El priista Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, obtuvo un amparo el miércoles pasado, a poco más de dos semanas de tener programada una cita ante un Juez de Control, como parte de la investigación que la Subprocuraduría Anticorrupción realiza en su contra.
Medina es investigado por presuntos actos de corrupción en la compra de terrenos y acondicionamiento para la instalación de una planta automotriz en el municipio de Pesquería.
La empresa Inmobiliaria Galord, dirigida por los compadres de Medina, adquirió un terreno en Pesquería en 55.3 millones de pesos, y después de 15 meses lo vendió al ex gobernador en 186.4 millones, el triple de su inversión, el cual después se dio como “incentivos” a la armadora coreana Kia Motors.
Rodrigo Medina impugnó dos cosas, las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional por delitos como tortura, azotes, exilio, destierro, incomunicación y desaparición; así como tres artículos del Código Procesal Penal del Estado que se encargan de regular, antes de una imputación penal, el embargo de bienes.
El juez de distrito concedió la suspensión, la cual según fuentes de Reforma, no impactan el proceso de investigación contra el ex gobernador priista, quien sí se presentará a la audiencia el próximo 29 de julio donde se le imputarán responsabilidades.
