(14 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Por mayoría, la Cámara de Diputados -envestida como Jurado de Procedencia- avaló que se proceda penalmente en contra de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Sinaloa, Lucero Sánchez López, por considerarla probable responsable del delito de “uso de documento público falso”, luego de que utilizara una credencial a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, para ingresar al penal de máxima seguridad del Altiplano a visitar a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
Con 414 votos a favor, 37 abstenciones y cero votos en contra, el pleno de San Lázaro aprobó el dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/LXIII/01/2016, a solicitud del Ministerio Publico de la Federación, a través de agentes adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidente de la Sección Instructora, afirmó que “existen diversos medios de convicción que ponen de manifiesto la existencia del delito de uso de documento falso y la probable responsabilidad de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, en su comisión”.
En su intervención, el diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, advirtió que la “narcopolítica” es un problema mucho más grave de lo que la sociedad mexicana reconoce y consideró que es la mayor amenaza a la incipiente democracia y a las instituciones mexicanas, pues denunció que el crimen organizado están infiltrado en los más altos niveles del Estado mexicano.
Aunque el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Macedonio Salomón Tamez Guajardo, informó que su grupo parlamentario votaría a favor del dictamen, sostuvo que este era “un acto más de las muchas simulaciones que agobian a esta República” y afirmó que es hora de eliminar el fuero constitucional, pues consideró que es una ofensa al pueblo de México que subsista.
El legislador solicitó al Ministerio Público Federal realizar una averiguación previa amplia que incluya información sobre quién propuso a Sánchez López como candidata al Congreso de Sinaloa, por qué motivos y qué nexos con la delincuencia organizada podría haber.
En tanto, el diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, criticó que se pretenda distraer a la opinión pública con un juicio de desafuero por un delito menor como la falsificación de documentos, cuando hay otro tipo de asuntos que son realmente trascendentes para la vida política y jurídica del país.
Basurto recordó que existen más de 350 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios que ostentan cargos públicos como diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado que permanecen “empolvados, archivados y durmiendo en sus laureles” relacionados con afectaciones al patrimonio de la nación y no por un delito menor.
“Por Dios, compañeros, hagamos las cosas bien y hagámoslas en serio si queremos combatir la impunidad y la corrupción. No simulemos con estos procedimientos, entrémosle a combatir en serio la corrupción”, dijo el legislador de Morena.
La Cámara de Diputados remitió la declaración de procedencia al Congreso de Sinaloa para que sea este el que le retire formalmente el fuero a la legisladora panista.
En los últimos 15 años, además del procedimiento actual, los diputados federales han aprobado otros dos procesos de desafuero: en abril de 2005 en contra del excandidato presidencial y hoy presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador que a todas luces fue utilizado con fines políticos, y el del exdiputado perredista, Julio César Godoy Toscano, en diciembre de 2010, acusado de tener nexos con el crimen organizado.
Acusación y defensa
El agente del Ministerio Público de la Federación, Arturo Ruiz Toribio, afirmó que la investigación –contenida en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/089/2015- comenzó luego de que el entonces director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 del Altiplano, denunciara que el cuatro de septiembre de 2014, ingresó al penal una mujer que se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez, con credencial para votar número 51826349, para estar presente en una audiencia judicial con El Chapo Guzmán.
Sin embargo, un parte informativo de la Policía Federal obtenido a través de la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas vinculó -en la averiguación previa 189/2014- a la diputada con las visitas al narcotraficante y con el inmueble en Culiacán en el que debajo de una tina de baño se construyó un túnel que conectaba al drenaje pluvial, mismo que fue utilizado por Guzmán una de las tantas veces que eludió a los cuerpos de seguridad.
La conexión se hizo luego de que en un vehículo Jetta estacionado en la cochera del lugar se localizó la licencia de conducir de Lucero Sánchez López, expedida por el gobierno de Sinaloa.
Luego de varios peritajes, se concluyó que quien se había identificado en el penal como Devany Vianey Villatoro Pérez, no era otra que la diputada panista; además, el Instituto Nacional Electoral informó que existe el registro de la expedición de la credencial e incluso el número de folio, pero que corresponden a otra persona.
En tanto, el abogado defensor de Sánchez López, Rubén Antonio Tamayo Viveros, afirmó que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene fundamento suficiente pues ni siquiera tienen en su poder la credencial falta que supuestamente utilizó la panista la ingresar al penal y denunció que la detención de la diputada, ocurrida el pasado 20 de enero, fue arbitraria y que no se le permitió ratificar su declaración presentada por escrito.
Además, negó que la PGR tenga videos de la presencia de López en el penal y afirmó que los peritajes de la dependencia no son concluyentes pues únicamente hablan de “semejanza”, con lo que también coincidió el perito ofrecido por la defensa, pero que con los que “no pueden realizar una identificación plena”.
El abogado sostuvo que días antes del cateo al inmueble de Sinaloa, Sánchez López denunció el robo del vehículo y de ahí la presencia de la licencia en el lugar, por lo que afirmó que “las pruebas de las que habló la procuraduría se están cayendo porque no hay elementos suficientes” y afirmó que aunque a la legisladora se le trató de relacionar con la delincuencia organizada, las autoridades no pudieron comprobar ningún manejo ilícito en sus bienes o recursos.
