resguardados tanto por mafiosos como por autoridades de todo tipo y no solo municipales o estatales, sino federales.
En la Sierra de Guerrero, compuesta por 14 municipios de cuatro regiones del Estado, desde hace 40 años los campesinos calculan la siembra y se arriesgan a que sus cultivos de amapola les dejen para vivir, destacan comisarios de la región. Con menos de una hectárea de tierra, alrededor de un cuarto, un campesino sacará de su cultivo cuatro kilos, o hasta cinco. Una hectárea completa puede dar hasta 15 kilos de goma de opio (un kilo de heroína). La diferencia entre el dinero recibido por la materia prima y el de los traficantes se acrecienta y se convierte en millonaria una vez distribuida al narcomenudeo.
Un productor pequeño que cosecha entre 10 y 15 kilos de heroína, y vende a 17 mil pesos el kilo, podría sacar hasta 405 mil pesos al año. El acopiador le da otro proceso. De los 15 kilos le hacen otro cinco cortes más y hacen hasta 75 kilos de ese proceso.
Valen 87 mil dólares (un millón 566 mil pesos). Los distribuidores le van a meter otros cinco cortes y hacen 375 kilos; este kilo vale 800 mil dólares en Chicago. Por dosis se pagan hasta 50 dólares y es menor a un gramo. Mucho más rentable que cualquier producto de otro cultivo.
En pueblos de la Sierra de Guerrero desde hace más de un año se han organizado para que de la venta de la goma, se destine un porcentaje para realizar obras en sus pueblos. El gobierno estatal puede canalizar a las arcas municipales recursos generados por la producción y comercialización de la amapola, consideran comisarios de municipios guerrerenses. Por estas y otras razones hay gobernadores cuyo apoyo es abierto a la legalización de la mariguana y la amapola como el de Morelos, Graco Ramírez, y el de Guerrero, Héctor Astudillo, dos entidades con una gran producción de estupefacientes.
Aunque habrá de subrayarse la atención puesta en la legalización de estas dos drogas por parte de muchos otros mandatarios estatales, sabedores de la existencia de plantíos en las zonas por ellos gobernadas. El campo mexicano sufrió una gran transformación denunciada a su debido tiempo por el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo García Villalobos (q.e.p.d.). Hace por lo menos siete años su exposición fue lo suficientemente clara para alertar a las autoridades sobre lo convertido hoy en realidad. Habló y fuerte sobre la necesidad de incentivar a los agricultores para evitar llegar a estos extremos en los cuales se presenta la legalización con argumentos ligados a la medicina, lo cual resulta otro de esos famosos y célebres cuentos engaña-bobos. Pueden y debieran hacerse autorizaciones para estos usos de manera parcial, personalizada a la situación y gravedad de los pacientes solicitantes. Generalizarla significa otro peligro social.
