En Los Pinos, montan farsa con poderosas comparsas

Para variar, no perder la costumbre y dejar bien claro solamente existe una voluntad y ésta se aplica con o sin conocimiento de causas, Enrique Peña Nieto organizó una más de sus celebradas –exclusivamente por funcionarios y beneficiarios de su sexenio- reuniones. Citó a todos los empresarios y a los miembros de su gabinete para hablar y dictar estrategias para garantizar las actividades periodísticas sin tomar en consideración, en cuenta, sin escuchar a los protagonistas, a quienes son el centro de amenazas y ataques. Las razones para estas actitudes no pueden ser muchas. Una de ellas el autoritarismo y la cerrazón existente aplicada a todo lo relacionado con los ciudadanos, sea cual sea su profesión u oficio. Otra, el conocer a fondo la problemática porque proviene de esos mismos grupos, de los reunidos en Los Pinos, de los atacantes cuya voz expresa: ¡al ladrón!, ¡al ladrón!
 
Los comunicadores estuvieron fuera, haciendo su labor de informar lo visto en esa reunión de la cual fueron excluidos junto con representantes de organizaciones de defensores tanto de los derechos humanos como de la libertad de expresión. Sin embargo y desde la zona asignada para poder reportear reclamaron a gritos: “¡Justicia!”, “¡Ya no más discursos!”, ”¡Investiguen!”, una vez llevado a cabo el minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Con la aceptación de: “tienen razón quienes afirman que no se mata a la verdad, matando periodistas”, el Ejecutivo consideró haber cumplido y debe ser tomada como una realidad sin cuestionamiento de por medio su actuación “con firmeza y determinación” para capturar a los responsables de los asesinatos de periodistas en México. El dictado de una estrategia no podía faltar en esa representación teatral.
 
Dijo se fortalecerá la estructura y presupuesto del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. La pregunta es ¿cuál? ¿El que dicen existe pero no ha dado ningún resultado desde la creación inicial? Un segundo punto señala la creación de un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación. ¿Acaso con los excelentes resultados obtenidos de estas coordinaciones entre policías? ¿Con el éxito de protocolos establecidos en las cárceles? ¿Con lo hecho para enfrentar a la delincuencia organizada, a la que se juega la vida y no la chamba con sus acciones? Sin mejor propuesta por hacer llega al fortalecimiento de la Fiscalía especial a través de más personal, capacitación, contacto y diálogo, previsión e impulso de las investigaciones y de nuevo: coordinación entre autoridades locales y federales en la atención de los delitos.
 
Más personal apoltronado en escritorios o disfrutando paisajes, con las tareas arduas de, por ejemplo, quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los ductos de gasolina. Capacitación tan oportuna y eficaz como la llevada a cabo para poner en marcha un nuevo sistema de administración de justicia marcado de cojera cuando aún no camina. Impulso a las investigaciones -¿con quiénes, en dónde están los grupos formados con especialistas por delito?- o ¿es acaso una nueva forma, estilo de sacarse de la manga culpables a quienes luego se deja libres y con la falta de memoria y seguimiento ni quién reclame? ¿Autoridades federales y locales se coordinan o se avientan el bulto?
 
Ha sido tal el reclamo de los periodistas que no le quedó de otra al mexiquense que dar la cara y no quiso hacerlo solo, se presentó en el escenario con todos los gobernadores para poder dejar claro no es solamente su gabinete de inseguridad quienes no protegen al gremio, también deben enfocarse baterías hacia los mandatarios estatales. Por lo pronto, durante su sexenio ya no logró distinciones hacia México por la defensa de la libertad de expresión, por la protección a defensores de derechos humanos. Su protegido, el procurador Raúl Cervantes, utilizó en el mismo acto los argumentos de siempre: habrá investigaciones a fondo para localizar y detener a los autores materiales e intelectuales. No hubo compromiso alguno para determinar el cuándo.
 
De entre esos pronunciamientos hechos por terceros, tácitamente se otorga la razón a quienes opinamos la mayoría de casos son asesinatos planeados por autoridades de todos los niveles, colores y sabores. “Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones, infiltrado en las instancias de gobiernos locales, en ciertas instancias del país”. ¿Qué nivel han alcanzado esas infiltraciones a los gobiernos municipales, estatales y al federal?
 
En estos reconocimientos, otra de nuestras aseveraciones relacionada con la destrucción de la trayectoria de vida, del entorno familiar, revelando intimidades, fue aceptada por el propio procurador al asegurar pondrá atención la PGR para evitar que policías investigadores revictimicen a los periodistas agredidos. O sea, saben de esta infamia, la permiten, la presentan como primera cortina de humo para impedir sea vista o su incapacidad o su culpabilidad, o las complicidades o la impunidad como paso siguiente.
 
En la medición de efectividad de la FEADLE, de la Fiscalía a la cual dice EPN van a robustecer, sobresalen los últimos seis meses del año pasado. Hubo la nada despreciable cantidad de 798 denuncias por agresiones contra periodistas y, la cifra, es oficial, extraída de esa dependencia. Ahí mismo puede verse el registro de únicamente tres condenas llevadas a cabo, incluso, cuando todavía no era Fiscalía: la del 2012 y dos del 2016. Si estos resultados los transformamos en porcentajes tenemos al 99.7 por ciento de casos sin resolver, de agresores burlándose de la “justicia a la mexicana”, y nos indica el grado de peligrosidad existente para los informadores.
 
La grandiosidad de las fórmulas no es exclusiva de EPN. Ya la veremos reproducirse en cada entidad y en algunas con mucha más enjundia. En Sinaloa y Veracruz, en donde se exige la renuncia de los gobernadores, sacarán de debajo de las piedras promesas y tal vez culpables de todos esos crímenes sin resolver acumulados. En Oaxaca, se presentarán escenarios similares ante la sarcástica risa del hijo de José Murat, guardando un silencio para no sentenciar y deben agradecer no han pasado todos a mejor vida. Miguel Ángel Mancera, el de la CDMX, ya sacó a relucir la conformación de  mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas. Seguramente su elaboración será encargada a quienes hacen las de la presencia de pandillas y delincuencia y estas ubicaciones han dado un éxito… todavía no visto, invisible, inexistente y, eso sí, son costosas, minuciosas y tienen muchos colores en su presentación e impresión.
 
Quintana Roo no es la excepción en estas prácticas contra comunicadores, en el pasado y en el presente, y a cada sexenio se le encuentra la búsqueda permanente de perfección de la perversión. Maneras de agredir hay muchas y con el cambio llegó la especialización y los disfraces legaloides. En esta búsqueda de estrategias con las cuales garantizan impunidad, en las reuniones a las cuales se convoca a todos los mandatarios estatales, quienes resultan inmediatamente beneficiados son los restauranteros de Las Lomas y Polanco. Aprovechan los gobernadores para darse unos buenos banquetazos de los platillos ausentes en la gastronomía de sus localidades, invitar a algunos amigos, convivir con “textoservidores” a quienes les dan versiones de realidades ausentes entre los ciudadanos. Peña Nieto ha sido comunicado, informado de las intenciones de quienes, siendo aliados, perciben la oportunidad de hacerse del poder acelerando el fracaso de otra estrategia. Errar y no entregar resultados antes de la fecha en la cual se celebrarán elecciones justo en su entidad natal, será darle una última palada a la tumba cavada, paradójicamente, por los propios priistas.
 
CIRCULOS DEL DINERO
 
Los bancos reciben depósitos provenientes de distintos renglones. Pagos, comisiones, abonos del Fobaproa, intereses, entre otros. Todo ello generador de utilidades de las cuales no sacrifican un solo punto porcentual. Eso está más que visto cuando se forman filas interminables en las sucursales bancarias cuyos inmuebles lucen hasta 12 cajas para el servicio y tienen en operación a lo sumo tres. Ni qué decir de sus modernos y generadores de desempleo masivo cajeros electrónicos. En las quincenas permanecen formados hasta por dos horas quienes deben, obligatoriamente, retirar los fondos surgidos del salario.
 
Como se han percatado al revisar sus estados de cuenta los depositarios de fondos para su retiro, estos movimientos generan un pago para la institución bancaria cuyo papel es el de una caja fuerte del viejo Oeste. Dicen realizar inversiones de las cuales poco o nada se recibe de utilidades pero, cuando se aplican las letras chiquitas y usan el renglón “inversiones de riesgo”, las pérdidas están debidamente garantizadas y, de esto último es menester hacer referencia, dejar asentado el peligro existente sobre los ingresos a recibir cuando decidan dejar de trabajar, jubilarse y estar dispuestos a recibir abonos chiquitos.
 
Según la información del portal SinEmbargo, consultado en los diarios POR ESTO!, el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Gerard Rivero, preside un fondo de inversión: Infraestructura Institucional, receptor de miles de millones de pesos a través de Certificados de Capital de Desarrollo o CKDs procedentes en su mayoría de los fondos de pensiones de los trabajadores. La complejidad del manejo de fondos lleva hasta el financiamiento de obras realizadas por Armando Hinojosa Cantú, el de la famosa Casa Blanca, el del Grupo Higa, el ex consuegro de Fidel Herrera Beltrán. La Consar señala a los Certificados de Capital de Desarrollo como títulos fiduciarios destinados a inversión o financiamiento de actividades o proyectos dentro del territorio nacional de una o varias sociedades. Dicen destinar el 4.5 por ciento de los recursos de las Afores. El negocio de Gerard Rivero se fundó en el 2010.
 
Sabedores de la forma en la cual se determina la quiebra de empresas ligadas a grupos de poder y en el poder, no puede mantenerse ninguna garantía sobre el total de lo ahorrado. Las recuperaciones son inexistentes –Mexicana de Aviación puede ser un ejemplo- y los culpables aparecen, si conviene hacen escándalo –Oceanografía- y luego dejan libres de toda culpa a quebrantadores y deudores –Amado Yanes- ¿Nos darán otra estrategia de coordinación o esperarán el golpe final?
 
AÚN HAY MAS
 
Mientras siete grandes grupos financieros, nacionales y extranjeros, ejecutan prácticas monopólicas causando un grave daño al erario público y a los inversionistas; y las principales mineras quienes explotan los recursos del subsuelo  en todo el territorio nacional generan ganancias estratosféricas sin prácticamente pagar nada, nunca como hoy los trabajadores mexicanos habían estado tan mal pagados y sus ingresos disminuirán aún más debido a una inflación fuera de control del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, la pobreza en el país se ha mantenido, según reportes oficiales, en el 53 por ciento, a pesar de triplicarse el gasto social.
 
Existen en las cifras de gobierno al menos 64 millones de personas en pobreza, 11 millones más que hace un cuarto de siglo, a pesar de que México, repiten sin descanso, es más rico, pues su producto interno bruto se duplicó, las exportaciones son cuatro veces mayores y la inversión extranjera creció cinco veces. Ante este óptimo panorama no se explica la existencia de porcentajes altísimos de desempleo, tampoco la multiplicación del ambulantaje y menos aún el grueso de ciudadanos dispuestos, en su desesperación, a sumarse a las bandas delictivas con tal de lograr la sobrevivencia económica familiar.
 
Siete bancos, entre ellos los más grandes del país: BBVA, Banco Santander, Citibank, HSBC, JPMorgan Chase, Barclays y Bank of America, realizan prácticas monopólicas en el mercado donde se negocian los bonos de deuda emitidos por el gobierno federal, causando un grave daño al erario público y a los inversionistas. El caso sacude a un mercado local de deuda soberana y cuasi soberana con títulos en circulación por más de 400 mil millones de dólares; el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios. A ello se agregan otras prácticas en las cuales incumplen la Ley de Competencia Económica y generar corrupción en sus filas, ligada ésta a las aseguradoras e inclusive a las Notarías Públicas.
 
La actual estructura económica y su andamiaje legal es totalmente inadecuado para responder a los requerimientos de la población en su conjunto, pero permite el enriquecimiento exorbitante de grupos financieros y económicos al amparo del poder federal en turno y con la complicidad de los principales operadores legislativos del Congreso de la Unión. La banca, casi en su totalidad extranjera, no tiene ningún compromiso con el desarrollo nacional, con el de los habitantes, con buscar soluciones para inversionistas medianos y pequeños. Ha logrado con esa complicidad oficial utilizar los bienes patrimoniales como garantía e incluso cárcel para deudores. Ambos renglones, antaño, de prohibida ejecución.
 
COLUSIÓN DE GRUPOS FINANCIEROS
 
Una situación totalmente diferente registran las empresas mineras y los grupos financieros del país. La Comisión Federal de Competencia Financiera (Cofece) enfoca en siete bancos, entre ellos varios de los más grandes del país, una investigación por presuntas prácticas monopólicas en las cuales habrían incurrido en el mercado donde se negocian los bonos de deuda emitidos por el gobierno federal. Las indagaciones se centran en los formadores de mercado que pueden comprar deuda del gobierno y empresas estatales en subastas primarias.
 
Bloomberg reportó que ya varios bancos han recibido solicitudes de información relacionadas con la investigación, las cuales podrían extenderse a otros participantes en los mercados de bonos primarios y secundarios. Algunas instituciones han acordado cooperar con la investigación a cambio de sanciones más leves, de acuerdo a personas relacionadas con las indagatorias. La Asociación de Bancos de México decidió no hacer comentarios hasta concluir la investigación y las autoridades hagan púbicos sus resultados. Los voceros de JPMorgan, Tasha Pelio; de Bank of America, Bill Halldin; de Barclayus, Marc Hazelton; y la de HSBC, Lyssette Bravo, se negaron a comentar sobre la investigación o decir si sus bancos habían sido contactados por las autoridades. También rehusaron hacer comentarios las oficinas de prensa de Citibanamex, BBVA y Santander México.
 
Esta investigación, iniciada el 28 de octubre de 2016 e informada al público el pasado 19 de abril, se desarrolla luego de que la Cofece, el regulador antimoniopolio, multó a los mayores fondos de pensiones del país, así como a 11 personas por coludirse para dificultar a los clientes hacer transferencias a sus cuentas. La Cofece informó que durante esta etapa de la investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano no realizará ningún pronunciamiento adicional a los ya expuestos en el momento de hacer pública la investigación, pues la Ley Federal de Competencia Económica no se lo permite. La investigación se amplió por un segundo periodo de 120 días.
 
MINERAS EN LA MIRA
 
En estas mismas líneas ayer reportamos: Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, las principales mineras explotadoras de la riqueza del subsuelo en nuestro país, deben en conjunto casi 180 millones de dólares en regalías sólo del año 2015, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno reportadas a la agencia informativa internacional, Reuters… De acuerdo a documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Grupo México debe alrededor de mil 700 millones de pesos (91.4 millones de dólares) de una regalía minera calculada con el 7.5 por ciento sobre las ganancias del 2015; Peñoles y Fresnillo, de Grupo Bal, adeudan unos 962.6 millones y 492.6 millones de pesos, respectivamente, mientras que Frisco, del magnate Carlos Slim, debe aproximadamente 189.1 millones… Esta es la revisión más reciente en la cual se reporta un descuerdo entre el gobierno y la industria, cuya producción esta valorada en unos 13 mil 500 millones de dólares anuales y, según críticos, ha obtenido ganancias durante años sin pagar lo justo… Bueno, basta con decir: sin pagar…En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un reporte en el cual identificaba a unidades de Grupo México, Fresnillo, Frisco y Peñoles como “presuntos evasores fiscales”. La Cámara Minera de México manifestó su “preocupación” y “extrañeza” por el reporte. Expertos fiscales comentaron que la ley está plagada de lagunas, las cuales derivaron también en reestructuraciones que redujeron los pagos de derechos.
 
Desde que la nueva regalía entró en vigor en el 2014, hay alejamiento en la relación entre empresas y autoridades fiscales. Más de 80 subsidiarias mineras que operan en México han presentado recursos legales argumentando: la regalía es inconstitucional. En tanto, funcionarios buscan montos mucho mayores en la medida en que revisan el sector en busca del cumplimento de temas como los pagos de Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y regalías.
 
Justo cuando los precios de los metales cayeron entró en vigor el impuesto minero. El gravamen fue parte de una reforma fiscal más amplia encaminada a  incrementar la recaudación en México y fue acompañada por una regalía sobre ganancias por la venta de oro, plata y platino, así como una que impone multas más altas por la no explotación de minas. En teoría, un 80 por ciento de los recursos provenientes de los impuestos se destinaría a un fondo para las comunidades cercanas a los yacimientos, pero las controvertidas regalías aportaron al gobierno sólo poco más de 2 mil millones de pesos en el 2015.
 
Sobre las inversiones para garantizar la seguridad de los mineros y la contratación de seguros para las familias, el silencio es absoluto, no hay autoridad laboral presente.