(14 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Elizabeth López Rodríguez fue asesinada con un arma blanca por Jorge Vázquez Trujillo. En el municipio de Arriaga, Chiapas.
Un noche de julio pasado Jorge Vázquez Trujillo, llegó a bordo de una motocicleta para encontrarse con Elizabeth, tras una discusión, Jorge Vázquez Trujillo sacó un arma blanca y por la espalda la atacó para después darse a la fuga; dejando a la joven desangrando y con heridas de gravedad, Elizabeth pudo ser ingresada al Hospital Juárez y minutos después falleció.
De acuerdo con información de organizaciones feministas, Trujillo “tenia vínculos laborales y de amistades con diversos actores políticos en el municipio de Arriaga, por su oficio de entrenador de caballos”, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha realizado la detención para que sea investigado y castigado.
Cabe señalar que el anterior es parte de los tres casos de muertes violentas registrados en la Costa de Chiapas, tan sólo en 2017. El primer caso fue en mayo pasado. Raquel Manuel Pérez de 38 años de edad, desapareció el 21 de ese mes y encontrada sin vida el día 23 en la playa el Edén en el municipio de Paredón, Tonalá.
Su cuerpo fue hallado flotando en un cayuco. Se pudo observar que tenía el cráneo completamente destrozado derivado de los múltiples golpes, de acuerdo a diversos elementos se ha señalado como presunto culpable a quien fuera su pareja, Antonio González, que hasta la fecha no ha sido investigado ni castigado, señala la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
En uno más de los casos perpetrados en la costa, una mujer de aproximadamente de 35 años, fue localizada en la colonia Buenaventura, en el callejón El Pirul, del municipio de Tapachula, Chiapas; de acuerdo a las autoridades, fue violentada, y asesinada con una piedra que dejaron caer sobre su cabeza, la cual fue hallada a unos metros de su cuerpo destrozado.
“Siendo uno de los estados marginados por las autoridades estatales y federales, pareciera que la Declaratoria de Alerta de Violencia Género, fue para tener mayores fondos de donde seguir saqueando a Chiapas, porque las acciones no se pueden palpar.
Aunque los tres niveles de gobierno tienen la obligación de ejercer la Alerta, pareciera que han dado por finiquitado el tema con el simple discurso de la declaratoria. Y es que lo que podemos observar es un aumento descontrolado en las muertes violentas, pero a esto se ha sumado la desaparición de mujeres, principalmente jóvenes y adolescentes”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, Angela Rodríguez, activista y especialista en estudios de Género.
Sobre el papel del gobernador del estado señala, “es una verdadera pena ajena, una vergüenza para el pueblo tener un gobernante tan ‘ligero de ideas’. Hablamos de muertes violentas y él solamente se dedica a dar ‘ideas’ de cómo las propias mujeres pueden combatir esta catástrofe y además suma que sus discursos nefastos siempre son un eterno y burdo spot.
Podría ejemplificar con su visita a Huixtla, Chiapas, -zona Costa-, en donde animó a las mujeres ahí presentes a detener la violencia de género pintando bardas en sus colonias. Donde harían saber a los agresores que si las maltraten ‘se irán a la chingada y al -Penal- Amate’, lo cual lo mencionó pocas horas después de haberse perpetrado en esa región un feminicidio, el segundo de esa semana y tercero en lo que iba de ese mes, en Huixlta”.
Ahí mismo, señala la también experta en violencia de género, hablando de violencia contra las mujeres, Velasco Coello no solamente dio este tipo de ‘solución’ sino que también las llamó ‘ustedes mis mujeres’, ‘denuncien en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la Fiscalía Especializada para mandar ‘al Amate y a la chingada’ a los que las maltraten.
Cuando gravemente la mayoría de los casos de feminicidio han quedado en la impunidad, indica la activista y agrega que, en todas las denuncias las familias de las agraviadas han padecido la revictimización. Cuando las mujeres son golpeadas y se atreven a denunciar, no se les da la suficiente protección y solamente consiguen que vuelvan a maltratarlas por tener que regresar a sus casas con el agresor. No se tiene información correcta, atienden en determinados horarios para la burocracia chiapaneca no existen emergencias”.
Esta semana, las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Chiapas (DAVG), dieron a conocer su posicionamiento a casi un año de ordenarse la implementación de las medidas que derivan de la Declaratoria oficial.
La cual se emitió para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
Durante un año las organizaciones peticionarias han insistido de manera reiterada, pública y oficialmente, que esta determinación es parcial ya que la Declaratoria debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia y muertes violentas contra las mujeres, las cuales están siendo documentadas.
Sin embargo, señalan que, desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) han observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos. En las mesas de trabajo para operar la implementación de la Declaratoria se ha expresado el carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres, indica la Campaña.
“De la dilación injustificada para la implementación de las medidas hemos dado cuenta en diversas denuncias públicas, por ejemplo seis meses después de la Declaratoria se instalaron cuatro mesas de trabajo que son: la de Coordinación con los municipios en los que se dictó la AVG, Coordinación con los 16 municipios de la Zona Altos, Atención de medidas relacionadas con el sector salud y Seguimiento de casos, mismas mesas que hasta hoy no han operado las medidas recomendadas.
El pasado 03 de agosto fue nuestra última reunión con autoridades federales y estatales y ahí, al cumplirse casi nueve meses de la Declaratoria se presentó el Programa Estatal para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres aún con observaciones, logrando sólo avanzar con la aprobación del logotipo y eslogan de la Campaña de Difusión cuya estrategia integral no nos ha sido presentada y por consecuencia tampoco ha comenzado a operar en su totalidad”, denuncian.
A casi once meses de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las mujeres de Chiapas y derivado del seguimiento a las acciones realizadas por la representación del estado de Chiapas, nuevamente las activistas manifiestan preocupación por el evidente incumplimiento al mandato judicial federal al SNPASVM, al Ejecutivo Federal y Estatal para atender la emergencia derivada de la violencia estructural y de género hacia las mujeres en Chiapas, que implica de manera prioritaria “garantizar protección, seguridad, vida, reparación de daños y medidas de no repetición enlistados en los cuatro capítulos de medidas a implementar por dicha DAVG”.
También denuncian que las mesas de trabajo no han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), no hay resultados concretos y adolecen en el funcionamiento del plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones.
De igual forma, ha sido evidente la falta de poder de convocatoria del Ejecutivo Estatal, dado que a la fecha no ha podido reunir a todos los alcaldes de los Ayuntamientos indígenas de la zona Altos para informarles de manera sustancial el significado de la Declaratoria de AVG y las acciones que deben implementar para detener la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas, se señala.
“Quienes integramos la Campaña Popular externamos que nuestra presencia en las mesas de trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas, ha representado una lamentable pérdida de tiempo dado que hemos observado la existencia de una coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado. Esta situación refleja la carencia de los perfiles académicos y experiencia teórica-práctica requerida para impulsar, direccionar y dar contenido a las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres en Chiapas”.
Un impedimento mayor en esta primera etapa ha significado el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE) al jugar un papel de juez y parte como entidad responsable de coordinar la AVG para Chiapas y ser una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; por lo que insistieron en que sea la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas quien asuma la responsabilidad de coordinar la implementación de la DAVG por ser el ente con la facultad requerida para asumir compromisos con seriedad y formalidad a los acuerdos que se generen.
Derivado de esa “caótica situación”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, dieron a conocer que no volverán a asistir más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas.
