Existen razones suficientes para dar crédito absoluto al registro de aprobación gubernamental aplicado a la gestión de Enrique Peña Nieto. Escasamente dos de cada 10 mexicanos aprueban lo hecho si se toma en consideración el número de ciudadanos asistentes a las urnas en donde se fabricó su triunfo, no al total de los empadronados, cifra ante la cual el derrumbe es total y no alcanza un dígito. Una exhibición no registrada aparece en la imparable violencia e inseguridad a lo largo y ancho del país, el crecimiento sostenido de la pobreza y la indigencia, así como una economía empantanada, sin avances y con la depreciación sistemática del salario de los trabajadores, y los escándalos en torno a la familia.
A lo anterior se suma el fracaso de las reformas, el incumplimiento de promesas en las cuales se apoyaron quienes consideraron, en su momento, saludable el regreso del tricolor a la presidencia llevando como abanderado a un hombre joven y con la experiencia obtenida al gobernar una entidad tan compleja y completa en todos los órdenes como lo es el Estado de México. Ni las gasolinas son más baratas, ni las tarifas eléctricas hacen la alegría de los hogares y menos aún encontraron solución los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o los de Mexicana de Aviación. A estos desempleados se han unido millones más tanto de la iniciativa privada como del sector público.
La aprobación a su administración cayó siete puntos porcentuales el último cuatrimestre, y alcanza solamente 23 por ciento. La tasa de rechazo a su gestión llega al 74 por ciento y es la más alta registrada desde 1995, años de declive tanto para el PRI como para Ernesto Zedillo Ponce de León, creador también de una severa crisis económica, misma vista pálidamente comparada con la actual. Los comparativos presentados en el sondeo de un diario capitalino, son reveladores de una verdad capaz de borrar cualquier sonrisa en un mandatario con un pequeño, minúsculo sentido de responsabilidad y de conocimiento del significado de manejar, de conducir a una nación y a sus pobladores. Se dan apariencias para concluir se pretende de nuevo dejar libre el camino para la llegada del panismo, de otra derecha en la cual se advierte las injerencia de los Estados Unidos.
El incremento de la desaprobación del temporal inquilino de Los Pinos se registró en todos los rubros de su gestión, particularmente educación y seguridad, y lo posicionó como el mandatario peor evaluado de los últimos tres sexenios. El 60 por ciento de la población percibe un deterioro en la seguridad pública y la economía del país. Cerca del 70 por ciento considera que la pobreza y la violencia han aumentado en el último año. La proporción de consultados que opina que la corrupción en el gobierno federal ha aumentado en el último año pasó de 40 a 55 por ciento. En general, 7 de cada 10 mexicanos considera que el país va por mal camino. La encuesta publicada por el diario Reforma se aplicó entre el 4 y el 7 de agosto de este año y tiene un margen de error de 3.3 puntos porcentuales.
Peña Nieto, quien alguna vez fue considerado como un reformador, es ahora un líder impopular cuyos esfuerzos para reposicionar su imagen y la de su gobierno han fracasado ante la ineficacia de sus políticas. Tras un comienzo trepidante, el cual implicó cambios constitucionales después de asumir el poder a finales de 2012, su índice de aprobación se ha derrumbado. La implementación de sus reformas ha derivado en un sonado fracaso, particularmente la reforma energética, la cual se aprobó con la promesa de fortalecer al sector y bajar las tarifas de gasolinas, electricidad y gas. La realidad es el incremento general de los energéticos con el consecuente “mal humor” de la población.
El mexiquense maniobró contra la historia del país y su principal fortaleza económica y abrió a la inversión extranjera, por primera vez en casi un siglo, la industria petrolera. También presionó cambios constitucionales en afectación a la industria de las telecomunicaciones y al sistema educativo. Desde entonces los problemas para la hacienda pública se han multiplicado al desplomarse los precios del petróleo a nivel mundial, por lo que los inversionistas se han mantenido lejos de los campos de petróleo de México, y las familias mexicanas en general resienten los recortes presupuestales.
También la reforma educativa provocó una cadena de protestas encabezadas por el magisterio disidente aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual ha logrado doblar al gobierno federal y se encamina a abrogar dicha reforma y reconstruir un modelo educativo ignorado en la propuesta presidencial que hizo hincapié en los aspectos labores de los maestros y en el control político de los mismos. Dirigentes de la CNTE han sostenido reuniones con legisladores federales de oposición a fin de avanzar en la ruta legislativa para buscar la abrogación de la reforma educativa. El magisterio disidente busca que senadores y diputados federales de oposición den cauce institucional a sus planteamientos, a fin de constituir una iniciativa para la aprobación del Congreso de la Unión.
La reforma fiscal sólo sirvió para aumentar los impuestos y afectar negativamente a las empresas y a la economía en general. En los últimos meses la economía arrastra un crecimiento mediocre de apenas 2 por ciento de incremento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, una tasa por debajo de la mitad de lo que había prometido el mexiquense durante su campaña. La deuda pública se disparó y los riesgos a enfrentar tienen nerviosos a empresarios e inversionistas, a los que la Secretaría de Hacienda y Crédito público pide “calma”. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público –medida más amplia de la deuda pública- puede dispararse hasta 50.7 por ciento del PIB al cierre del año, advirtió hace unas horas la agencia de calificación crediticia HR Ratings.
El declive de la administración peñanetista se puede apreciar desde la desaparición y probable ejecución de un grupo de 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, la cual generó meses de protestas y manifestación; la fuga de una prisión de alta seguridad del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la cual no ha sido suficientemente investigada; y el escándalo de su familia por la compra de una casa a un contratista del gobierno, ahora en total impunidad. Son hechos que causaron indignación y preocupación en la sociedad mexicana. Propiedades ubicadas en los estratos sociales más altos van siendo descubiertas conforme avanza el sexenio y en ellas se percibe claramente el conflicto de intereses, situación registrada no solo en referencia al titular del Ejecutivo y los suyos sino en miembros de su gabinete.
La “guerra contra las drogas” del ex presidente Felipe Calderón no se modificó con Enrique Peña Nieto. Se hizo uso de las fuerzas armadas y la Policía Federal para intentar descabezar a los cárteles, ejerciendo así una doble función: para lo mediático se producen ataques, en lo interno se fortalecen complicidades. Todo ello ha sido detonante para la violencia en diversas entidades del país como Guerrero y Michoacán. Los índices de homicidios dolosos se dispararon y los cadáveres se apilan en fosas comunes y clandestinas. No se investigan y no se les da seguimiento. Hay una ausencia casi total del Estado de Derecho y las persistentes violaciones a derechos humanos preocupan no solamente en México sino en el extranjero. Congresistas de Estados Unidos manifestaron el miércoles su preocupación por las desapariciones (más de 27 mil) y la lentitud de las reformas judiciales.
Los cárteles de la droga si bien han sido momentáneamente descabezados, sus estructuras se mantienen y lucha por la predominancia y el control de las plazas. Se han desarrollado nuevos cárteles, como el de Jalisco, y los principales experimentan una evolución para su fortalecimiento. El área financiera se mantiene intacta y es la base de su resurgimiento y ampliación, ante la ineficacia del gobierno para desarticularlos. A ello se agrega la sumisión y aceptación del argumento de EU sobre el apoyo brindado al país para su lucha contra el narco, lo cual es una fantasía al percibirse un aumento en la venta de mariguana, cocaína e incluso heroína en ese país en donde por carretadas se lava el dinero del narcomenudeo.
Más de siete de cada diez mexicanos de los encuestados –a manera de muestra para aplicarse a la totalidad- considera que el país va en la dirección equivocada con el gobierno de Peña Nieto. El mediocre crecimiento económico de los últimos tres años es el principal factor de la caída de la aprobación del presidente de la República. El otro es la seguridad, la cual no ha registrado mejoras en los últimos meses en los cuales ha empeorado. Cabe recordar, frente a este panorama, la respuesta a la interrogante planteada a Steve Jobs a su regreso a Apple: ¿cómo encuentra la empresa? –“Es un barco lleno de hoyos y el capitán anda buscando la ruta”. Andamos en esas y lo peor es la ausencia de brújula.
ASF DENUNCIA A 14 GOBIERNOS
Por simular devolver dinero del presupuesto federal, luego de que se les hicieron observaciones en el manejo de los recursos económicos asignados, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció públicamente a 14 gobiernos estatales. El monto de simulación de reintegros reportado en esas entidades fue de 8,025.6 millones de pesos en el ejercicio 2014. Veracruz, a cargo de Javier Duarte, fue la entidad con mayores simulaciones, con una cifra de 4,770.2 millones de peos, es decir, 59.4% del total. Le siguió Michoacán, con 1,268.3 millones; Guerrero, con 967.7 millones de pesos; Chiapas con 253.1 millones; Tabasco con 136.1 millones; y Sinaloa con 135.6 millones de pesos.
Lo informado es apenas un indicador de la gravedad que presenta la deficiente gestión de los fondos y programas por parte de las entidades federativas y municipios. De hecho, las auditorías realizadas indican que los 32 gobiernos estatales del país tienen observaciones en el manejo de los recursos federales; el impacto económico total de la deficiente gestión asciende a 221,182.5 millones de pesos entre el 2011 y el 2014. De ese monto, 99,774.2 millones de pesos corresponden a las observaciones con impacto económico pendientes de resolver entre el 2011 y el 2013; 75,521.4 millones de pesos es el monto a resolver en el 2014; 37,861.3 millones de pesos es el importe de procedimientos resarcitorios, y 8,025.6 millones de pesos es el monto denunciado bajo el rubro: simulaciones de reintegros.
Habrá que estar muy pendientes del curso de estos señalamientos hasta ahora no presentados formalmente ante ningún Ministerio Público. De llegar hasta esas autoridades sucedería lo del tan sonado chiste: si los juzgan no habrá quien cierre las puertas de los penales.
