(10 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En el municipio de Naucalpan, Estado de México, un general retirado que ocupó altos cargos se apropió del área verde de una zona habitacional y la vendió para que se construya un centro comercial”, da a conocer una publicación de la revista Proceso.
Donde se explica que, aun cuando los habitantes del predio se organizaron para impedir el despojo y demostraron con documentos que el militar simuló actos jurídicos, además de utilizar su influencia y pasó por encima de la ley, incluyendo pruebas que sustentaron que funcionarios de varias administraciones municipales cambiaron el uso de suelo para favorecer al infractor, la justicia mexiquense le dio la razón al general.
Se trata del general Alfonso de la Torre Martínez, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se retiró del Ejército pero no de los negocios inmobiliarios. Fue la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Country Club, quienes lo acusa de usar su influencia para despojar al municipio de Naucalpan de un predio de 800 metros cuadrados.
Según afirman, “el militar vendió el terreno en 1 millón 350 mil pesos a inversionistas que pretenden construir ahí un centro comercial, cuyo costo superará los 22 millones”.
La información da a conocer que, desde hace tres años los habitantes de ese fraccionamiento, así como los de La Herradura y el Huizachal, encabezados por la delegada municipal Graciela López Cuesta, han solicitado en vano a las autoridades de Naucalpan y de justicia del Estado de México que impidan la construcción de la plaza.
El predio originalmente fue cedido al municipio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante Banjercito, para que se construyeran viviendas destinadas a familias de militares, por lo que el abogado de los colonos, Marcos Javier Ortiz Ampudia, mostró a Proceso, un documento fechado en 1991, mediante el cual el general De la Torre Martínez se apropió indebidamente del terreno. Lo hizo por medio de un contrato simulado de compraventa.
En el papel, donde dice “contrato privado”, se precisa que el terreno es irregular porque no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, sí se encontraba en el padrón catastral del municipio de Naucalpan. Y a pesar de eso el militar pagó 60 mil pesos y se quedó con el predio, de forma triangular, que hasta entonces era un área verde pública en la confluencia de la avenida La Herradura y la calle General Plutarco Elías Calles.
Es por esto, que los habitantes del predio iniciaron una investigación, donde se detectó que en 1996 el ayuntamiento modificó indebidamente el uso de suelo y otorgó la licencia DLCA/0996/14 para uso comercial, a pesar que no se tienen contemplados carriles de acceso y salida en una vialidad, como se exige en los reglamentos urbanos.
“En febrero de 2016 los colonos de los fraccionamientos Huizachal, Country Club y La Herradura interpusieron un recurso de ‘acción popular’ –una forma constitucional que permite a la ciudadanía resarcir actos de autoridad– ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a fin de solicitar que se respetara el predio como área pública.
Entre sus argumentos, manifestaron que los funcionarios del ayuntamiento actuaron indebidamente al permitir que el particular se apropiara de terrenos del dominio público al otorgar licencias de uso de suelo comercial”, da a conocer el texto.
Ahí mismo se informa que los habitantes declararon, “desconocemos los procedimientos de desincorporación de un predio del dominio público que haya efectuado la autoridad correspondiente de la Subdirección de Patrimonio Municipal –exponen en su recurso legal–, pero venimos observando en lo que va de estos últimos años, desde el acercamiento con muros hasta la construcción de lo que a todas luces son locales comerciales, en un área verde o de donación de nuestro fraccionamiento, con el contubernio o complacencia de la autoridad municipal, que no ha realizado la defensa legal y jurisdiccional del predio que es patrimonio municipal.”
Además, por medio de un comunicado, los colonos señalaron que De la Torre obtuvo ilegalmente una licencia de construcción del ayuntamiento de Naucalpan cuando era jefe de Guardias Presidenciales de José López Portillo. Y se mencionó que “en el expediente del caso consta que el general presentó documentación apócrifa, se hacía pasar como dueño del terreno y posteriormente gestionó un procedimiento de inmatriculación como estrategia para quedarse con el predio”.
Sin embargo, el año pasado se empezó a construir un centro comercial en el terreno, por lo que las acciones legales dieron inicio, para defender el terreno. “Fue entonces que constatamos, con documentos legales, el despojo al municipio y los actos ilegales de diversos funcionarios públicos pertenecientes a varias administraciones”, relatan.
Aun cuando la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Country Club, el año pasado obtuvo de un tribunal administrativo la suspensión de obras con el amparo 48/2016; los trabajos continuaron. Además los demandantes han dado a conocer que, el general De la Torre ha utilizado como escudo a la Sedena para apropiarse del terreno, que vendió con la complicidad de autoridades municipales y estatales.
De la Torre Martínez, ha ocupado altos cargos en la Sedena. Estuvo en la Dirección General de Caballería del 16 de diciembre de 1994 al 1 de marzo de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el general Enrique Cervantes Aguirre estuvo al frente de la secretaría.
Además, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue director general de Personal de la Sedena, bajo el mando del secretario Antonio Riviello Bazán. De acuerdo a afirmaciones de los colonos, paralelamente a sus altos cargos De la Torre Martínez “acumuló un cuantioso patrimonio, no siempre de manera lícita, como en el caso del predio del que se apropió en Naucalpan con la simulación de actos jurídicos”.
En tanto, el abogado de los colonos, Javier Ortiz Ampudia, señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México emitió un injusto fallo en contra de la demanda de acción popular, pese a que sus clientes presentaron las pruebas de que el terreno no está matriculado en el Registro Público de la Propiedad, de las irregularidades cometidas por el municipio de Naucalpan y de la ilegal apropiación del terreno por De la Torre Martínez.
El magistrado del mencionado tribunal Carlos Antonio Alpízar Salazar dictaminó el pasado 11 de julio que el predio es propiedad privada. Es decir, no sirvió de nada que le expusieran las contradicciones de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Municipal, así como los documentos mediante los cuales Banjercito donó los terrenos para lotificación de vivienda y las pruebas de que se trataba de un área pública.
Por lo que el abogado de los colonos comentó, “nosotros pensábamos que el magistrado iba a emitir la sentencia de manera favorable a los colonos porque el municipio había reconocido que el terreno era propiedad municipal. Pero resultó todo lo contrario: emitió una resolución en la que nos sobresee el juicio porque señaló que no era área pública ni zona verde.
Estoy sorprendido con la respuesta de las autoridades porque actuaron como si fueran los demandados y porque mostraron tener un interés particular, y no estar del lado de los ciudadanos. El tribunal no tomó en cuenta que la acción popular que interpusimos fue para que la autoridad municipal revisara sus propios actos, como otorgar la licencia de construcción de manera indebida y reponer cualquier decisión que se hubiese tomado. El tribunal no se puso del lado de la gente.”
En 2013 De la Torre Martínez vendió el terreno, supuestamente por 1 millón 350 mil pesos. Sin embargo, el abogado Ortiz Ampudia lo pone en duda porque, dice, en el mercado inmobliario un predio de ese tamaño en dicha zona cuesta más de 7 millones.
Por lo que “la disparidad le genera una sospecha. Hay una operación fraudulenta, el precio es de risa. Creemos que repartió mucho dinero para que en este terreno se ponga un negocio que, cuando se termine, va a tener un precio en el mercado de 22 millones de pesos”. Sin embargo, la defensa de los colonos asegura que, “continuarán con sus intentos de recuperar su zona verde”.
