Luego de descubrir falsificaciones en el Catastro de Veracruz, la PGR se dio a la tarea de investigar a funcionarios de la dependencia que falsearon información y buscaron borrar rastros de propiedades y empresas ligadas a la red de presuntos prestanombres del Gobernador Javier Duarte. Quien ahora está siendo investigado por el desvío de recursos públicos.
Dentro de los funcionarios investigados se encuentra Domingo Yorio Saqui, Director de Catastro del Gobierno estatal, por presuntamente haber falseado información requerida por el Ministerio Público Federal.
También está abierta una indagatoria contra el mismo funcionario radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y se suma a las pesquisas que en la PGR integran en contra del Mandatario veracruzano, según información de fuentes federales.
Que también indican que Yorio Saqui le mintió a la PGR al informar que no contaba con registro de propiedades de varios servidores públicos estatales vinculados con la red tejida en torno al Mandatario para el desvío de recursos, cuando en realidad se demostró que sí existen datos al respecto.
El mes pasado, Reforma publicó que Yorio Saqui ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías, y de su concuño, José Armando Rodríguez, quienes han sido señalados en una denuncia penal como prestanombres del mandatario priista.
A su vez, el funcionario no aportó datos de la empresa Azura Sociedades Unidas, ni del apoderado, David Alejandro Osorio, también indagado.
En tanto, las presiones para borrar rastros hicieron que Rafael Valverde, director del Registro Civil de Veracruz, renunciara a su cargo el 15 de agosto, luego de que se le pidiera manipular actas de defunción de personas involucradas con empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos públicos.
A Valverde también le pidieron modificar nombres y regímenes de sociedad conyugal de socios de empresas.
Por el momento, el ex subsecretario de Finanzas de Duarte, Carlos Aguirre Morales, solicitó a la justicia federal congelar cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya el 24 de junio del año pasado había renunciado a su cargo, pero recientemente la Contraloría del Estado dio a conocer que había sido inhabilitado por 3 años para desempeñar cargos públicos por supuestas omisiones e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
