Este lunes las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, quedaron sin validez alguna, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, las anulara, esto luego que partidos políticos de oposición y organizaciones sociales las cuestionaran, al considerar que dichas normas, serían usadas por los gobernadores César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, para “blindarse ante posibles denuncias en su contra por corrupción al término de sus mandatos”.
Fueron seis los ministros que determinaron que los congresos locales no tienen facultad para emitir ese tipo de leyes, “mientras no entraran en vigor las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Cuatro ministros votaron en el sentido que la expedición adelantada de las normas impugnadas era ilegítima, porque los congresos locales debieron esperar a que el Poder Legislativo federal aprobara las leyes generales correspondientes para, entonces sí, cumplir con el mandato constitucional de implementar un Sistema Nacional Anticorrupción en el que actuaran de manera coordinadas la Federación y las entidades.
sin embargo, los ministros no emitieron ningún fallo sobre los “efectos” de sus sentencias, además las acciones de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) fueron entregadas por separado, pero discutidas en un solo paquete, bajo el argumento que “no podían invalidar retroactivamente nombramientos de fiscales o la constitución de las fiscalías especializadas”.
Aunque sí se dio a conocer que dichas sentencias entrarán en vigor, inmediatamente después que los congresos de Chihuahua y Veracruz sean notificados de la decisión, es así como los nombramientos y actos que hubiera realizado cualquier autoridad al amparo de las normas ahora declaradas inconstitucionales, no tendrán validez alguna.
En tanto, la legislación de Veracruz contemplaba la creación de una fiscalía especial anticorrupción y la designación de un fiscal, así como un contralor general que entrarían en funciones a partir del próximo gobierno local.
Quienes ocuparían los cargos serían aprobados por el Congreso por cinco y seis años, respectivamente, lo que, a juicio de los opositores a la norma, le aseguraba impunidad al gobernador Duarte de Ochoa.
Cabe mencionar que la legislación invalidada preveía la constitución de una sala especializada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Veracruz, cuyos miembros serían elegidos a propuesta del gobernador Duarte de Ochoa, lo cual fue considerado por la oposición de intromisión del Ejecutivo local en las funciones del Poder Judicial.
Fue una hora con 50 minutos lo que tardó el proceso para invalidar ambas leyes de dichas entidades, así resolvieron “de manera prioritaria” –a petición expresa del Senado– las dos primeras acciones de inconstitucionalidad que presentó la PGR a instancia del Ejecutivo federal.
Sin embargo, ha quedado pendiente una acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR contra la aprobación de las leyes anticorrupción en el Congreso de Quintana Roo, promovidas por el gobernador de la entidad, Roberto Borge.
