México requiere una Fiscalía General autónoma de partidos políticos, señaló el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab. Además urgió al Senado a aprobar reformas de fondo y no cosméticas, que garanticen una Fiscalía General de la República alejada de los partidos.
Durante el foro “Los Ministerios Públicos y el combate a la impunidad en América Latina”, el experto advirtió que antes de pensar en el titular de la nueva Fiscalía, se debe tener la seguridad que tendrá autonomía funcional, presupuestal y administrativa.
“Una transformación que no sea sólo cosmética, no sólo un cambio de nombre. México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos”, dijo.
“México requiere de un sistema de procuración que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma del Artículo 102 es un primer paso en esta dirección”. Además, Jarab advirtió que “sería un error concentrarse sólo en el perfil del Fiscal General, ya que es indispensable contar con una institución profesional, que rinda cuentas, con servicio de carrera y mecanismos de control”.
Reiteró que quien asuma la titularidad de la Fiscalía no debe ser designado por intereses partidistas, sino por méritos y cualidades. “Su designación debe emanar de una consulta abierta, participativa e incluyente. Un fiscal con estas características, producto de un proceso de selección que se apegue a estándares internacionales”, señaló.
“Los procesos de selección y remoción de fiscales deben estar ajustados a los principios de transparencia, idoneidad y debido proceso”. Además, solicitó cuidar la autonomía pensando también en las fiscalías especializadas que deberán ser las próximas en crearse para el combate a la tortura y la desaparición forzada.
Además, consideró que el sistema de procuración de justicia necesita de investigaciones basadas en evidencia científica, centradas en las víctimas y con servicios forenses independientes.
En su intervención, recordó que, “de acuerdo con la consulta realizada a diversas instituciones en México, el sistema de procuración enfrenta una grave crisis, con una baja confianza ciudadana en las instituciones”.
