(19 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante la reunión que elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional sostuvieron con legisladores que integran la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Nochixtlán, una oficial de la primera dependencia afirmó haber visto que elementos de la Policía Estatal de Oaxaca que acudieron al operativo sí estaban armados –a pesar de que la versión oficial se ha empeñado en repetir una y otra vez que no- y “José”, un uniformado de la Policía Federal, reconoció haber disparado un arma calibre 9 milímetros durante el operativo.
“José” informó que la Gendarmería llegó alrededor de las 11:40 horas a Asunción Nochixtlán, con la orden de apoyar a los elementos de la División de Fuerzas Federales, Policía Estatal, Policía Ministerial del estado de Oaxaca y “personal civil” que participaba en un operativo para liberar la carretera, porque la población ya los había superado en número. A pregunta expresa del senador Fidel Demédicis, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el uniformado reconoció haber portado y activado un arma corta.
En tanto, “Luisa”, elemento de la Policía Federal, declaró que a las 5:00 de la mañana de ese domingo, les ordenaron salir a la caseta a desalojar a los manifestantes y que cuando llegaron a las inmediaciones de Asunción Nochixtlán, ya había llantas quemadas. Afirmó que aunque no vieron a civiles con armas, ni han consignación de ningún detenido por este delito, escucharon detonaciones.
Agregó que los policías estatales sí iban armados -lo que le pareció raro, pues en ningún otro operativo que habían realizado de manera conjunta habían portado armas- y que fueron estos quienes avanzaron al interior de la población, mientras los federales intentaron arribar a la caseta, sin tener éxito y dijo haberlos visto replegando “la agresión con sus armas”; además, declaró que los policías de Oaxaca reclamaron a los federales grabar cómo se desarrollaba el operativo y les exigieron que guardaran sus teléfonos celulares.
Cuando fueron cuestionados sobre quién les dio la orden de retirarse, “Luisa” informó que nadie, pero tomaron la decisión de hacerlo, porque ya no tenían gas lacrimógeno para continuar con el avance; además, hubo el reconocimiento de que a las 8:00 de la mañana, ya habían liberado la carretera.
Ambos uniformados declararon haber sido retenidos por más de dos días al interior de la comunidad, específicamente en la iglesia del pueblo -donde recibieron atención médica y pudieron hablar con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- y posteriormente, haber sido “intercambiados”, junto con otro de sus compañeros, por 22 civiles que habían sido detenidos por los uniformados. Durante el tiempo que permanecieron en el municipio, “Luisa” recuerda haber escuchado arengas de “líderes de la Sección 22”, pero no identificó a ninguno.
Aunque a la reunión acudieron nueve uniformados de la División de Fuerzas Federales y a la División de Gendarmería que resultaron lesionados en el operativo, sólo tres de ellos ofrecieron sus testimonios.
Otro policía federal identificado como “Juan”, de Fuerzas Federales que participó en el desalojo de la caseta de Huitzo, recordó que alrededor de las 8:00 de la mañana les dieron órdenes para salir a “recuperar unos espacios en la carretera federal Oaxaca-México”, donde permaneció alrededor de cuatro horas.
Al regresar a la ciudad de Oaxaca, a la altura de Hacienda Blanca, el grupo con el que se desplazaba “Juan”, fue detenido por encapuchados que portaban palos y machetes, quienes lo golpearon, lo agredieron con un machete provocándole la pérdida de un dedo.
Dijo haber sido retenido durante varias horas, pero luego auxiliado por la misma población que lo retiró del lugar y lo llevó a recibir atención médica. Primero estuvo en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Oaxaca y posteriormente fue trasladado al Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México.
Discrecionalidad y “adiestrados”
Durante su participación, Fidel Demédicis, dijo a los uniformados: “los que hemos tenido que enfrentarlos a ustedes, siempre rogamos que no nos ataquen, que somos pueblo; pero bueno, entiendo que reciben instrucciones muy concretas de hacerlo”, por lo que cuestionó quién iba al mando del operativo y qué instrucciones, específicamente, les habían dado sus superiores.
Luego de que “José” reconoció que portaba un arma corta y que la accionó, David Javier Baeza Tello, director general de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, lo interrumpió e impidió que respondiera a más preguntas del senador, aunque se comprometió a hacerle llegar por escrito, la información solicitada.
“A mí lo que me preocupa, es la intimidación que se pudiera generar para construir una verdad oficial. Creo que sería lo peor que le pudiera pasar a nuestro país; que ustedes como compañeros, que los que llevaban arma y jalaron el gatillo, vayan a ser los chivos expiatorios, que por ser de los de hasta abajo les carguen la mano. No sólo queremos saber quién jaló el gatillo, queremos saber quién dio las instrucciones concretas y de qué tipo. Es muy importante que el pueblo lo sepa”, agregó el senador.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo, presidenta de dicho órgano legislativo, recordó a Demécidis que la comisión no es Ministerio Público, por lo que “no se vale intimidar a nadie ni poner en el banquillo a nadie”, luego de que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) protestaron por los cuestionamientos del senador perredista –en particular la diputada Mariana Benítez quien pidió “no revictimizar” a los uniformados- por lo que pidió que los cuestionamientos se realicen “con respeto y mucha sensibilidad”.
Consultado por Revolución TRESPUNTOCERO al término de la reunión, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Virgilio Caballero, declaró que la opinión de los policías respecto a la posibilidad de tener una visión de conjunto sobre lo que pasó en Nochixtlán es muy limitada, pues hablaron desde su condición de heridos y de retenidos por la población; además agregó que “definitivamente venían adiestrados”.
Criticó que la senadora panista y el funcionario federal, hayan impedido que el uniformado de la Policía Federal ofreciera más detalles sobre lo que vio durante el operativo, bajo el argumento de que era información privada y que a pregunta expresa, los uniformados negaran la participación de personal de seguridad vestidos de civil, como lo denunció el titular de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert.
El legislador agregó que la información presentada por las autoridades “es muy pobre y parcial” y apuntó que Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República en su encuentro con dicha comisión de seguimiento, “casi vino a leer boletines o documentos oficiales”.
A pesar de que en ocasiones pasadas, cuando la comisión se ha reunido con funcionarios federales para hablar sobre el mismo tema los encuentros se han realizado a puerta cerrada, curiosamente esta vez sí se permitió el acceso a los medios de comunicación, con la condición de que se tuviera cuidado de salvaguardar los rostros e identidades de los uniformados.
Al respecto, Caballero apuntó que “no es una coincidencia casual, sino algo deliberadamente definido; es una manera de poner como víctimas a los policías, parte de la construcción del discurso oficial”.
Durante la reunión, a pregunta expresa de Virgilio Caballero sobre de dónde salieron los heridos civiles, un policía de la federal únicamente respondió: “desconozco”
René Cervera García, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) e integrante de la citada comisión, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO que la reunión se dio en un tono de solidaridad con los uniformados que también fueron víctimas de una situación de violencia que se generó por el descontrol del operativo policiaco.
“Hoy se dio un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es el hecho de que la policía estatal sí iba armada, porque de acuerdo con lo que tenemos como referencia, incluso el testimonio de un notario que dice que no iban armados, hoy se menciona que sí, pero entonces tenemos que ver quién iba armado, si eran los integrantes del destacamento, o quienes se mantienen cuidando los vehículos de transporte donde va la tropa”, apuntó el legislador.
También mencionó que nunca se había hablado ni informado del supuesto intercambio de personas retenidas, tema que deben analizar con suma precaución, para determinar qué autoridades instrumentaron dicho acuerdo.
Cervera consideró que entre los uniformados que fueron víctimas de alguna agresión, está pendiente que se les dé atención y seguimiento a su recuperación psicológica, pues “una situación de esta naturaleza, obviamente tiene impacto sobre la psique de los policías y también sobre las de sus familias, pues están sometidos a una situación de violencia que debe ser manejada en esos términos”.
Además criticó las condiciones en que los uniformados fueron llevados al operativo –sin alimento y sin beber ningún líquido durante varias horas- “son condiciones que no tiene una explicación lógica, hay que entender por qué y prevenir para el futuro”, por lo que propondrán que se analicen los protocolos de actuación de los uniformados para atender este tema.
Mariana Gómez del Campo informó que la comisión evaluará las actuaciones de los mandos de ambas dependencias, pero también las de las comisiones de derechos humanos -tanto la de Oaxaca, como la dependencia a nivel nacional- previo a la entrega del informe del órgano legislativo, que será el próximo 31 de agosto.
