Por: Natalia Antezana Bosques
Twitter: @Natalia3_0
Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos de Colombia, Perú, Guatemala y México denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la permanencia de las desapariciones forzadas que, en la suma de los cuatro países, da un aproximado de 107 mil casos de desapariciones.
En el marco del 147° periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones de estos países lograron el otorgamiento de una Audiencia Temática de Desaparición Forzada de las Américas. En este mismo sentido, se solicitó la creación de una relatoría, unidad o grupo de trabajo especial sobre el tema, el cual debería presentar un informe público el año 2014, en coordinación con los estados y las organización de derechos humanos y familiares.
Denunciaron, los altos niveles de impunidad en la materia y la participación de funcionarios en muchos casos, así como la negación del fenómeno por parte de los gobiernos y, por lo tanto, la falta de responsabilidad en la búsqueda de las y los desaparecidos y el seguimiento de los casos.
Según la CIDH, se considera una desaparición forzada a “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. De hecho, esta Comisión considera a la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad.
En un tratado de las Naciones Unidas, en el cual se reconoce el 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, se recuerda que las víctimas tienen el derecho de “conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”. En este mismo resolutivo se expresa la profunda preocupación por la instancia internacional con respecto al “aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo”.
Según Amnistía Internacional, en México se han registrado más de 26 mil personas desaparecidas o extraviadas entre los años 2006 y 2012 y señala que ex funcionarios han intentado minimizar dicha estadística, lo cual sólo demuestra la falta de responsabilidad del Estado Mexicano con respecto a las investigaciones en la materia. La organización internacional en defensa de los derechos humanos explicó que, si bien no todos los casos de desaparición son de desaparición forzada, no se debe minimizar la problemática en este ámbito.
De la misma manera, Fundem (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), en el marco del periodo de sesiones de la CIDH, explicó que en México existen 4 tipos de desapariciones forzadas: 1.Las realizadas por fuerzas de seguridad federales o locales, 2. De corporaciones que portan uniformes sin identificación, 3. Las realizadas por paramilitares a bordo de camionetas polarizadas y 4. Las que cometen miembros del crimen organizado.
En un informe presentado por Human Rights Watch, existen pruebas contundentes de que, en 149 casos de desapariciones en el sexenio que gobernó Felipe Calderón, hubo participación de agentes estatales. Asimismo, las evidencias indican que miembros del Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales, han tenido participaciones en las desapariciones forzadas y que agentes de los tres órdenes de gobierno colaboran directamente con bandas de crimen organizado.
Sólo 8 de los 32 estados mexicanos tienen tipificada la desaparición forzada como delito.
En el caso colombiano, se ha reportado que del conflicto con la guerrilla han resultado 61 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 18 mil fueron con la intervención del estado. En el Perú, el conflicto armado ha dejado más de 15 mil personas desaparecidas y más de 6 mil sitios de entierro clandestino.
La guerra civil guatemalteca (conflicto entre 1960 y 1990), ha dejado aproximadamente 45 mil personas desaparecidas y detenidas, de las cuales el gobierno no ha asumido la responsabilidad de su búsqueda, explicó Domingo Álvarez, de la Corporación Desarrollo Regional de Guatemala.
PETICIONES DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y DERECHOS HUMANOS
Al finalizar el 147 periodo de sesiones de la CIDH, un representante de las organizaciones leyó un pliego petitorio con respecto a las desapariciones forzadas:
Inscribir y visibilizar en la agenda de Trabajo de la CIDH las desapariciones forzadas como una prioridad temática.
La creación de una Unidad Permanente, Grupo de Trabajo o Relatoría sobre Desapariciones Forzadas.
Que examine la situación de las desapariciones forzadas en el hemisferio, las políticas de prevención y erradicación, de registro y sub-registro de casos y presente un informe público en el año 2014, formulando recomendaciones a los Estados.
Que examine, a la luz de los estándares del Derecho Internacional, la eficacia, ineficacia o inexistencia de procedimientos, planes, mecanismos de búsqueda e identificación de las víctimas, y los desarrolle a través de un Protocolo Guía para la búsqueda de las víctimas que incluya indicadores de resultado, todo ello en consulta con las organizaciones de víctimas y la sociedad civil.
Que refuerce las medidas cautelares para permitir la búsqueda inmediata de la persona desaparecida.
Que examine el cierre judicial de casos fallados por la Comisión y la Corte, sin que los Estados cumplan con establecer el paradero de las víctimas.
Que examine, se pronuncie y emita recomendaciones sobre las incompatibilidades de las leyes y los mecanismos de amnistía de jure o de facto, así como las normas que amplían el fuero militar o que pongan en riesgo la sanción de los perpetradores de las desapariciones forzadas y crímenes conexos.
Que se pronuncie con urgencia sobre la grave tendencia al negacionismo de los Estados sobre la existencia probada ante el sistema en el pasado y en el presente de las desapariciones forzadas y promueva entre los Estados el control de convencionalidad y la aplicación del Principio “Pro-persona” a favor de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares.
Que examine la discriminación que ocurre en el acceso de las víctimas al derecho a la verdad y a la justicia, particularmente en los casos de mujeres, jóvenes, niños y niñas, indígenas, afro descendientes y de sus familiares.
Que examine los mecanismos y políticas de acceso a la verdad y a la justicia y haga recomendaciones sobre metodología de investigación, entendiendo que se tratan generalmente de crímenes de sistema y tienen carácter de crímenes de lesa humanidad.
Que examine la responsabilidad de las empresas privadas y transnacionales en relación con la práctica de desapariciones forzadas de personas en los territorios donde ejercen su labor, en particular en los casos de defensores y defensoras de derechos humanos y de los derechos a la tierra y al territorio.
Que adopte en sus estándares el Consenso de Principios y Normas Mínimas de Trabajo Psicosocial para víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria y en el marco de sus funciones promueva su adopción por parte de los Estados de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General de la Organización.
Las organizaciones que firmaron el pliego son las siguientes:
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Colombia (ASFADDES) Colombia
Fundación Nydia Erika Bautista, Colombia
Impunity Watch, Guatemala
Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas (CAFCA) Guatemala
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos,” México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), México
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)
Mesa de Trabajo sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas, Perú
