“México en llamas” podría ser, amable lector, el título de una novela literaria o de una película de acción, sin embargo, es la descripción perfecta de lo que hoy es el país, una nación al borde del despeñadero, destrozada por la inseguridad, agraviada por la violencia y desmembrada por la corrupción de sus autoridades. El Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la seguridad a su población, pese a que es un mandato constitucional, tal y como lo establece el artículo 21 de la Carta Magna, y un fin ineludible de cualquier organización política.
Esta semana, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, señaló categóricamente que México es el segundo país más violento del mundo, sólo superado por Siria. Este nada honroso lugar, es producto de que en el país, el año pasado, fueron ejecutadas 23 mil personas.
Si consideramos que, con datos del INEGI y del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha señalado que en el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinadas 121 mil 163 personas, a las cuales se suman las más de 87 mil personas privadas de la vida en lo que va del sexenio de Peña Nieto (El Universal 23/02/2016), tenemos que en casi 12 años aproximadamente el país se ha convertido en un océano de sangre por los 300 mil caídos que se contabilizan, y digo contabilizan porque aún está pendiente analizar el grado de la desgracia por todos los desaparecidos y cadáveres de los que no se tiene registro y que han tenido como destino las fosas clandestinas que a lo largo y ancho del país se siguen encontrando. Esto nos coloca frente a lo que ya es una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Aunque formalmente no estamos en guerra, el grado de peligrosidad en México supera al de países como Irak, Yemen, Afganistán o Somalia. A pesar de ello, y lejos de reconocer el problema y de enfrentarlo, el Gobierno Federal sigue empeñado en negar la realidad, en darle la vuelta al asunto, en venderle la idea a la ciudadanía de que esta crisis está “sólo en la imaginación”, tal y como lo ha dicho Peña Nieto. Prueba de ello, es que al conocer los resultados del Informe antes mencionado, las Secretarías de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, dijeron que sus conclusiones no tenían sustento.
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cada vez más y más, en las instancias internacionales y defensoras de los derechos fundamentales, se empieza a evaluar la estrategia fallida del Estado mexicano.
Cada vez se escucha con más fuerza el reclamo social y ciudadano, condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones. De hecho, por el tema de la creciente inseguridad, vale la pena puntualizar, el PRI está a punto de perder su bastión histórico. Tanto los gobiernos de Peña Nieto y de Eruviel Ávila en el Estado de México, fueron grises e incapaces de hacer frente a la oleada de violencia, por ende, hoy ese Estado es el primer lugar en feminicidios y el más inseguro de todo el país. Los electores de esa entidad, el 4 de junio cobrarán factura de ello.
El cáncer de la inseguridad, lejos de contenerse o reducirse ha hecho metástasis. La terapia aplicada, lejos de extinguir el tumor, lo ha propagado. Y esto no es culpa del paciente, sino de los médicos que no acertaron en el diagnóstico ni en la terapia. ¡Si no pueden con el paquete, renuncien!
