Llegada de Mancera a jefatura de gobierno ha significado precarización y desestabilidad laboral en CDMX: especialistas

(04 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La llegada de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha significado para los trabajadores de su estructura y los habitantes de la ciudad, precarización y desestabilidad laboral, así se denunció durante el Segundo Foro por la Auténtica Estabilidad Laboral, convocado por la legisladora local Flor Ivonne Morales Miranda.

Con la participación de catorce especialistas entre legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios se llevó a cabo un diálogo “crítico pero necesario”, destacó la diputada Flor Ivonne Morales Miranda.

La reflexión colectiva se apoyó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la Ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las líneas seguidas por el gobierno federal.

“Es un contrasentido que el gobierno de Miguel Ángel Mancera otorgue ‘becas’ a los estudiantes de bachillerato pero a cambio los pone a trabajar, es decir trabajan sin prestaciones porque eso no es una beca, es un sueldo por una labor”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO, Pedro Martín Salas, panelista e integrante del Grupo de Investigación Sobre el Salario Mínimo.

El especialista agregó, “este gobierno en apariencia progresista sigue líneas de precarización laboral parecidas al gobierno federal, lo que está viviendo el gremio magisterial es un claro ejemplo de cómo las autoridades quieren quitarle sus derechos y dejarlos en estado de indefensión”.

A decir de los sindicalistas y académicos, la diferencia entre las condiciones de trabajo en la capital y las entidades federativas debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Incluso reconocieron que la concentración de centros productivos y de servicios en la capital, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.

En este evento fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral que, en opinión de los panelistas, debería seguir la administración de Miguel Ángel Mancera: la primera, relacionada con el Gobierno local como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada justicia administrativa laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.

Respecto a la primera propuesta, Benito Mirón Lince, abogado especialista en materia laboral y ex secretario del Trabajo local, afirmó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, “la política salarial del gobierno de la Ciudad de México necesita ser congruente con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, además es necesario recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo”.

Mirón Lince aseguró que existe una urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social.

“El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala”, preciso Lince.

Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones, se dijo que el número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente.

“En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y las limitaciones presupuestales”, subrayó Héctor Martín Mora, integrante del Grupo de Investigación Sobre el Salario Mínimo.

Sobre el tercer punto, se dijo que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local , a cargo de Patricia Mercado, solo se cumple parcialmente con sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación, afirmaron los especialistas, inhibe su potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados.

Otra propuesta que destacó en Segundo Foro por la Auténtica Estabilidad Laboral fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana.

Finalmente los representantes del Movimiento de Trabajadores del GCDMX en Lucha, que agrupa a diez asociaciones que actualmente están en lucha contra el gobierno local por diversas violaciones a sus derechos laborales, hicieron hincapié en la importancia de que en la nueva Constitución de la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje local sea un organismo autónomo, además de generar normas para proteger a los trabajadores de prácticas como el outsourcing y establecer una ley laboral para los empleados de la ciudad con respeto a los derecho labores y humanos.