“El Código de Justicia Militar debe dejar expresamente claro que cualquier violación a derechos humanos cometida por un elemento castrense sea investigado en el fuero civil”, señaló Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
De proceder con ello, “se podrá acatar una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia de 2010 por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera”.
Será es viernes, cuando se realice a puerta cerrada, una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia, en la que la CoIDH conocerá la postura del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, entre ellos Erin Brewer.
A su vez, Brewer dijo que, es el caso Tlatlaya, en el que si bien los militares involucrados fueron indagados en el fuero civil, la Justicia Militar también realizó sus investigaciones, lo que podría afectar en las diligencias, por lo que es importante acatar la sentencia que ha ordenado la Corte.
Una medida más que el Centro Prodh señala como un pendiente más, es el fortalecimiento del registro de personas detenidas. Ya que, comenta, “actualmente el registro ocurre hasta la consignación, siendo que la mayoría de las veces se tortura entre la detención y la consignación”.
Además Brewer comenta que no existe ningún militar sancionado por la tortura de los campesinos ecologistas, a pesar de que están identificados con nombre y apellido. El caso se trata de defensores ambientales de Guerrero, quienes fueron detenidos arbitrariamente en 1999 y torturados por militares, para después ser encarcelados por delitos que les fueron fabricados.
