Inconstitucional, fue declarada una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), donde se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y entregar toda la información que posea respecto del número de fosas clandestinas halladas entre 1960 a 2015, así como la cantidad de averiguaciones previas integradas al respecto. Esto fue determinado por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México.
El juez Fernando Silva García, fue quien concedió el amparo 1464/2015 a una organización civil, la cual promovió un juicio de amparo en contra de la resolución del Inai, RDA 2490/15, en la cual apoyó que la PGR declarara que ‘‘la información era reservada, porque su difusión guarda relación con la integración de las averiguaciones previas y su publicidad afectaría las actividades del Ministerio Público de la Federación y, con ello, las tácticas y líneas de investigación respectivas’’.
El juzgador concedió la protección de la justicia federal por “considerar que la divulgación de la información solicitada no representa un riesgo real e identificable a las investigaciones, puesto que se trata de información cuantitativa, del número de fosas halladas y de los resultados de las averiguaciones previas, lo cual no corresponde a datos ‘sensibles’”.
