La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre demostró a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) que fue un “asunto político” la negativa de la salida de Simitrio de prisión domiciliaria para trasladarse a la Ciudad de México, para recibir el Premio Nacional Carlos Montemayor.
Lo anterior, luego que el subsecretario General de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, sostuvo que “no negó la salida del líder principal de esta organización, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, para que saliera de su prisión domiciliaria y acudiera a recibir el reconocimiento en el Palacio de Bellas Artes”.
En un escrito a La Jornada, la UPVA arguyó que “no tiene interés en controvertir sobre un hecho consumado, que se agrega a la larga lista de atropellos de gobierno contra Simitrio”.
“Objetivamente, a pesar de haberlo solicitado con tiempo suficiente a las autoridades competentes, el permiso no se dio”, recalcó la organización. Para la agrupación de comerciantes, la misiva del subsecretario Martínez representa solo “la asunción de una pose mediática”.
Incluso, reclamó que “este mismo personaje nada dice respecto a las solicitudes escritas que, con fecha 3 de octubre, el Comité Organizador del Premio dirigió y presentó tanto al gobernador José Antonio Gali Fayad, como al secretario general, Diódoro Carrasco”.
“Eso es ocultar información para poder mentir. ¿Qué sentido tendría discutir así?”, reviró al funcionario federal a cargo de la política interna del estado. En el escrito, la organización expuso que “el subsecretario hizo referencia únicamente a la solicitud hecha al juez Primero Penal, cuando existían dos peticiones más.
Además la UPVA 28 de Octubre corrigió que el número de proceso de Simitrio no es 49/2017, como asegura el funcionario, sino el número 09/2017”. Al respecto, se señaló que “… por acuerdo del 6 de octubre de 2017, dictado en el proceso penal número 49/2017, tuvo a Rubén Sarabia Sánchez solicitando autorización para salir de la ciudad y acudir a la Ciudad de México el día 15 de octubre”.
En ese mismo acuerdo, agregó, el juez le dio vista al agente de Ministerio Público, por el término de tres días hábiles. “Aquí lo interesante del asunto fue que los tres días hábiles siguientes al 6 de octubre eran 9, 10 y 11 de octubre, en los que el agente del Ministerio Público debió hacer la manifestación correspondiente; sin embargo, de acuerdo a su cómputo: los tres días concedidos al representante social transcurrieron el jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de octubre”, refutó.
Por lo tanto, la organización de vendedores ambulantes dijo que “el 15 de octubre, el día de la entrega del premio a Simitrio, no había transcurrido el plazo concedido al representante social, y por lo tanto el juez en ningún momento resolvió sobre la procedencia de la solicitud”.
“Por algún arte de magia la cuenta de los días hábiles no cuadra. Que luego el subsecretario afirme tajantemente que el gobierno del estado de Puebla en ningún momento negó la salida de prisión domiciliaria a Rubén Sarabia Sánchez, quien está sujeto a un proceso y por lo tanto se encuentra a disposición del Poder Judicial, el cual es independiente del Poder Ejecutivo”, contestó.
La UPVA remató que “la única autoridad facultada para conceder la autorización es el juez Primero de lo Penal, lo cual les hace temer fundadamente que, tal vez, desconozca el significado de la expresión “gobierno del estado” y se piense que, éste, recae en la voluntad de un juez penal”.
Al último, la Unión Popular retomó lo expresado por el Comité Organizador del Premio Nacional “Carlos Montemayor” durante la entrega del Premio a Rita Amador, esposa del luchador social: “Lo importante no es la forma mediante la cual obstruyeron el viaje del doctor Mireles y de Simitrio, sino lo que esto significa en el fondo. Ambos son víctimas de la fabricación de delitos, con el objetivo de retirarlos del escenario de su lucha y mantenerlos en una situación de penuria y de represión”.
