Como parte de medidas cautelares a afectados por los sismos de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los gobernadores de siete entidades “transparentar los recursos que se usen en la reconstrucción de viviendas”.
Esto fue dirigido a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, la CNDH les formuló consideraciones sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos fundamentales.
“Deberán adoptar las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y transparencia en el otorgamiento de los recursos públicos, para que se destinen únicamente a la reconstrucción y reparación de los inmuebles afectados”, estableció la comisión nacional.
También pidió que “elaboren un registro de los inmuebles en reparación y en reconstrucción, por municipio o por delegación, en que se señale la razón social de las empresas o el nombre de los empresarios que estarán involucrados en dichos trabajos”.
A su vez, se informó que los avances en la reconstrucción deberán ser informados mediante un mecanismo de difusión público que sea accesible a la población, agregó.
La CNDH recordó que “el derecho internacional de los derechos humanos contempla la obligación de los Estados de proteger y garantizar estos derechos frente a las actividades empresariales”. “En este caso, el Estado tiene el control del recurso económico para la reconstrucción, por lo que debe exigir a las empresas que vayan a participar en las actividades de reconstrucción que observen debida diligencia en su actuación”, indicó.
Agregó que las empresas deberán cumplir con seis estándares: la máxima calidad en los materiales; la máxima eficiencia en el proceso de construcción; la máxima calificación del personal; el máximo control en las etapas del proceso de construcción; la máxima publicidad y transparencia en el proceso de construcción, y la máxima calidad en el resultado.
El órgano defensor de derechos humanos, aseguró que seguirá supervisando la etapa de reconstrucción, mientras que las autoridades tienen 72 horas para responder a este requerimiento.
