(20 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada federal, Claudia Corichi García informó que el análisis de la Cuenta Pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó que al menos 30 millones de pesos de programas sociales ejecutados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fueron entregados a personas ya fallecidas o de las que no se pudo comprobar su identidad.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), detalló que entre los casos más extremos están los que se detectaron en el Programa de Incentivos para Pequeños Productores de Maíz y Frijol y en el de Fomento Ganadero, pues la asignación a los fallecidos solicitantes alcanzó la cifra de 10 millones de pesos.
Otra auditoría a los rubros analizados –recordemos que sólo se estudia una parte de toda la aplicación de recursos públicos- detectó que del programa PROAGRO, vinculado al sector productivo, se pudieron recuperar 20 millones de pesos que, adicionales a los otros 10, que también se habían repartido entre gente que pudo haber fallecido o de la que nunca hubo comprobación de su identidad; es decir, no se corroboró si existían, si estaban vivos o muertos, por lo que además, se desconoce el criterio de asignación.
La legisladora recordó que la misma auditoría advirtió que el hecho que no exista una población objetivo o en casos concretos, un padrón de beneficiarios validado, propicia que en diversos programas haya irregularidades con la entrega de recursos, principalmente en los que se aplican en el campo –donde además persiste un mayor porcentaje de población empobrecida- en materia de salud, como el seguro popular y de política social.
En Informe General de la Cuenta Pública 2014 especifica; por ejemplo, en la auditoría número 264 al Programa de Fomento a la Agricultura- Componente PROAGRO Productivo que “la ausencia de una depuración del padrón de beneficiarios ha limitado los mecanismos para tener la certeza que quienes reciben los apoyos están vivos. Se confía en gran medida en el testimonio de los familiares de los beneficiarios para reportar a la autoridad la actualización de los datos, lo que ha generado que, en algunos casos, se entreguen apoyos a personas que ya han fallecido”.
En la auditoría al Padrón de Beneficiarios del Sector Rural de la Sagarpa, identificada con el número 256, se advierte que “debido a la carencia de un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, el ejecutor no contó con información consolidada de la totalidad de los programas y componentes del sector, con el fin de evitar las duplicidades o sesgos en el otorgamiento de apoyos”.
La revisión al Seguro Popular a través de la auditoría 180, detalla que “el Consejo de Salubridad General determinó la existencia de registros duplicados en el padrón del Sistema de Protección Social en Salud, con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), lo que representó una duplicidad del 12.1%”.
Uso electoral y dilación
Corichi García apuntó que el desvío de recursos de la Sagarpa detectados en la Cuenta Pública 2014 -que también podrían constituir un fraude- tiene una clara intencionalidad electoral, pero no solo los detectados en esa dependencia, también en “todas las plazas de maestros que fueron autorizadas y que carecen de sustento; es decir, hay muchos rubros que son utilizados electoralmente”.
La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, apuntó que para evitar este tipo de problemas, es necesario que los servidores públicos sean capacitados, conozcan la normatividad; sin embargo, reconoció que un gran porcentaje de recursos –en particular los destinados a la población más pobre y en situación de vulnerabilidad- son otorgados con una visión electoral.
Claudia Corichi subrayó que es preocupante la dilación en el análisis de las cuentas públicas -de por lo menos dos años, pues apenas se revisa la de 2014- y aunque se impulsan cambios sustanciales como la posibilidad que se audite en tiempo real, falta fortalecer otros elementos para evitar corrupción e impunidad entre servidores públicos.
A inicio de la LXII Legislatura, en septiembre de 2015, la diputada de MC propuso que funcionarios públicos –incluido el presidente de la República y secretarios de Estado- deberán ser llamados a comparecer aunque hayan concluido su encargo público para evitar que, el dejar el cargo impida asignar responsabilidades sobre las irregularidades que se pudieran haber presentado.
La iniciativa aún se encuentra pendiente de ser analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales.
“El tema de fondo, es que hemos creado muchas leyes. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción se da como un logro, pero a la hora de la hora, a las leyes secundarias se les deja sin dientes, no les damos elementos sancionatorios y son como palabras muertas. Sabemos qué está mal, que hay reincidencias en cierto tipo de problemas, algunos con sesgo político, sabemos que la corrupción e impunidad están ahí. Sabemos qué necesitamos, sabemos de qué estamos enfermos pero si no nos administramos el tratamiento, de poco sirve. Debemos dejar la demagogia y avanzar en los hechos”, declaró Corichi.
Mensaje político
El artículo 74 de la Constitución Política especifica que entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, está la de revisar la Cuenta Pública del año anterior; dicho análisis tendrá por objetivo “conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”.
Año con año, el Pleno de San Lázaro vota para avalar el análisis del gasto público; pero, dadas las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2014, Corichi declaró que “si fuéramos justos, no la aprobaríamos o difícilmente la aprobaríamos”.
Sin embargo, la legisladora explicó que es poco probable que desde la Cámara de Diputados se envíe un mensaje político de esa magnitud, porque “sabemos que va a operar una maquinaria mayoritaria que la va a aprobar a raja tabla y eso es una lástima. Hay quienes, por consigna, la aprobarán sin querer discutir gran cosa”.
Corichi García agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Virgilio Andrade ha servido “de muy poco” para corregir las irregularidades detectadas, por lo que, en su opinión “no está cumpliendo con su función, de manera más que evidente” y calificó su existencia como un asunto de orden político.
