Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
El negocio de los casinos y las apuestas en México ha permitido una creciente inversión extranjera. Si bien los registros públicos de la Secretaría de Gobernación no mencionan el nombre de Codere, la multinacional española propiedad de la familia Martínez Sampedro que cotiza en la bolsa de Madrid, ésta firma opera la cuarta parte de los establecimientos de juegos y casinos en México.
Desde 2012, esta empresa española es dueña del 84.8% de las acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (Icela) que, a su vez, aparece como accionista de la Administradora Mexicana de Hipódromo, una de las 31 permisionarias que en México tienen autorizada la operación de 65 centros de apuestas, entre los cuales se encuentran 51 centros como Sports Books y Yak, Jakpot y Royal Yak, que operan en 20 estados de México, además de tener a su cargo el Hipódromo de las Américas, ubicado en la Ciudad de México.
Las actividades de Codere dentro del mercado de los casinos en México inició en el año 1998, año en que suscribió acuerdos con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) a la que pertenece Icela, sin embargo, también se asoció con el Grupo Caliente (del empresario y político priísta Jorge Hank Rhon) para operar casinos; y desde 2010 tiene 67.3% del capital en cinco permisionarias que operan 44 salas de juego, mientras Caliente mantiene 32.7%.
Codere es el operador con mayor presencia en locales de juego de México, participa en 94 salas que en conjunto representan cerca de 19 mil 571 terminales de juego en las principales ciudades del país. Esto equivale a 26.9 por ciento de los 349 establecimientos que funcionan en el territorio, un negocio que tan solo en 2011 le reportó ingresos por 291.5 millones de euros.
Además de las actividades ya mencionadas, cabe destacar que en 2004 Codere adquirió la empresa Promojuegos de México, que al año siguiente obtuvo el permiso de la Segob con número DGAJS/SCEVF/P-04/2005, como permisionaria para operar 10 centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, con una vigencia hasta 2030, de las que funcionan nueve bajo la razón social Bingo 777.
Esta es una de las empresas que se vio beneficiada con las autorizaciones otorgadas por Santiago Creel, una semana antes de abandonar el cargo como Secretario de Gobernación.
La Segob tiene registrada esta permisionaria con accionistas como Femalamex, Grupo Inverjuego, Mío Games, y complejo turístico Huatulco, que en diciembre de 2008 también fueron compradas y fusionadas por la multinacional española.
Otra permisionaria es la Compañía Operadora Megasport, de los hermanos Adrián y José Luis Espinosa Delgado que, extraoficialmente, tiene capital de empresarios de Venezuela y que, con su operadora Shalom Vehatzlaja Raba, controla 30 salas de apuestas remotas en 14 estados. El presidente de la compañía es José Antonio Haua Maauad, un joven empresario de Hidalgo.
Sus casinos, algunos con la razón social Winpot, han tenido problemas, ya que en 2011 algunos fueron clausurados temporalmente, como en Quintana Roo o en Sinaloa, por anomalías en sus medidas de seguridad que violaban normativas establecidas por Protección Civil.
Otros permisos concedidos por la Segob en 2005, durante los últimos días de la gestión del panista Creel, beneficiaron a grandes grupos empresariales. Es el caso de Apuestas Internacionales de Grupo Televisa, que en 14 estados tiene 21 Play City, de los 55 centros de apuestas y salas de sorteos de números que se le autorizaron.
En ese mismo grupo de autorizaciones del año 2005, Eventos Festivos de México se convirtió en permisionaria, con 20 centros de apuestas, de los que sólo opera el casino Luxor, en Monclova, Coahuila. La accionista era Gea Holdings, una compañía en la que actualmente aparece como accionista Olegario Vázquez Aldir.
A esta situación también se suma la problemática para saber quién maneja en la actualidad los permisos otorgados y también es difícil conocer el nombre de los accionistas. La misma Segob tiene información que no está actualizada, además de que los empresarios llegan a acuerdos con terceras compañías, distintas a las que tienen los permisos iniciales, para que operen los centros de juegos, a pesar de que la Ley de Juegos y Sorteos indica que cada movimiento debe ser validado por la autoridad.
El más claro ejemplo es el de la permisionaria Atracciones y Emociones Vallarta, que salió a la luz tras el atentado del Casino Royale en septiembre de 2011, en Monterrey, Nuevo León. Hasta la fecha, en los registros públicos de la Segob aparece como el titular del permiso Rodrigo Aguirre Vizzuett —hijo del ex regente capitalino Ramón Aguirre—, pero tras el incidente, éste se deslindó pues sólo era asesor.
Aparecen aún como integrantes del consejo de administración los hermanos Rodrigo y Ramón Madero Dávila (familiares de Gustavo Madero, líder del PAN), por medio de la empresa Cymsa Corporation; pero Ramón aclaró en 2008 que no participaba del negocio y tuvo que acreditarlo para convertirse en accionista de la aerolínea Aviacsa.
La Segob ignoraba que el permiso de Atracciones y Emociones Vallarta supuestamente es de los hermanos neoloneses Armando y Raúl Saide, pero el Casino Royale era operado por el empresario Jorge Alberto Rocha Cantú.
La permisionaria que estaba autorizada para tener cinco centros de apuestas, gracias a un cuestionado fallo judicial de 2008, obtuvo 41 centros de apuestas, de los que opera 37 en 14 estados (aunque la Segob reporta en otro documento 26 en funciones).
El 16 de enero del presente año, los diputados Ricardo Monreal, del partido Movimiento Ciudadano (MC); Luis Ángel Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Lili Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), realizaron una petición ante la Procuraduría General de la República para que –dadas todas las irregularidades existentes en los centros de apuestas y juegos del país- se abriera una investigación a fondo para determinar si existe o no tráfico de influencias en la concesión de permisos para el establecimiento y manejo de dichos centros.
El pasado 3 de abril, la dependencia entregó un informe a la Cámara de Diputados, aunque en el mismo informaron que no era posible abundar en el contenido de las indagatorias, pues la información pertinente no sólo es confidencial, sino reservada.
Esta investigación, que está siendo efectuada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, tiene la obligación de investigar y rendir cuentas sobre la existencia de una posible red de ex funcionarios de la Segob que otorgara estos permisos, funcionarios que en su mayoría pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN).
Esta petición surgió a raíz de que la abogada Talía Vázquez Alatorre denunciara que tres ex funcionarios de la Segob –incluido su ex esposo, Juan Peña Neder– eran miembros y manejaban una red de tráfico de permisos para la creación y operación de casinos.
Algunos de los funcionarios señalados por Talía Vázquez son Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos e incluso Roberto Gil Zuarth, quien en ese entonces era secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa y quien, por lo tanto, también se encuentra bajo investigación como posible integrante de una de las redes de corrupción más solidas del país y que además operaba bajo el cobijo de las administraciones panistas.
