“El proyecto de Ley General contra la Tortura enviado por el Senado a la Cámara de Diputados establece una base mínima que no debería de sufrir modificaciones, salvo para incorporar estándares aún no previstos, y de ninguna manera realizar cambios que signifiquen un retroceso”, afirmaron hoy académicos y especialistas en el tema jurídico.
A su vez manifestaron su preocupación por las observaciones al proyecto de Ley publicadas por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM), por lo que instan al gobierno reformularlas.
Una importante se dio cuando PUDH-UNAM menciona: “es errónea la definición de tentativa. Si el sujeto ya inició la ejecución, ya no se trata de tentativa, sino que la tortura —por breve que sea— ya estará consumada”.
Los comentarios en contra son: “No compartimos la observación planteada. Lo anterior se debe a que se confunden los elementos integradores de la figura de la tentativa con el delito consumado”.
PUDH-UNAM, piden al Senado que se modifique la fracción III del artículo 24 del proyecto a fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y evitar a toda costa interpretaciones que avalen tratamientos forzosos o experimentos científicos.
También, eliminar del artículo 50 del proyecto las excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, así como modificar los artículos 51 y 52 del proyecto a fin de homologar su contenido al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las obligaciones internacionales de México.
“El proyecto de Ley General contra la Tortura enviado por el Senado a la Cámara de Diputados es resultado de un largo e intenso proceso de trabajo que se ha enriquecido con la participación de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil. Este proceso lo hemos seguido con atención durante varios meses e incluso el Sistema Universitario Jesuita ha participado a través del envío de observaciones”, mencionan.
