Por: Natalia Antezana Bosques
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La noche del 10 de abril, 15 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal –municipio de Chenalhó, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997–, fueron liberados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las pruebas por que fueron sentenciados, eran ilícitas y violaban el debido proceso.
Noé Castañón León, secretario general de gobierno del estado, señaló que las 15 personas fueron ex carcelados del centro penitenciario El Amate, entre las que se encuentra Jacinto Arias Cruz, que era alcalde de Chenalhó, cuando ocurrió la matanza.
Los 15 indígenas chiapanecos estaban condenados por los delitos de “homicidio, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de uso exclusivo del Ejército”, ante lo cual, el fallo emitido por la SCJN, señala que “se actualiza el reconocimiento de inocencia, ya que después de la sentencia aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se fundó aquélla”.
Entre uno de los alegatos para la declaración de inocencia, es que la culpabilidad se “demostró” con base en las mismas pruebas con las que se declaró inocente a otros indígenas también inculpados. Cabe señalar, que los ex carcelados cumplían una sentencia de 36 años de prisión y que con estas 15 liberaciones, suman 73 los indígenas liberados.
Noé Castañón León, explicó que se buscará que las personas liberadas se establezcan en lugares distintos a su comunidad: “para evitar que haya motivos de confrontaciones y disensos , entre ellos, que alteren la paz en Acteal”, ya que ahí viven sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la matanza.
Es importante recalcar, que el actual Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, era secretario de Gobernación cuando ocurrió la matanza, lo cual forzó su renuncia al cargo. Lo mismo ocurrió con el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro. Ambos funcionarios pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, enfrenta una demanda civil en Estados Unidos, presentada en 2011, por los hechos suscitados el año 1997, acusado de “encubrimiento y de diversas violaciones a las leyes internacionales de derechos humanos”, ante lo que las víctimas exigen reparaciones económicas millonarias.
Con información de La Jornada, Terra, AFP, Milenio, El Universal, Proceso.
