En Morelos a puerta cerrada y protegidos por policías, 24 de los 30 legisladores locales aprobaron las reformas de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGEM), donde se autoriza que la banca privada administre los recursos de 25 mil empleados; asimismo se otorgó el control del organismo al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, ya que aumentaron el número de espacios en el consejo consultivo y redujeron de cinco a tres los lugares para sindicatos.
Al creador de la iniciativa privatizadora, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, le hicieron llegar un oficio donde expresan el desacuerdo sobre que una banca comercial administre los recursos de los trabajadores y declararon que la reforma fue avalada por diputados corruptos y traidores a los trabajadores.
Ana Lilia Ocampo Castrejón, líder de jubilados y pensionados, así como Jesús Román Salgado, dirigente sindical del Congreso, fueron quienes se encargaron de entregar el oficio a Jaime Álvarez, y quienes denunciaron para La Jornada, que no se permitió la entrada de reporteros en la sesión de discusión de la iniciativa de reforma y que el Congreso local no emitió comunicados sobre lo aprobado, por lo que el proceso se realizó en la clandestinidad.
Esta reforma aprobada también aumenta la cuota de aportaciones al instituto en un 4 a 6 por ciento, fondo que será controlado por Graco Ramírez.
Sólo hubo cinco votos en contra por parte de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Humanista, quienes aseguraron que lucharán para revertir la reforma aprobada.
Por su parte los líderes sindicales como Román Salgado, Ocampo Castrejón y Leticia Castro, así como Argelia Corona y Otilia Reyes Soto declararon que interpondrán amparos y realizarán protestas.
