Por: Carlos Bauer
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En la historia de la televisión abierta se reconocen dos modelos de contenidos y gestión claramente diferenciados: el europeo y el estadounidense. México cuenta con un sistema que podría denominarse como mixto, aunque más cercano al estadounidense. En este esquema, la televisión pública –entendida como aquélla operada por el Estado con fines no lucrativos– ha tenido siempre una penetración muy baja en la audiencia y se ha visto sometida a las presiones del poder político. Ante la iniciativa de reforma a las Telecomunicaciones que será votada el miércoles 20 de marzo en la Cámara de Diputados, es pertinente preguntarnos qué futuro le espera la televisión pública en nuestro país.
En el modelo europeo, la televisión se desarrolló bajo el auspicio y el control del Estado y fue durante mucho tiempo un monopolio de la propiedad pública que sólo posteriormente se abrió a concesiones privadas. Según cada país, las emisoras contaban con más o menos independencia del poder político. Otra característica de este sistema es que la televisión se entiende como un servicio público cuyos costos deben ser al menos parcialmente cubiertos vía impuestos o cobro directo por aquellos que lo disfrutan –tal como sucede con los servicios de agua o electricidad, por ejemplo. Con esto se busca reducir la influencia que los agentes económicos ejercen sobre los contenidos mediante la contratación de publicidad, pues la independencia editorial de un medio queda tan comprometida cuando pesan sobre ella intereses económicos como cuando es el poder gubernamental el que busca intervenir.
El modelo norteamericano se basa en la libre competencia entre actores económicos cuya finalidad es la obtención de lucro, lo que en la práctica también lleva a la conformación de monopolios, aunque en este caso privados, por la concentración económica necesaria para el aumento de la rentabilidad. En este tipo de esquema los contenidos están condicionados por su rating –es decir, por su capacidad de atraer inversiones publicitarias– y no por su calidad o su pertinencia. Aquí, fue el sector público el que entró posteriormente al mercado de la televisión, tratando de suplir los contenidos educativos y culturales que los actores privados ignoraban por su baja rentabilidad. En este modelo se pueden entender la televisión pública mexicana y sus dos principales canales, el 11 (del Instituto Politécnico Nacional, al menos nominalmente) y el 22, gestionado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Al pensar en una televisión pública de alcance nacional y con posibilidades de constituirse en alternativa a las emisoras privadas, podemos descartar del panorama al canal 22. Esta supresión no responde a prejuicios o críticas hacia su gestión, sino a tres rasgos fundamentales que harían muy difícil darle la proyección mencionada arriba: su limitada cobertura del territorio nacional, sus bajos niveles de audiencia, y su baja producción de contenido propio. Por ello, la factibilidad de contar con un canal público nacional se centra claramente en Once TV México, emisora cuyo control por el Gobierno Federal fue mañosa –acaso ilegalmente– logrado durante el sexenio pasado. ¿Cuál podría ser el destino de Canal 11 bajo el actual gobierno?
Con la reforma en Telecomunicaciones estableciendo que de abrirse nuevos canales de televisión éstos serían entregados a la iniciativa privada y un gobierno que mantiene estrechas relaciones con el duopolio televisivo actualmente existente, podría pensarse que la televisión pública será ignorada y relegada. Sin embargo, las acciones de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México permiten prever un escenario mucho más sombrío.
Durante todo el sexenio de Peña Nieto al frente del Edomex diversas voces denunciaron el claro sesgo del Canal 34 de Radio y Televisión Mexiquense a favor del gobierno local y la creciente presencia de contenidos comerciales y de espectáculos en detrimento de los culturales y educativos. Estos fenómenos de uso faccioso del servicio público y frivolización de los contenidos tuvieron su máxima expresión ya en el gobierno de Eruviel Ávila, cuando Peña Nieto se encontraba en campaña por la Presidencia. En enero de 2012 fue eliminada toda la programación de análisis político y difusión cultural. El resultado se reflejó en los monitoreos que el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó a los contenidos de los medios de comunicación en el periodo de campaña: Enrique Peña Nieto no recibió un solo comentario negativo en los espacios noticiosos del Canal 34.
¿Será éste el futuro de la televisión pública en México?
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