(10 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Columpios, pasamanos y resbaladillas de algunos terrenos baldíos recuperados y adaptados como pequeños parques en colonias populares, han pedido su color; desgraciadamente, la causa del deterioro ha sido el ir y venir de elementos naturales como el sol y la lluvia, no el frecuente uso que los pequeños de esas zonas estarían dispuestos a darles, pues sus fines de semana, vacaciones o cualquier tiempo libre lo dedican a trabajar.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en la Ciudad de México, al menos 5% de niños entre cinco y 17 años; es decir, 85 mil -de una población infantil en ese rango de edad de un millón 762 mil- realizan alguna actividad laboral.
Alrededor de 38 mil menores que trabajan –32%- no asiste a la escuela; 42 mil, casi la mitad del total, labora sin percibir ningún tipo de retribución y alrededor de 32 mil niños (27%) trabaja más de 35 horas a la semana. Este último sector es el que genera mayor preocupación, pues dadas las condiciones en que se desarrolla, podría configurarse el delito de explotación laboral, pues genera el riesgo que la actividad sea nociva.
Sin embargo, este fenómeno debería ser abordado de manera diferenciada, pues no toda la actividad económica que realizan los menores configura un delito ni una violación de sus derechos. Por ejemplo, hay actividades de este tipo que involucran temas culturales y familiares, como jornadas de apoyo al trabajo en el campo, a la producción artesanal, a la recolección y procesamiento de ciertos productos, e incluso, al desarrollo de actividades domésticas, que no impiden que el menor vaya a la escuela y tenga tiempo para jugar o para realizar cualquier otro tipo de esparcimiento.
Además, en la mayoría de estas actividades, los infantes son supervisados, dirigidos y cuidados por adultos, generalmente de su familia. Otro tipo de trabajo es el que involucra, de manera formal, a un patrón y una remuneración, pero por sí mismo, no implica una afectación directa al desarrollo del menor o que se vulneren sus derechos.
Cabe mencionar que la legislación actual reconoce la legalidad de emplear a adolescentes –a partir de los 15 años- siempre y cuando haya permiso de su familia o tutor aunque, en teoría, este tipo de relaciones laborales deben darse únicamente en un ambiente supervisado por la STyPS.
En tanto, el delito de explotación laboral generalmente es realizado por alguna persona ajena a la familia del menor que abusa de este y lo coloca en una condición de indefensión; las actividades que son obligados a desarrollar pueden perjudicar el desarrollo del niño, pues es muy probable que se le impida ir a la escuela, que no tenga tiempo libre para el esparcimiento y tampoco una alimentación ni los cuidados médicos que necesite.
Incentivo a las matemáticas
Todos los días, sin excepción alguna, la mamá de “Karen” y “Jorge” –como llamaremos a los menores de seis y nueve años vecinos de la colonia Martín Carrera, en la delegación Gustavo A. Madero- los despierta a las siete de la mañana, luego que ella ha estado por lo menos dos horas, cocinando varios guisados, deshebrando queso Oaxaca y preparándoles el desayuno.
De lunes a viernes, luego de vestirse y tomar sus alimentos, su madre –cargada con dos bolsas de mandado llenas de recipientes con picadillo, tinga, champiñones, masa azul y blanca, salsas, limones, entre otras cosas-los lleva a la escuela y los despide con un beso.
Más tarde, los espera a la salida. Esta vez, las bolsas regresan cargadas de jitomate, cebollas, chile, pollo, carne y otras verduras que por la tarde -mientras ellos hacen sus tareas, ven la televisión y juegan un rato antes de ir a dormirse- serán lavadas, desinfectadas y picadas; por la mañana, muy temprano, comienza de nuevo la jornada que los despierta con el olor de cebolla sancochada y salsas hirviendo.
Pero el fin de semana, la rutina cambia. Aunque los despiertan a la misma hora, desayunan, se cambian y toman sus libros como si fueran a la escuela, se enfilan a la avenida principal de la zona.
En una de sus esquinas, el papá de Karen y Jorge ya ha montado una estructura metálica, conectado un tanque de gas y encendido una parrilla para calentar un comal, que termina flanqueado por una mesa llena de recipientes con comida, platos de plástico, servilletas, botellas de refresco vacías y del otro lado, una hielera con refrescos, jugos y aguas de varios tamaños.
“Martha”, la mamá, comienza amasando la masa. Al inicio de la jornada, los pequeños brincan alrededor del puesto, juegan y se corretean por algunos metros, los necesarios para que un grito de su madre los regrese a donde pueda verlos. Si tienen hambre, comen; si tienen sed, beben.
El padre se encarga de conseguir y proveer lo que vaya necesitando el puesto: más queso, más servilletas, más refrescos, de manera ocasional, una cerveza para un cliente de confianza que llegó con antojo, pero nunca les permiten emborracharse.
Los fines de semana, los pequeños hacen sus tareas frente al puesto. Se sientan a la orilla de un local y en uno de los extremos colocan sus libros, colores, cuadernos. Entre bromas, risas y ocasionales peleas, aprenden a sumar, restar, el significado de nuevas palabras y cuánto cobrar por dos quesadillas y un refresco.
Ocasionalmente, y sólo cuando de verdad lo requiere, Jorge atraviesa la calle para ir a la tienda por algo que necesite su mamá o por alguna golosina; otras se acerca a la mesa que comparten los clientes: entrega pedidos, levanta platos, servilletas sucias y botellas vacías. A veces, ese trabajo es recomenzado con alguna moneda que provoca una cara de asombro, el brillar de sus ojos y una sonrisilla tímida de gratitud.
Un buen fin de semana, Jorge junta entre 80 y cien pesos y sólo él, decide qué hacer con ellos; generalmente los comparte con su hermana, le compra dulces, donas de chocolate o cualquier otra golosina. Su poca participación en el puesto, ha alentado su gusto por las matemáticas y compite de lejos con su mamá para saber cuánto deben pagar los clientes.
“Son 42 pesos”, susurra Jorge a Karen, luego de que algún cliente pide a cuenta por dos quesadillas y una coca.
Paletas de a peso
El caso de “Luis”, es similar. El pequeño, de 12 años –que está a punto de acabar la primaria, con buenas calificaciones- acompaña al trabajo a su papá los fines de semana.
Sin embargo, no se encierra en una oficina, no la pasa jugando con una computadora mientras su padre termina de resolver encargos, preparar proyectos o hacer presentaciones: vende paletas de cereza con menta y “Felipe”, su papá, botellas de agua.
Para no arriesgar su integridad física, mientras los automóviles avanzan sobre Calzada de Misterios para cruzar o incorporarse a Circuito Interior, en las inmediaciones de la delegación Venustiano Carranza, ambos permanecen en la banqueta, atentos a los verdes y rojos del semáforo.
Cuando el carmesí irrumpe, Felipe salta al asfalto sosteniendo botellas de agua por arriba de la cabeza, serpentea entre los autos, atenta la mirada para ubicar a un cliente potencial y avanzar hacia él para entregar, a la brevedad posible, el producto. Entre más rápido lo haga, mayor posibilidad hay de que tenga más ventas antes de que se ponga el verde.
Luis lo sigue, lo imita, pero su estatura –no más de 140 centímetros- le impide tener la visibilidad de su padre. Al principio tímido, se acerca a los carros: “a peso”, dice mostrando las paletas envueltas en celofán. Tiene más éxito entre las mujeres, particularmente las que viajan con pequeños que –tal vez por instinto, por sensibilidad- toman algunas y le entregan varias monedas.
Pocas veces, incluso, le entregan monedas de cinco o 10 pesos sin aceptar las paletas a cambio.
Luis dice que nadie le obliga a vender los caramelos, que acompaña a su padre porque le gusta estar con él y que de grande, quiere ser maestro; le gusta la historia, la geografía y las ciencias naturales.
A veces solo pasa un par de horas trabajando. Su padre lo regresa a su casa –una humilde vecindad por la zona de la Morelos- y ahí hace su tarea, juega con los vecinitos y hace planes para el futuro. Una parte del dinero que gana, se lo da a su mamá, el resto, lo guarda, quiere comprar un libro.
“Ángela” y “Alejandro”, adolescentes de 17 y 16 años, respectivamente, tienen aproximadamente un año trabajando como empacadores en una tienda de autoservicio. Tienen un jefe, una hora de entrada, de salida, responsabilidades específicas, pero carecen de un salario formal; sus percepciones –pocas o muchas, según la “suerte”- están condicionadas a la buena intención de la gente que acude a comprar en dicho establecimiento.
Ángela estudia la preparatoria y trabaja en vacaciones; Alejandro no obtuvo un lugar en educación media superior el año pasado y optó por buscar un trabajo mientras se preparaba para presentar de nuevo la prueba para el examen de admisión. Ambos viven con sus familias y obtuvieron el apoyo y permiso de sus padres para ingresar a trabajar, aunque estaban seguros que, por lo menos, tendrían estabilidad económica.
Abuso institucionalizado
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), afirmó que el principal problema, es que los 85 mil menores trabajadores en la Ciudad de México, “no tienen rostro”.
Consultado al respecto por Revolución TRESPUNTOCERO, Pérez García explicó que lo que la autoridad capitalina –encabezada por Miguel Ángel Mancera- debería hacer, es identificar a cada uno de estos menores para ofrecerles alternativas pero, lamentablemente, no existe ninguno porque “las autoridades mexicanas han tratado de erradicar este trabajo, de perseguirlos a ellos y a sus familias”.
Explicó que en la Ciudad de México, persiste un “abuso de la institucionalización” porque los niños pequeños que realizan actividades económicas en la calle con sus madres -particularmente indígenas- son separados de ellas por funcionarios del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la capital, bajo el argumento de ‘proteger a la infancia’, pero no les ofrecen a las familias alternativas para que puedan superarse o para que no tengan que estar en la calle.
Esta práctica implica una revictimización de los niños, porque no solamente no se resuelve su situación, sino que son separados de sus padres, lo que violenta su derecho a vivir en familia.
Puntualizó que es necesaria la implementación de programas y políticas públicas que apoyen a familias indígenas –entre las que persiste un alto índice de discriminación- para que transiten hacia otra forma de protección a los menores.
“En estas familias indígenas se ha podido ver que el hecho de que lleven a sus niños a trabajar, está directamente vinculado a la ausencia de un espacio donde puedan dejarlos con protección; entonces, hay una paradoja: los llevan para tenerlos bajo vigilancia, pero al mismo tiempo quedan expuestos por realizar actividades económicas en un espacio público como la calle. Si la autoridad interviniera y le ofreciera un lugar seguro dónde dejar a los niños en tanto realizan sus actividades económicas, es altamente probable que no los llevaran con ellos”, advirtió el defensor de derechos de la niñez.
Además, advirtió que los menores que pasan mucho tiempo en la vía pública, tienen un desgaste físico mayor; están mucho más expuestos a accidentes de tránsito y a ser víctimas de agresiones de adultos, lo que multiplica el riesgo de que padezcan más enfermedades o que su salud se vea deteriorada.
Cuando Revolución TRESPUNTOCERO buscó – a través del área de Difusión y Comunicación, encabezada por Ricardo Almaraz López- al director general del DIF en la Ciudad de México, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, para conocer su opinión al respecto, el funcionario se dijo imposibilitado a conceder una entrevista, pues las dudas planteadas implicaban hablar de los programas y acciones que lleva a cabo la institución, lo que no puede hacer por la veda electoral.
Almaraz López solicitó a esta reportera –vía correo electrónico- “puedas considerar la entrevista para después de la Veda electoral”.
Respecto al trabajo de adolescentes en cadenas de autoservicio o en lugares similares donde no se les garantizan las condiciones mínimas de seguridad y derechos laborales, el director de Redim apuntó que “el problema no es el trabajo; que está legalmente reconocido a partir de los 15 años de edad, el problema son las condiciones en que se ejerce la actividad económica; se da en una situación de desprotección, donde las autoridades no están vigilando ni supervisando”.
Payasitos de crucero
En la esquina de Congreso de la Unión y Eje 1 Norte, “Pepe” y “Carlos” de entre ocho y 10 años, realizan algunas rutinas para “entretener” a los automovilistas, robarles una sonrisa y lograr, en el menor de los casos, que les regalen alguna moneada.
A pesar de que en las últimas semanas el termómetro ha registrado temperaturas en el Valle de México, en promedio, de 27° centígrados, los pequeños brincaban a media avenida vestidos de perro y conejo. Los trajes estaban confeccionados con grueso peluche; las capuchas, coronadas con un par de orejas –cortas para el perro, largas las del conejo- que los niños retiraban de su cabeza cada que se ponía el verde para refrescase un poco.Las preguntas de esta reportera les causaban risa. No entendían por qué alguien les preguntaba por sus papás o por a qué escuela iban; Pepe le preguntó a Carlos: ¿qué es eso? Recibió por respuesta un empujón.
Cuando vieron, todavía a dos cuadras de distancia, a un hombre con peluca multicolor, ambos brincaron como resortes y se colocaron las gorras. El semáforo seguía en verde, pero ese no fue impedimento para que se acercaran a la orilla y a la primera oportunidad, saltaran entre los carros que acababan de frenar para hacer piruetas y luego acercarse a las ventanillas a pedir algún alimento o moneda.
Cuando se puso el rojo, sólo regresaron por una bolsa de plástico en la que guardaban medio pan de dulce y se alejaron.
Red de trata en el metro
Como lo informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, hace algunas semanas, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se denunció la existencia de una red de trata de personas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que obligaba a menores a realizar diversas actividades económicas.
Cuestionado sobre el particular, Juan Martín Pérez García explicó que de acuerdo a algunas entrevistas y testimonios que Redim pudo realizar hace ya algunos meses en el Metro, identificó la “operación” de al menos cuatro familias de origen indígena que, junto con aproximadamente 13 menores de entre cuatro y 10 años, realizan actividades laborales, pero por las características identificadas, no considera que sea una red de explotación.
“No vemos configurada una red de trata; lo que vemos, es un grupo de indígenas mazahuas fundamentalmente que, de manera organizada entre ellos, como familias, realizan actividades económicas donde incluyen a los niños, pero no tenemos evidencia para asegurar que eso es una red de trata. Son sus propios hijos y parientes”, explicó.
Agregó que en las conversaciones que pudieron establecer con los menores, que se mueven en diversas rutas de manera sistemática, y que fueron muy reacios a contestar pues les han advertido que no hablen con personas adultas, recogieron testimonios que apuntan a que los más grandes sí asisten a la escuela mientras los más pequeños se quedan en humildes casas construidas de manera precaria en lotes baldíos que grupos de migrantes ocupado de manera ilegal.
Sin embargo, advirtió que es peligroso que la autoridad pretenda criminalizar a este sector de la población sin haber realizado una intervención de trabajo social, u ofrecido alternativas a las familias para que los menores no realicen actividades económicas en la noche, particularmente.
El director ejecutivo de Redim recomendó al gobierno de Mancera hacer una intervención de carácter educativo y de acompañamiento a este grupo, pero no policiaco, porque los uniformados podrían revictimizar a los menores.
Urgió a que se prioricen otras alternativas, pero si en el proceso se identifican hechos delictivos “se tiene que proceder penalmente. Ahora sólo es una percepción, no hay evidencia, hasta donde nosotros conocemos”, dijo Pérez García.
Desconocimiento institucional
Consultado sobre el mismo tema, Mario Julio Córdova, director general de Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México, declaró que la dependencia a su cargo, carece de información sobre la presencia de una red de trata de menores con fines de explotación laboral.
El funcionario dijo a Revolución TRESPUNTOCERO, desconocer los datos de la STyPS federal respecto a los 85 mil menores en la Ciudad de México en situación laboral y los 35 mil en explotación laboral; además, afirmó que tampoco estaba enterado de los señalamientos que Redim ha realizado sobre la separación de menores de sus familias bajo el argumento de proteger sus derechos, pero afirmó que si detectan casos de abuso a menores, actuarán en consecuencia.
“Lo que propondría es invitar a la Red a que nos dé a conocer toda esa información que tiene; que comparta con nosotros ese diagnóstico y en mucho nos ayudaría para empezar a implementar un plan de acción”, dijo Córdova
Recordó que en 2014, el gobierno de la Ciudad de México echó a andar una Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Ciudad de México –conformada por la Secretaría de Educación, de Salud, el DIF- DF, la Secretaría del Trabajo, de Seguridad Pública y la de Desarrollo Económico- que tiene por objetivo generar alternativas para que los padres puedan acceder a los programas locales y evitar que pongan a trabajar a los menores.
Córdova informó que el año pasado, el Instituto de Estudios Rafael Galván realizó un estudio exploratorio en las instalaciones del Metro y espacios públicos y detectó “algunos casos donde los padres utilizan a los niños para vender lo que todo mundo sabe: dulces, mazapanes, etcétera”; sin embargo, no compartió cifras o datos cuantitativos para entender y dimensionar el problema, aunque se comprometió a entregarlos posteriormente.
El funcionario agregó que en los próximos meses, en coordinación con la Escuela de Administración Pública, harán un diagnóstico para tener conocimiento exacto de dónde vienen los niños que comercializan productos en el Metro, dónde viven, quién los acompaña, entre otras particularidades, con el objetivo de brindarles alternativas, privilegiando el acceso a la educación en escuelas de tiempo completo.
“Vamos a trabajar para erradicar el trabajo infantil en el Sistema Colectivo de Transporte Metro; vamos a iniciar pronto una campaña de difusión para concientizar a la sociedad de que está prohibido el trabajo infantil en la Ciudad de México, sobre todo, hasta la edad no permitida”, dijo el director.
Sin embargo, reconoció que la dependencia está limitada en recursos humanos para la revisión del trabajo infantil en fábricas, pues sólo cuenta con 13 supervisores, por lo que se centran en atender las denuncias ciudadanas que se puedan generar. El año pasado, únicamente hubo dos, pero se desconoce el total de las quejas en lo que va del sexenio de Mancera.
Persecución policiaca
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señalan que en delegaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, se concentra un alto porcentaje de menores que realizan actividades económicas, principalmente porque en ellas hay mayor oferta de productos y servicios, lo que implica un incremento significativo de uso de dinero en efectivo.
Los menores que trabajan comercian principalmente con dulces, pero otra parte realiza lo que la red denomina “mendicidad encubierta”; es decir, ofrecen limpiar zapatos o los vidrios de los automóviles, sin que estos servicios sean una necesidad para el consumidor, simplemente es una manera de pedir dinero de manera indirecta.
Por el contrario, en demarcaciones como Benito Juárez y Miguel Hidalgo hay menos presencia de niños con alguna actividad económica, porque “hay mayor persecución policiaca y menos infraestructura pública que permita el trabajo de niñas y niños”, explica el director ejecutivo de Redim.
“Uno de los grandes problemas que tenemos con el trabajo infantil es que está oculto. Efectivamente, vemos a muchos niños indígenas en el espacio público, pero no son 85 mil, la mayor parte de los que están trabajando lo hacen en pequeños talleres y en otros establecimientos comerciales”, detalló Juan Martín Pérez García.
Explicó que en diversos tipos de fábricas, los menores pueden estar expuestos a solventes, maquinaria pesada o situaciones de riesgo que no son visibles, pero que, sin la inspección y manejo oportuno, constituyen un peligro latente para ellos; además, criticó que ni el gobierno federal ni en particular, el capitalino, haya dirigido esfuerzos por contar con un diagnóstico actualizado y detallado de las características de los niños y niñas que realizan actividades económicas, porque todos requieren de atención diferenciada.
“Es un tema de derechos humanos y es obligación del Estado proteger a los niños para que tengan un sano desarrollo. Eso implica que no deben criminalizar el tema, porque el trabajo de adolescentes está reconocido; el problema es que no es protegido. El problema no es la actividad económica en sí, sino las condiciones en las que se genera: desprotección, abuso de adultos o de redes y si el Estado no asume su responsabilidad, la vida de los niños que realizan actividades económicas será mucho más severa”, concluyó Pérez García.
