Por: Zazil Carreas
Twitter: @ZazCarreras3_0
En entrevista con el legislador David Monreal, quien recientemente estuvo a punto de sufrir un atentado, se mencionó que el gobierno no ha sido capaz de brindar las condiciones de seguridad que la ciudadanía requiere.
Pese al cambio de gobierno, en 2013 la violencia sigue siendo un problema aqueja a la sociedad mexicana prácticamente en todo el territorio nacional y sin distinción alguna.
Aunque la administración de Enrique Peña Nieto ha dicho que el primer objetivo a cumplir es recuperar la paz en el territorio nacional, a más de 100 días de gobierno, la realidad parece ser distinta.
De acuerdo con la consultora estadounidense Stratfor, en su más reciente informe, la violencia en México podría aumentar este año, debido a la competencia que existe entre los diversos cárteles de la droga, sus disputas internas y la lucha por dominar nuevos territorios que amplíen sus mercados.
Stratfor contextualizó su informe con la nueva estrategia de seguridad –que divide el territorio nacional en 5 zonas- e indica que a pesar de su implementación, “no es probable que veamos cambios significativos, como resultado directo de las políticas de seguridad internas de Peña Nieto”.
En materia de secuestros, el país también enfrenta datos desgarradores. De acuerdo con Risk Map, RiskMap el reporte sobre riesgos globales de Controls Risks, México se sitúa en el segundo lugar mundial en la estadística de secuestros, sólo por detrás de Nigeria. Esto significa que en este rubro, México enfrenta una situación más grave que Afganistán, Irak, Líbano, Colombia, Kenia o Siria.
Además, cifras no oficiales proporcionan un terrible recuento. A 4 meses del inicio de este sexenio han sido ejecutadas 2 mil 821 personas, sin que en los medios se difunda la gravedad de la situación, pero quienes sí lo informan, los medios y los periodistas que en ejercicio de su profesión documentan, publican y alzan la voz para denunciar estos hechos son despedidos, amenazados o atacados por grupos de delincuencia organizada o incluso el gobierno mismo en sus diferentes niveles.
Según datos publicados recientemente por la asociación Campaña Emblema de Prensa (PEC, por su sigla en inglés) desde 2000 unos 93 periodistas han sido asesinados en México, 78 desde fines de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una lucha frontal contra los carteles de las drogas.
Como alertó hace unos meses la ONG Reporteros Sin Fronteras, México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, detrás de Afganistán.
Por si no fuera suficiente, éstas no son las únicas expresiones de violencia que existen en territorio nacional. México, el país de las reformas progresistas es también el país donde se reprime a quienes protestan, el país en donde se intenta criminalizar las expresiones de inconformidad garantizadas por la constitución, aún si esto se comete en contra de los jóvenes y el país en donde, aparentemente, estos hechos no suceden.
El panorama no es alentador y, a menos que exista una labor intensa de protección de la ciudadanía por parte del gobierno, así como una política de respeto a los derechos humanos desde el gobierno y en todas las regiones y ámbitos, los tiempos venideros serán muy difíciles para un país en el que absolutamente todos los mexicanos, de todos los estratos sociales, son susceptibles de ser víctimas de la violencia.
