(13 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar de que el Congreso de la Unión está a escasas horas de formalizar el inicio del periodo extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar temas como el desafuero de Lucero Sánchez –diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Sinaloa- acusada de tener nexos con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo; el llamado “mando mixto”, además de la regulación y uso de la marihuana, aún no hay dictámenes o siquiera acuerdos en temas como la expedición de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la federación, que forma parte del paquete de medidas anticorrupción.
Hace unos días, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en San Lázaro, Luis Maldonado Venegas, declaró que el contenido del proyecto para la citada ley –elaborado en una mesa de trabajo conformada a solicitud de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y aprobada por el pleno de los diputados el último día de sesión realizada en abril pasado- contaba con 90% de consenso, el miércoles que fue presentada, varios partidos políticos hicieron pública su desaprobación.
De acuerdo al diputado perredista, el grupo de trabajo había tomado como base cuatro propuestas en el tema, hechas previamente por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN), del de la Revolución Democrática (PRD) y de Morena; sin embargo, subrayó que el texto no es vinculatorio por lo que será la Comisión de Transparencia y Anticorrupción quien modifique o mejore el texto.
El director jurídico de la ASF, Víctor Manuel Andrade, subrayó la importancia de que se inicie el análisis con un documento único y que desde la perspectiva de la dependencia, el texto –en términos generales- aborda los temas objeto de la reforma constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción.
Pidió que durante el proceso de dictaminación, se priorice el fortalecimiento de la Auditoría, pero al mismo tiempo, que se preserve la autonomía técnica y de gestión, así como que se garantice que la nueva ley esté alineada con las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, como de las leyes de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, el diputado panista Luis Marrón Agustín, dijo que en la integración de la propuesta final del texto, en lugar de sumar las propuestas de su partido se retiraron, por lo que advirtió que Acción Nacional no acompañará el documento por carecer de consensos a pesar de que se empeñan en presentarlo de esa forma.
Marrón agregó que se borró todo un capítulo que hacía referencia a las facultades de investigación de la ASF, en materia de presumibles actos de corrupción.
En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa, subrayó que hay temas pendientes como la fiscalización de los recursos municipales por la ASF, así como garantizar la autonomía de la dependencia.
Fiscalización de deudas, entre las limitaciones
El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, negó que la propuesta del grupo de trabajo haya alcanzado un alto porcentaje de consenso y denunció que gran parte de las propuestas de su grupo parlamentario ni siquiera fueron consideradas.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el legislador explicó que, de acuerdo a la propuesta, las deudas de las entidades federativas no podrán ser auditadas por la ASF, además de que la mayor parte de las auditorías locales están capturadas por los gobernadores.
Llerenas subrayó que se debe garantizar que la ASF pueda fiscalizar la deuda de los estados, que sea capaz de establecer y mandatar a las auditorías locales cómo hacer la auditoría de las participaciones en las entidades para mejorar su desempeño, que los recursos que reciben instituciones como el Infonavit también sean auditados, que pueda darse seguimiento a los recursos asignados a las Asociaciones Público Privadas (APP), concesiones y otro tipo de mecanismos.
Además, puntualizó la necesidad de modificar el proceso de elección del titular de la Auditoría para que sea claro, transparente y en él participen expertos que puedan verter opiniones sobre los candidatos.
El legislador criticó la falta de voluntad política para combatir realmente la corrupción pues aunque ya hay instrumentos jurídicos para hacerlo, no se avanza y se mantiene la expectativa de ver qué pasa con las leyes anticorrupción para ver un cambio.
El texto fue enviado a la Jucopo para que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le dé el trámite correspondiente, ya que será la Comisión de Transparencia y Anticorrupción –encabezada por el diputado de Morena Rogerio Castro Vázquez- quien dictamine la propuesta. Maldonado adelantó que de no haber consenso en la comisión, será en el pleno donde se resuelvan las reservas o modificaciones propuestas.
Se tiene previsto que durante el periodo extraordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados se expida la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se reformen diversas disposiciones como: el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
En el Senado de la República se prevé la aprobación de proyectos relacionados al tema de combate a la corrupción como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el mando mixto, así como la regulación y uso de la marihuana.
También la llamada “miscelánea penal” que incluye reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Instituciones de Crédito.
