Antes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita un reporte final acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se dará a conocer un breve documento donde se informe sobre el eventual cumplimiento de las observaciones emitidas por este organismo hacia el gobierno federal y al del estado de Guerrero.
Previo al informe final, se realizará una evaluación del quehacer gubernamental para esclarecer el paradero de los jóvenes levantados por policías municipales.
“Haremos un corte de caja respecto de la atención que le han dado a las propuestas (de la CNDH)’’, indicó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Además solicitó que se realice un análisis integral de la situación más allá de cuestiones específicas, “tanto de los peritajes incorporados en la indagatoria como las pruebas testimoniales.
La Procuraduría General de la Republica (PGR) tiene que hacer igualmente análisis de conjunto”, mencionó el ombudsman en entrevista realizada en la Secretaría de Gobernación.
Por otra parte, González Pérez pidió que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 los legisladores privilegien los derechos sociales y económicos de la población, no sólo los civiles y políticos, en especial los dirigidos a los grupos vulnerables”.
