(12 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los datos sobre los delitos y la justicia en México, “destacan por su precariedad y poca fiabilidad, existe un sesgo hacia la infraestimación de la magnitud y la gravedad de las atrocidades.
Sin embargo, incluso con base en los datos parciales disponibles, resulta indudable que las atrocidades son un fenómeno generalizado en México”, afirma Open Society Justice Initiative, en su informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, el cual se presentará en tanto en Mexicali, como en Tijuana, en 13 y 14 de octubre próximos.
Ahí mismo se da a conocer que las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles federales con frecuencia han intentado encubrir las ejecuciones extrajudiciales, a través de la manipulación de las escenas del crimen y de la acusación a las víctimas de ser criminales, frecuentemente con poca o ninguna evidencia.
Tal es el caso de Arnulfo Antúnez Sandoval, quien luego de su detención por policías federales, su cuerpo fue hallado al día siguiente en una vivienda abandonada, sin ningún tipo de documento y rodeado de jeringas que se utilizan para consumir drogas intravenosas.
Sin embargo el perito forense determinó que no había muerto a causa de una sobredosis, sino por un golpe en el cabeza causado con un objeto cortante.
En cuanto al Ejército, en Chihuahua, “soldados del Ejército detienen a un civil presunto miembro del grupo delictivo Los Aztecas, quien presumiblemente había participado en un intento de secuestro.
Los soldados le vendaron los ojos al civil, quien fue persuadido de proporcionar información con respecto a organizaciones delictivas”, afirma el documento.
Ahí mismo se especifica que un militar del Ejército de alto rango ordenó a un subordinado, “De ser posible, mátalo”. De acuerdo a los testigos, el uso de la fuerza por parte de los soldados durante el interrogatorio fue letal.
“Los soldados quemaron el cuerpo del sospechoso y dispersaron sus cenizas en el campo. Finalmente, varios soldados fueron acusados en relación con este caso”, explica el informe.
A decir por las investigaciones de Open Society, el mandato de Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado por un continuo enfoque militarizado para ejercer la aplicación de la ley civil. Dando a conocer que tanto el sexenio de Calderón, como el de Peña Nieto, el tamaño de la fuerza de Policía federal ha crecido, pasando de aproximadamente de 11 mil agentes de la PFP en 2006, a más de 30 mil agentes de PF para el año 2014, hecho que siguió en aumento.
De acuerdo a la información que posee la organización internacional, “los asesinatos, las desapariciones y las torturas aumentaron de modo pronunciado desde 2006 y se mantienen en niveles elevados. Por otra parte, todas las mediciones; incluidas las evaluaciones más optimistas del gobierno, apuntan que se han adjudicado responsabilidades, de manera muy limitada, puntualmente en el caso de los asesinatos y prácticamente inexistente en los casos de desapariciones y torturas”.
En Nuevo León, el Ejército asesinó a los trabajadores de una fábrica, identificados como Romelí Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría.
El Ejército anunció haber matado a ocho delincuentes armados quienes atacaron su convoy militar, pero los testigos señalaron a Human Rights Watch que Elías y Peña fueron asesinados tras quedar atrapados en un enfrentamiento entre militares y hombres armados.
Además se denunció que los soldados les dispararon a los hombres desarmados a quemarropa mientras se resguardaban en un automóvil y después vieron a los soldados mover los cuerpos y colocarles chalecos antibalas y armas.
Se suma que, en muchos de los asesinatos está involucrado el Ejército, “del cual el gobierno ha dependido como una parte central de su estrategia de seguridad”, se asegura en el documento. Donde también se afirma que se informó al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, que desde 2006 hasta abril de 2013, la CNDH había atribuido violaciones del derecho a la vida a la SEDENA y la SEMAR en un 75% de las recomendaciones relevantes que había emitido hasta ese momento.
“Este dato, sumamente revelador, pone de manifiesto los riesgos que conlleva la asignación de tareas de protección de la seguridad pública a cuerpos militares”, sentencia el organismo.
