(01 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las tres personas fueron víctimas de tortura física y psicológica, para que aceptaran que eran culpables del homicidio de Manuel Velazquez Hernández líder de la Organización del Poder Popular (ONPP), a quien encontraron sin vida en el basurero municipal de Teopisca, el 18 de febrero de 2014.
Patricia tenía 23 años al momento de la detención. Un grupo de hombres armados la golpeó severamente en todo el cuerpo. “Me separaron de mi madre y me llevaron a un cuarto donde me envolvieron con almohadas en la parte del abdomen y de la cintura y comenzaron a golpearme, diciendo que yo aceptara que fuimos quienes matamos a Manuel de Jesus Vasquez líder de la ONPP”, narró en un testimonio.
Al no aceptar el delito, la amenazaron diciéndole que pensara en sus tres hermanos pequeños. “Los policías me decían que si no aceptaba el delito que iban a matar a uno de mis hermanitos, ya que ellos se quedaron en la casa sin protección de un adulto, sin saber nada de nosotras. Ahí estuvimos encerradas tres días sin poder comunicarnos con nuestros familiares”.
De acuerdo a las investigaciones del centro de Derechos Humanos Frayba, Patricia es sobreviviente de tortura física y psicológica la cual fue realizada por hombres armados en presencia de Ministerios Públicos, durante su detención arbitraria en Teopisca y en la Fiscalía deEspecial de Investigación de los Delitos de Hominicidio y Feminicidio, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Derivado de la Tortura y de la constante violación a sus derechos humanos en situación carcelaria, fue diagnosticada con diabetes mellitus a los tres meses de encontrarse presa. “Las instancias de gobierno mexicano, particularmente las autoridades penitenciarias del CERSS No 5, no le han brindado la atención médica adecuada, ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad a pesar de las denuncias y solicitudes hechas por Patricia”, se ha denunciado.
En su Informe la Insurgencia de los Derechos Humanos, el Centro Fray Bartolomé de Las Casas refiere que de marzo de 2015 a marzo de 2016, documentó 26 eventos de tortura en Chiapas, de los cuales 6 son a mujeres. Después de esto la organización contabilizó 17 más, llegando a la conclusión que “se mantiene el patrón de tortura física e incluso sexual con características especiales que vulneran a mujeres en al menos tres casos”.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en Chiapas casi 100 servidores públicos fueron denunciados por el delito de tortura durante 2016. Esto de acuerdo a un apartado de numeralia e incidencia delictiva.
“La tortura en Chiapas nunca ha tenido pausa, siempre ha sido constante y contra grupos vulnerables como los indígenas. La gente de escasos recursos es la que más se usa para justificar que sí detuvieron a un delincuente. Son amenazados de ejecutar a sus familiares, o cualquier otro elemento de presión. En el norte del país se evidencia más, aquí hay muchos casos que permanecen escondidos porque incluso ya en prisión las personas se callan por miedo”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Ana María Citalán.
Añade que, “el priismo que nunca ha salido del poder en Chiapas, porque el PVEM es igual de sanguinario, han usado la práctica de la tortura de manera individual y contra grupos que exigen mejoras sociales y económicas. Tenemos el caso Acteal, pero también los despojos de las tierras de familias en la zona de los altos y también los falsos positivos, aquellos a los que incriminan un delito y que presas fáciles porque temen al no conocer el español, al saber de bajos recursos y saber que si ya fueron acusados existen nulas posibilidades de salir en libertad”.
Según informe de médico independiente de Patricia, un especialista en atención a sobrevivientes de tortura, indica que una de las causas que detonó la enfermedad fue el estrés postraumático por la tortura, así como las condiciones de reclusión que afectan el buen control metabólico de las personas que cursan esta enfermedad crónico-degenerativa y la prevención de sus complicaciones.
Patricia presenta depresión y ansiedad severa, así como un descontrol metabólico e inadecuado seguimiento de la diabetes mellitus y sus consecuencias, las cuales también se incrementan debido al estado de estrés extremo.
Debido a lo anterior y considerando inadecuada e insuficiente la atención médica dada por las autoridades penitenciarias, hay un descontrol metabólico y una persistencia de síntomas psiquiátricos que afectan de manera negativa su estado de salud general que ponen en riesgo inminente la vida y la integridad física y psicológica de Patricia ya que en cualquier momento “puede caer en un coma diabético y/o perder la vida”, señala Frayba.
“Esto sucede en un contexto de constante violación a Derechos Humanos en Chiapas y una constante persecución a comunidades indígenas; este sexenio se ha caracterizado por atacarlos, ya sea por medio de ejecuciones extrajudiciales, despojo, tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Ya sea por grupos paramilitares, ejército, Marina o policías, todos tienen la vía libre en materia de violaciones a derechos humanos contra indígenas”, añade Citalán.
