Organizaciones civiles acusaron que “las autoridades, en sus distintas vertientes, llámese Ejército, Gobierno federal, Gobierno estatal, están jugando entre la complicidad, la omisión o la aquiescencia, que significa: ‘sigue haciendo eso, matando personas, amedrentando, yo no te voy a decir nada, voy a voltear la mirada”.
Esto, ante la situación de desplazo que se vive en el municipio chiapaneco de Chenalhó, a 20 años de la masacre de Acteal.
Luego de que grupos paramilitares fueran armados tras el proceso electoral de 2015 para que Rosa Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pudiera tomar posesión, estos han usado el armamento para desplazar a casi 6 mil personas de ambos lados del límite entre Chenalhó y Chalchihuitán, debido a un problema territorial que data de los años 70.
“Estamos hablando de grupos que fueron liberados hace unos años por la Suprema Corte, pero, además, como si no hubiéramos aprendido de la historia, nuevamente se les han dado armas nuevas” – comentó Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
“Estos grupos armados, ya empoderados, fortalecidos, en esta disputa entre actores del PVEM y del PRI ahora se fueron contra con quienes han estado en una disputa por el territorio” – agregó.
De acuerdo con los testimonios de los habitantes, la gente duerme con miedo, escuchando disparos, recibiendo constantes amenazas de muerte, además de que los caminos han sido obstruidos por los grupos armados, quienes impiden con retenes la entrada organizaciones civiles.
“Se parece muchísimo al escenario que vivimos hace 20 años, donde las organizaciones y la Diócesis alertábamos por la situación tan grave de desplazamiento que vivían las comunidades y por este tipo de amenazas. El Estado no hizo absolutamente nada, sino es que hasta apoyó la situación” – aseveró Solís.
Desde el pasado 13 de noviembre han sido desplazadas más de mil familias, entre las cuales se encuentran 2 mil 300 menores de edad y unas 130 mujeres embarazadas. Estas personas duermen en el bosque, a bajas temperaturas y con problemas de salud.
Por su parte, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), mencionó que días atrás, militares acudieron a repartir ayuda humanitaria.
Las organizaciones explicaron que México cuenta con una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual no se está respetando en Chiapas.
Alberto Solís aseguró que en Chenalhó existen las condiciones para que intervenga el Gobierno federal.
