“Sin comentarios”, dijo Javier Duarte a su llegada al edificio de justicia de la Ciudad de Guatemala. Minutos más tarde rompió el silencio en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Ahí fue cuando dio a conocer que aceptaba ser extraditado hacia México para enfrentar las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.
“No cometí tales delitos”, declaró luego de escuchar atento la acusación en su contra expuesta por la Fiscalía guatemalteca.
Ahora, no interrumpió la lectura de los señalamientos, como sí lo hizo la semana pasada en el otro caso con el que también se busca que enfrente a la justicia mexicana. “Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos ocupaban casi toda la sala donde se realizó la audiencia. Todos pedían sus declaraciones, pero Duarte se mantuvo callado y sonriente al lado de su abogado Carlos Velásquez”, se informó.
El Fiscal leyó un listado de pruebas enviadas desde México con las que se pretende que el Tribunal guatemalteco ordene la extradición. Figuraron “entrevistas, apartamentos, parcelas, contratos de compra y análisis financieros”.
Cabe señalar que dicha documentación supuestamente evidencia la implicación del ex funcionario “en un entramado de personas que se organizó para constituir empresas fantasma para desviar fondos del Estado y hacerlos pasar como lícitos en otras transacciones financieras con estas compañías”.
“En ninguna prueba aparece mi nombre ni el de algún familiar directo”, refutó Duarte cuando el Tribunal le dio la palabra para pronunciarse sobre los señalamientos. Su abogado también señaló que podría tratarse de una persecución política. “Esos mil folios son una ilusión óptica”, criticó el defensor.
Con la decisión del ex Gobernador su regreso a México se visualiza más claro, pues en otro caso conocido por el Tribunal Tercer de Sentencia Penal también aceptó ser extraditado. En ese expediente es acusado “por el uso indebido de un helicóptero y el desvío de 200 millones de pesos”.
En tanto, la defensa del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señaló “vicios legales en la orden de aprehensión contra su cliente por delitos federales”. “Dichas acusaciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, no resisten un análisis jurídico serio y por tanto se ha optado por proceder a enfrentarlas”, manifestó en un comunicado.
Sobre delincuencia organizada, aseguró que “no se acredita -ni acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial”.
“En el caso concreto, se imputa la supuesta ilegalidad de una sola operación vinculada a unos ejidos. Sin embargo, ese mero hecho denota la ausencia de permanecía o reiteración que el delito en cuestión supone. Si falta un elemento esencial del delito en estudio, el resultado no es ni puede ser otro más que éste no se cometió”.
Respecto a la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó “que no tiene el menor sustento jurídico, de hecho, aclaró, está planteada como si fuera un peculado”.
“Llama poderosamente la atención el hecho de que la fecha en la que se dice salieron recursos del Gobierno de Veracruz para supuestamente financiar la compra de terrenos ejidales es posterior de aquella en que se compraron supuestamente los mismos. Tal absurdo pone de manifiesto el que no se actualiza el supuesto delito, entre otros”, indicó.
