(11 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En febrero de 2016, Veracruz, Según el testimonio de un testigo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del batallón 80° de Infantería detuvieron, al mecánico automotriz Víctor García, cuando él viajaba por un camino rural.
Al enterarse de los hechos, los familiares acudieron de inmediato a la base del batallón para preguntar por el paradero de Víctor García, sin embargo, los elementos militares negaron su detención e interpusieron una denuncia por “amenazas y hostigamiento” contra los manifestantes afuera de la base, quienes se reunieron para exhibir los hechos y presionar para que se les brindara explicaciones.
Después de cuatro días, encontraron el cadáver de Víctor García, el cual estaba cerca de su vehículo, que estaba quemado. En el cuerpo se mostraba amplias señales de tortura, además la piel de los tobillos se levantó hasta las rodillas. Lo anterior fue descrito dentro del informe Atrocidades Innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, realizado por Open Society Justice Initiative.
Según el mismo documento, “los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado.
Es decir, existe una conexión entre la estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado, establecida desde 2006, y la incidencia de tortura y malos tratos por parte de las autoridades federales responsables de la implementación de dicha estrategia”.
Además se asegura que, la mayor parte de los casos de tortura referentes a 30 recomendaciones de la CNDH, implicaron una admisión expresa de la autoridad responsable con respecto a que sus acciones se cometieron en el contexto de la “lucha permanente contra el narcotráfico”, el cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o en la ejecución de un operativo coordinado para contrarrestar el tráfico de drogas.
En tanto, la CNDH documentó tortura en el 56% de sus recomendaciones dirigidas al Ejército de México en 2008 (20 de 36), 52% de los casos de 2009 (16 de 31) y 42% en 2010 (10 de 24).
De todas las denuncias de tortura recibidas por la CNDH de 2006 a 2014, elementos del Ejército y la Marina fueron los presuntos autores en el 71% de los casos.
Se da a conocer que, las autoridades con frecuencia retrasan la notificación sobre el paradero de las víctimas. Como el Relator Especial sobre Tortura de la ONU señaló, “en oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o sin que el detenido se presente ante la autoridad ministerial o judicial”.
La misma disposición de flagrancia que permite los arraigos sin una orden judicial, también permite un mayor retraso en presentar al detenido ante un juez.
Durante el estudio para preparar dicho informe, “muchas víctimas indican que han sido torturadas durante la detención preventiva, incluyendo su versión prolongada en México: el arraigo.
Tanto el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, han hecho énfasis en la alta incidencia de la tortura durante la prisión preventiva y el arraigo. Las estadísticas sugieren una sólida correlación entre el número anual de arraigos y el número de denuncias por tortura y malos tratos presentadas ante la CNDH cada año, ambas presentando un aumento considerable en 2011”.
A su vez, se reitera que, los torturadores usan muchos de los mismos métodos en muchos casos diferentes. Estos incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte o simulacros de ejecución.
En el informe, “varias víctimas señalaron haber sido cubiertas con colchonetas o trapos antes de ser golpeadas, posiblemente para reducir la posibilidad de moretones”.
La investigación que conforma Atrocidades Innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, se enfoca principalmente en el ámbito nacional del gobierno y en las acciones del gobierno federal.
“Sin embargo, para asegurar la consideración adecuada de la estructura federal mexicana, la investigación se extendió a cinco de los 31 estados de México: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro”, explica el documento.
Lo anterior, porque son entidades que han experimentado niveles significativos de asesinatos, desapariciones y tortura desde 2006 y se distribuyen en las zonas sur, centro y norte del país.
