Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular -por 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones- el dictamen Turnado por el Senado que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Víctimas y que reforma el artículo 18-r del Código Federal de Procedimientos Penales.
Estas modificaciones se aprobaron con el objetivo de resarcir inconsistencias dentro de la Ley que podrían significar inconstitucionalidad, además de dar mayor certeza a la reparación del daño a víctimas y garantizar su aplicación.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión, resaltó la importancia que implica tanto para el gobierno, el Congreso y la sociedad la aprobación de este dictamen.
“Con esto se da cauce al Estado para resolver y brindar atención a víctimas a todo lo largo del territorio nacional”, resaltó.
Por su parte la diputada Lilia Aguilar Gil, quien diera el posicionamiento del Partido del Trabajo (PT), dijo que esta ley debe ser aplicada correctamente, para evitar que se vuelva inoperante.
“Hay 69 mil víctimas de esta guerra que comenzó hace 6 años que fueron revictimizadas por el Estado debido a su omisión”, afirmó.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Zuleyma Huidobro González, precisó que durante este conflicto hubo más de 120 mil mexicanos desplazados, 93 mil ejecutados y 25 mil desaparecidos y explicó que “esta ley transformará la figura del Ministerio Público”.
La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Margarita Elena Tapia Fonllem, explicó que la reforma “es un paquete de ajustes que buscan hacer más efectiva la ley de acuerdo a estándares internacionales”.
Resaltó que, con su entrada en vigor, se dará paso a un Registro Nacional de Víctimas por lo que, subrayó, se le debe asignar el presupuesto suficiente dentro de la próxima partida presupuestaria en 2014.
El dictamen podría someterse a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este jueves, con lo que se concretarían las reformas que, tanto defensores de Derechos Humanos como sociedad civil y legisladores, han impulsado en beneficio de las víctimas de la violencia en México.
