En Nuevo León, en 2010 la pareja conformada por Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, murieron en medio de un tiroteo entre elementos del ejército y supuestos delincuentes, los familiares de ambos exigieron una indemnización a la Sedena, misma que este fin de semana rechazó otorgar la Secretaría.
La cantidad pedida fue de 90.2 millones de pesos por el daño moral ocasionado tras haber asegurado que las víctimas eran miembros de la delincuencia organizada. La respuesta de los militares llegó tres meses después de dar respuesta a esa solicitud, plazo que venció el 31 de agosto. Días antes, el 28 de agosto, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, dijo a los abogados de la familia que no era posible llegar “a un convenio o conciliación respecto al reclamo de indemnización”.
Los hechos violentos donde falleció la pareja, ambos de 29 años, sucedieron cuando salían a comer de su trabajo en la maquiladora Delphi el 3 de marzo del 2010. Luego de quedar en medio del fuego cruzado, recibieron el tiro de gracia a manos de un soldado.
“Me eché a dos”, expresó el militar Juan Ortiz Bermúdez, en su declaración ministerial. En ese momento, la Séptima Zona Militar estaba bajo el mando del Comandante Cuauhtémoc Antúnez, actual Secretario de Seguridad estatal.
Poco después a las víctimas les sembraron armas e inventaron que ella era una narcotraficante apodada “La Gata” y su esposo fue convertido en sicario. Por lo que la defensa de la familia se dio cita el pasado 31 de mayo a la Oficialía de Partes de la Sedena para solicitar que su titular, Salvador Cienfuegos, “instruyera a otorgar la indemnización por daño moral a los padres, hermanos e hijos de la pareja asesinada”.
Se argumentó que al ligar a sus familiares con la delincuencia organizada provocó en las víctimas y sus seres queridos “un daño terrible al honor y decoro”, de acuerdo con la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la primera presentada ante la Sedena, desde que se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en el 2005.
Los abogados defensores de la familia, promovieron un juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta de la Sedena ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Dicha demanda fue presentada el 1 de septiembre, ante la frustración de la familia de la pareja asesinada por militares. Sin embargo, la Unidad Jurídica de Sedena indicó de manera extraoficial que “como institución les favorece más que un órgano jurisdiccional sea el que determine la validez de sus actos”.
