Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el Estado de México, giró una orden para que se realice la reparación del daño a favor de una periodista que fue agredida física y verbalmente en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión por funcionarios del municipio de San Antonio La Isla.
Lo anterior lo determinó en una audiencia oral en donde determinó que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), fueron suficientes para acreditar los hechos cometidos por dos servidores públicos, adscritos al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF).
Es por esto que el juez ordenó “la reparación del daño a favor de la reportera y la aplicación de diversas condiciones que garanticen su cumplimiento y respeto a los derechos de la víctima, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Además de medidas adicionales impuestas por el juzgador están: prestar servicio social en favor de la comunidad; abstenerse de frecuentar lugares a donde acuda la víctima; la imposibilidad de viajar al extranjero; tomar tratamiento psicológico, así como cursos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y derecho a la libertad de expresión; y residir en un lugar determinado.
El cumplimiento de las medidas será supervisado por la autoridad judicial durante un año y, en caso de incumplimiento por parte de los imputados, se reanudará el proceso penal en su contra y se podrá sancionar con pena privativa de libertad.
