Las demandas contra la periodista Carmen Aristegui, la enfrentan a una sanción desproporcionada, misma que mandará un mensaje desalentador a otros periodistas que investigan temas similares, anunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Quiero manifestar una preocupación por la demanda vinculada a este episodio que viene investigando la periodista, por el efecto amedrentador que tiene en la periodista, y porque además esté acompañado por un pedido de censura y supresión de contenido”, dijo en entrevista, Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El día de ayer, el presidente de MVS Comunicaciones, el empresario Joaquín Vargas, interpuso una demanda contra la periodista Carmen Aristegui y la editorial Penguin Random House Mondadori por el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, La Historia que Cimbró al Gobierno por presunto “daño moral”.
El empresario exige una indemnización millonaria y que el texto no sea aludido en ninguna entrevista así como que los ejemplares aún no vendidos, se retiren de las tiendas.
“Preocupa que se solicite que se suprima un capítulo del libro. Es algo bastante inédito porque cualquier orden de censura o de suprimir contenido está prohibida por la Convención (Americana sobre Derechos Humanos)”, recalcó el relator, quien ademásadvirtió que faltan mecanismos para proteger a la periodista.
Asimismo, sostuvo que la investigación “aportó información de altísima relevancia, al punto que el Presidente pidió disculpas por esta situación, y la persona que investigó ha perdido un espacio importante en el periodismo y ha sufrido varias demandas”.
Por ello, dijo, “el Poder Judicial tiene una obligación de proteger las libertades y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. El Poder Judicial, cuando en un conflicto entre particulares, tiene que dirimir, pero también tener en cuenta la perspectiva de la libertad de expresión”.
