(06 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, rechazaron las propuestas, en materia de seguridad, planteadas por Andrés Manuel López Obrador, de explorar todas las alternativas para pacificar el país.
Tras malentenderlas, ya que de acuerdo con el senador Manuel Bartlett: “Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene que buscar soluciones a esta guerra, que ha significado miles de muertos ¡miles!; desaparecidos, desplazados. AMLO dijo que va a buscar todas las posibilidades para acabar con la guerra y establecer la paz, ahí́ es donde dice, ‘consultando a las víctimas’ para ver si puede haber una amnistía general para buscar la paz”.
Puntualmente, Cienfuegos habría respondido ante varios medios de comunicación que, “están dejando de lado todo el mal que han hecho al país, a cuánta gente han envenenado, cuánta gente ha muerto por su culpa. ¿Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía?”.
A su vez, señaló que, “quienes tengan que tomar esas decisiones tendrán que analizarlo muy bien. Habría que consultar a la sociedad, a todos aquellos que han sido víctimas, a los padres que sus hijos han muerto por la culpa de estos delincuentes, a mí me parece que no sería lo más conveniente para México”.
Sin embargo, las declaraciones de Cienfuegos no parecen coincidir con la justicia que se debiera de impartir a las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, a manos del ejército, la Marina y las policías, al menos las de este sexenio.
Lo anterior no solamente ha sido denunciado por las víctimas o sus familiares, sino también por la organizaciones nacionales e internacionales que han evidenciado que ante la falta de justicia y sentencias, pareciera ser que las fuerzas armadas no solamente son intocables, sino que pueden participar en cualquier acto que viole los derechos humanos de mexicanos o extranjeros (migrantes) sin que esto tenga que ser motivo de represalia alguna.
A inicios de enero de 2016, la organización mundial Human Rights Watch presentó su informe, en donde señaló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado.
El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación.
Como punto clave pidió que se abrieran las puertas del batallón y que se permitiera investigar a los soldados que se encontraban en aquel territorio durante los hechos, Cienfuegos, olvidando la necesidad de justicia y sin ánimo de limpiar el nombre de las fuerzas armadas, se negó rotundamente.
En cuanto a desapariciones forzadas, desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas, asegura HRW.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, en 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En enero de 2015, al menos ocho civiles fueron asesinados en Apatzingán, Michoacán, cuando agentes de la Policía Federal intervinieron en una manifestación a la cual habían concurrido grupos de autodefensa ciudadana.
Varios testigos indicaron que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos.
México ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de derechos humanos.
Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de mil 700 durante el actual gobierno— y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer la obligatoriedad de que los abusos cometidos contra civiles por militares fueran juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus actos. La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar.
Ningún militar ha sido condenado en relación con el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014. Diversos testigos y un informe de la CNDH indicaron que en este hecho al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados.
Según la CNDH, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso torturando a testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos.
En cuanto a la tortura, ya es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, durante el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.
Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual. En 2014, la PGR recibió más de 2 mil 400 denuncias de tortura, lo cual representa más del doble de la cantidad de 2013 (mil 165). A pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten confesiones obtenidas bajo coacción.
Para marzo de este año, el Ejército mexicano rechazó acusaciones en su contra, sobre violación sistemática de derechos humanos y cuestionó que se denosta su labor “sin pruebas”.
“Si hay elementos que acusen a miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, que los denuncien, porque no los toleramos, no somos cómplices y no encubrimos”, dijo el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, el general José Carlos Beltrán, esto aún cuando sí hay denuncias, testimonios e investigaciones de las que se han encargado las familias puesto que las autoridades han hecho caso omiso. Así como diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales.
Uno de los más conocidos es el de Amnistía Internacional, donde basado en pruebas y testimonios de 100 mujeres se denuncia que todas ellas fueron obligadas a autoinculparse, mientras eran torturadas física, sexual y psicológicamente. Sin que alguno de los soldados o marinos esté siendo juzgado.
Cabe señalar que esta semana, un grupo de eurodiputados solicitaron a la Unión Europea (UE) que “se apliquen sanciones a México en virtud de la degradación de los años recientes en materia de derechos humanos, con base en el acuerdo bilateral en la materia”.
Los europarlamentarios enviaron un carta a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en la que le recuerdan que en el acuerdo global firmado entre la UE y México hay una cláusula de respeto a los derechos que, a pesar de que la situación en México se ha degradado dramáticamente desde 2006, la unión no la ha aplicado en ningún momento para aplicar medidas, como hacer consultas oficiales con las autoridades mexicanas o la suspensión del acuerdo, se señala.
En el documento se advierte de la preocupación por “el grave problema que representa la impunidad ante la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”.
En el documento critican “la falta de avances en la implementación de reformas que impulsen las investigaciones y sanciones con el fin de revertir el alto índice de impunidad que impera en el país, así como la opacidad con la que se discute la nueva Ley de Seguridad Interior”.
Un punto clave es que ya son miles los ciudadanos, organizaciones, activistas, políticos, mexicanos en general que se han opuesto, sin faltar las organizaciones internacionales, una Ley que incluye fuerzas armadas. Habría que analizar que si realmente se estuviera sancionando y protegiendo al país, como lo señalan los secretarios de la Marina y Sedena, no habría un país exigiendo a gritos que no quieren militares en la calles.
