Los ataques militares en contra de la población civil en el país se han convertido en una cotidianidad descrita como una época donde la operación ‘Plomo endurecido’, impera a lo largo y ancho de la República Mexicana desde Calderón, cuando murieron más de 100 mil personas, de manera violenta y aún así, con Enrique Peña Nieto lo peor estaba aún lejano de dicha cifra.
Dos mandatarios y un sexenio y medio han pasado después del inicio de una guerra que no es fallida, cuando en principio no se planeó para combatir grupos delincuenciales, y sí sociedad civil. Desde que el Ejército y Marina salieron de los cuarteles la orden de abatir ha sido su principal misión; las evidencias dictan que protege narcotraficantes a quienes, de vez en cuando, sí detiene y ataca civiles, aun cuando los delitos no se pueden demostrar, las huellas de tortura no se han podido esconder, tampoco los disparos que han presenciado a plena luz del día los testigos, que aseveran que la impunidad mueve a las fuerzas armadas del país.
En tanto algunos medios de comunicación, difusores de boletines oficiales, reafirman que las víctimas son delincuentes y las organizaciones de Derechos Humanos son defensoras de asesinos y plagiarios. Por lo que respecta a la sociedad, desgraciadamente, se encuentra dividida entre los que han padecido la libertad de las fuerzas armadas para catear, amenazar, hostigar e incluso asesinar y quienes, sin argumento alguno, creen ciegamente en un ejército señalado y condenado internacionalmente.
Recientemente el poder legislativo adoptó diversas medidas y modificaciones al código militar que evidencian la apertura que le otorgan a las fuerzas armadas para seguir violando derechos humanos. Un ejemplo es claro: los cateos, que ya son realizados por los elementos de Sedena y Marina, que ha quedado demostrado violan las garantías individuales.
Es así como se frustra la posibilidad de rendición de cuentas y justicia para todas aquellas personas que se convierten en víctimas a partir de cateos, donde no existen órdenes de un juez para llevarlos a cabo. Así es como gobierno federal, diputados y senadores dieron su respaldo absoluto a los abusos aberrantes que a diario en distintos puntos de la República comenten las fuerzas militares y Marina, quienes si antes gozaban de impunidad, hoy ésta es legalizada.
El desamparo es absoluto por parte de las autoridades, aunque la sociedad civil aún tiene a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las desligadas al Estado, porque con lo que respecta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha convertido en un órgano silente y ciego, que calla ante las determinaciones de un gobierno represor, aun cuando pasan por encima de ésta. Puesto que en 2011 fue esta misma Comisión la que proporcionó una Recomendación para que este tipo de allanamientos de morada, disfrazados de ‘cateos’, fueran tipificados como delitos, pero esto no sucedió.
Hoy México intenta sobrevivir a su ubicación entre dos fuegos: la inseguridad provocada por grupos delincuenciales y su propio ejército, es por esto que el país se encuentra en una ruleta rusa, y la pregunta siempre es recurrente: ¿a quién le puede tocar hoy?
Para el Estado, el cual es dominado por un sistema de derecha represora y oligárquica, las víctimas del ejército y Marina no existen, la muerte y desaparición de una gran parte de la sociedad civil, solamente es desechar enemigos y erradicar el atisbo de independencia y seguridad que le quedaba a este país. Con la libertad que se le ha dado a las fuerzas armadas, las víctimas de las prácticas de terror y crímenes de lesa humanidad que comenten sus elementos, seremos todos los mexicanos.
