Por: José Luis Ramos Colín
(21 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).-Académicos e integrantes de la maestría en Promoción y Defensa en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), advirtieron sobre los peligros que conlleva la suspensión de garantías y el estado de excepción, incluidos en la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, además, hicieron un llamado a hacer conciencia y difundir las posibles consecuencias, en caso de que llegue a entrar en vigor.
El estado de excepción es una herramienta que se contempla en la constitución de un país para situaciones de emergencia, es decir, si un presidente considera un riesgo extraordinario para la población, como una perturbación grave del orden, o una invasión, puede declarar el estado de excepción en el que suspenden las garantías individuales.
Dichas reformas a la ley han sido promovidas principalmente por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN desde 2011. Sin embargo, fue hasta el 9 de diciembre de 2015 cuando el Senado de la República aprobó dicha ley reglamentaria, de ahí pasó a la Cámara de Diputados para que fuera revisada, actualmente el dictamen aún se encuentra en estatus de “suspensivo”.
El licenciado en derecho Luis Zamora comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que “no necesariamente el estado de excepción es un pretexto para aprobar diferentes leyes”, sin embargo, añadió que la situación es grave, “pero no solo es grave, es inconstitucional”, aseveró que el poder legislativo es el encargado de aprobar las leyes, no obstante, refirió que lo que se busca bajo el estado de excepción, es dar al ejecutivo la facultad de crear leyes y aprobarlas ex profeso, sin pasar por un proceso de negociación ante las cámaras de diputados y senadores.
“Si eliminamos esta facultad de legislar y se la damos al ejecutivo, prácticamente puede auto aprobarse cualquier ley, imaginemos una protesta pública que afecte los intereses de una empresa, en este caso se aplicará el estado excepción y así suspender las garantías, para reprimir dicha protesta” expresó Zamora.
Por su parte, Oscar González César, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y además profesor e investigador de la UACM recalcó a Revolución TRESPUNTOCERO que este proceso de reformas para adecuar a la legislación mexicana busca adjudicar una mayor capacidad jurídica del Estado para ejercer la represión, además de las asignaciones de partidas presupuestarias mayores.
“Estos últimos gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari, el Capo mayor, como lo llaman, otros políticos de la Izquierda, han implementado, un aparato, una estructura jurídica y política, que facilite la contención y la represión, eventuales, de protestas y movimientos sociales”. Llamó esto una “vuelta al capitalismo salvaje, y a la súper concentración de las riquezas”. Situación que podría acrecentar la crisis de derechos humanos en México.
A su vez, la Licenciada Tania Amanda Arriaga, hizo énfasis en que no sólo se trata de las manifestaciones sociales en la ciudad, si no a la posible represión relacionada con las actividades extractivistas de la minería.
Luis Zamora puntualizó, que aún quedan vías legales para evitar que avance dicha iniciativa, “hay un margen entre uno y dos años, en las que se pueden argumentar fallas en los procesos en los reglamentos internos del congreso, pues se, dicha regulación se quiso aprobar de manera fast track, esto antes de que se apruebe, si se aprueba, se tendrían que promover mociones suspensivas, sin embargo, éstas requerirían de una sinergia social” sentenció.
Finalmente, a través de Revolución TRESPUNTOCERO hicieron un llamado a tomar conciencia de la importancia de la difusión de esta situación, ya que resulta muy delicado en el contexto actual del país, con casos de impunidad y violación de los derechos humanos como lo son Ayotzinapa y Nochixtlán.
