Por: Natalia Antezana Bosques
Twitter: @Natalia3_0
La discriminación y violencia de género se pueden apreciar en todas las esferas de la vida social. Una de ellas es, sin duda, en el ejercicio de sus derechos políticos, los cuales son violados sistemáticamente de diversas formas.
Podemos notar que, en México, la participación de las mujeres en la vida pública, política e institucional ha incrementado en los últimos años, basándonos en el acceso de las mismas al poder legislativo federal. Cabe señalar que el avance ha sido lento, pero poco a poco ha ido a la alza.
Sin embargo, en la medida en que las mujeres tienen mayor acceso a la toma de decisiones en la esfera pública, también se incrementan la discriminación y la violación a sus derechos políticos, ya que “su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder”.
En este sentido, el informe presentado por Naciones Unidas “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos” detalla las diferentes formas de discriminación a las que están expuestas por el hecho de ser mujeres.
La violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito politco se pueden enmarcar en 5 tipos de violencia: Psicológica, Física, Patrimonial, Económica y Sexual; y en 5 modalidades de violencia: Familiar, Laboral y docente, en la comunidad, Institucional y Feminicida.
Esto trae consigo graves consecuencias para las mujeres, como el abandono de su carrera política, la inhibición de la participación de otras mujeres, la soledad y precios altos en el ámbito personal, entre otras cosas.
Por lo tanto, el informe citado menciona que es fundamental la tipificación jurídica de estas modalidades de violencia, con el fin de garantizar la protección de aquellas mujeres que participen en la política y para sancionar las acciones que atenten contras sus derechos.
Asi también, es fundamental que las mujeres utilicen las herramientas existentes para la denuncia de este tipo de actos y que conozcan sus derechos para su pleno ejercicio. A la vez, es urgente que se coloque el tema en la agenda nacional e internacional que, entre otras cosas, permitirá la discusión, documentación e investigación en la materia.
Actualmente, en el senado, 18 mujeres presiden comisiones ordinarias, de las 62 existentes. Y en el caso de las siete comisiones especiales, las mujeres están a la cabeza en tres de ellas. En el caso de la Cámara de Diputados, 12 comisiones -de 56- son presididas por mujeres, y 8 comisiones especiales -de 28- las presiden las diputadas.
En el caso de las precandidatas y candidata, según el informe, se puede observar el “Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres, la simulación de elecciones primarias para eludir la cuota, el envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional, las presiones para ceder o no reclamar la candidatura, la ausencia de apoyos materiales y humanos, las agresiones y amenazas durante la campaña y el trato discriminatorio de los medios de comunicación”.
Como legisladoras y autoridades municipales electas: “Substituciones arbitrarias y presiones para que renuncien a favor de sus suplentes”.
Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones: “Mayor exigencia que a los varones, presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses, acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local, intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual, ocultamiento de información, retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas, exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas, desdén con respecto a sus opiniones o propuestas, segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto, trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo y la destrucción o daño a sus obras o de sus bienes”.
En el ámbito personal: “Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias, doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y como responsables de la familia, desgaste, culpa, autoexigencia de sobresalir en ambos campos, censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias” y conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político”.
